Fiscalía de Perú abre investigación contra Boluarte por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones
Por CNN Chile
11.01.2023 / 17:15
La indagatoria preliminar que anunció el Ministerio Público también incluye al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, junto a los ministros del Interior y de Defensa. Así también se indagará a Pedro Ángulo en su condición de ex presidente del Consejo de Ministros y al ex ministro del Interior.
(CNN en Español) – La Fiscalía de Perú informó este martes en su cuenta de Twitter que comenzó una investigación preliminar contra la presidenta, Dina Boluarte, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en el marco de las manifestaciones que estallaron el 7 de diciembre de 2022 en el país y que se mantienen activas.
CNN consultó a la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno de Perú, que señaló que Boluarte mantiene la misma respuesta que formuló cuando la fiscal de la nación abrió la primera carpeta de investigación por la primera ola de muertes tras el comienzo de las protestas el 7 de diciembre en el país.
El 6 de enero la Presidencia de Perú publicó en Twitter: “La presidenta Dina Boluarte saluda la decisión de la Fiscalía de iniciar diligencias previas respecto a los hechos ocurridos durante las manifestaciones de diciembre del 2022. Asimismo, asegura que dará todas las facilidades que correspondan para el pronto esclarecimiento de los hechos, tal como lo ha solicitado en reiteradas oportunidades”.
La investigación también incluye al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; al ministro del Interior, Víctor Rojas; al ministro de Defensa, Jorge Chávez; a Pedro Ángulo en su condición de ex presidente del Consejo de Ministros y a César Cervantes, en su condición de ex ministro del Interior.
CNN está buscando la reacción de estas personas investigadas por la Fiscalía, pero todavía no ha tenido una respuesta.
Las protestas —en cuyo contexto se han registrado algunos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden público— estallaron en el país tras la destitución de Pedro Castillo como presidente —el 7 de diciembre—, y han dejado al menos 47 personas muertas, según la Defensoría del Pueblo.