El Ministerio Público informó que abrió una investigación en contra de los que resulten responsables de los homicidios de al menos dos personas durante las manifestaciones.
(EFE) – La Fiscalía de Perú investiga las muertes de dos jóvenes estudiantes en el contexto de “graves violaciones a los derechos humanos” durante la represión que lanzó la policía el sábado en Lima contra las masivas manifestaciones en rechazo al gobierno que presidió Manuel Merino.
El Ministerio Público informó que abrió una investigación “en contra de los que resulten responsables del delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Jack Pintado y otros, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos”.
Sotelo y Pintado, de 24 y 22 años, respectivamente, eran dos jóvenes universitarios que participaban en las manifestaciones contra el gobierno de Merino que fueron reprimidas por la policía con disparos de bombas lacrimógenas y disparos de perdigones.
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Una investigación por violación a los derechos humanos abre la posibilidad en Perú de que un fiscal denuncie una “cadena de mando” en la represión que causó las muertes, que puede llegar hasta el propio presidente, sus ministros y los jefes policiales.
Sotelo recibió cuatro disparos de perdigones, uno de ellos en el corazón, mientras que Pintado murió “por múltiples orificios en rostro y cara por proyectil de arma de fuego”, según el parte médico.
La investigación ha sido encargada a la Tercera Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Terrorismo y Derechos Humanos que, según agregó, también abrirá investigaciones por lesiones graves y leves en agravio de los heridos durante la manifestación “y en torno a los casos de desaparecidos en la movilización social”.
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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) reportó este domingo que la represión policial del sábado también dejó 114 heridos y 41 desaparecidos, que están siendo intensamente buscados por sus familiares, organismos civiles y congresistas sin que la policía de cuenta de ellos hasta el momento.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
