El Ministerio Público peruano detalló que la investigación en la que se incluye a Castillo es parte de aquella “inicialmente abierta contra el ex ministro Juan Silva y seis congresistas” y que fue ampliada “luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones”.
(CNN Español) – El Fiscal de la Nación de Perú, Pablo Sánchez, abrió investigación contra el presidente Pedro Castillo este domingo por los supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.
En su cuenta de Twitter, el Ministerio Público detalló que la investigación en la que se incluye al presidente es parte de aquella “inicialmente abierta contra el ex ministro Juan Silva y seis congresistas” y que fue ampliada “luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones”.
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El ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, quien renunció el 28 de febrero al cargo, es investigado por el Ministerio Público desde principios de mayo por los presuntos delitos de colusión y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal en agravio del Estado por el caso conocido como Puente Tarata. La Fiscalía investiga posibles actos de corrupción en la licitación de esta obra pública, en la que la Contraloría General de la República detectó irregularidades en su licitación.
La decisión de Sánchez, que se hizo conocida a través de la cuenta de Twitter de la institución, detalla que “el presidente tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa y el respeto al artículo 117 de la Constitución Política”.
Según la disposición fiscal, obtenida por CNN y que incluye a Castillo en la investigación, el presidente “ha sido referenciado, en investigaciones fiscales seguidas en fiscalías provinciales de liderar una organización criminal que habría perpetrado delitos graves contra la administración pública y que se habría enquistado en las más altas esferas del aparato estatal“.
El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la investigación preliminar contra el presidente, Pedro Castillo, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, pic.twitter.com/eN5jnCZYAQ
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 29, 2022
Con el anuncio de la Fiscalía, Pedro Castillo se convierte en el primer presidente en funciones de Perú en ser investigado. CNN conversó con el abogado penalista Carlos Caro quien explicó que esta decisión “implica que el presidente Castillo, por primera vez en su mandato y por primera vez en la historia del país, va a ser investigado mientras esté en funciones”.
En enero, la ex Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos abrió dos investigaciones preliminares contra el mandatario, una de ellas relacionada con el caso Puente Tarata, pero decidió suspenderlas hasta que el presidente culminara su gestión. Entonces, diversos abogados constitucionalistas cuestionaron tal decisión al argumentar que, si bien la Constitución señala que el presidente solo puede ser acusado en el ejercicio de sus funciones por traición a la patria y otros tres delitos, la Carta Magna no señala que este no pueda ser investigado.
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El abogado Carlos Caro detalló a CNN que “por lo tanto, el fiscal Pablo Sánchez se aleja de la decisión de la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos, porque considera que la Constitución no impide investigar al presidente, debido a que lo que impide, según el artículo 117, es acusar al mandatario y la acusación es algo que se daría en una etapa mucha más avanzada, la etapa preliminar, inicial, es una investigación y esa investigación es lo que ha ordenado la Fiscalía”.
La Fiscalía sustenta la necesidad de iniciar una investigación y señala en la página 21 del documento al que accedió CNN que, si bien el presidente de la República goza de una mayor protección en comparación con cualquier otro funcionario del Estado, “no obstante en un caso como el presente, en el cual existen serios indicios de que el presidente de la República estaría involucrado en graves delitos de corrupción y sería líder de organización criminal, dicha prerrogativa constitucional debe ser compatibilizada con la obligación también constitucional del Estado de perseguir el delito“.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
