Las protestas empezaron luego de que el gobierno anunció un proyecto de reforma al sistema de pensiones. Y persistieron pese a que la propuesta previsional se retiró, para convertirse en demandas de cambios en el sistema político y recuperación de las instituciones democráticas.
(CNN en Español) – En Nicaragua, el grupo opositor Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reiteró este lunes sus demandas de “justicia para las víctimas, libertad y democracia para el pueblo“, al cumplirse este 18 de abril cuatro años del comienzo de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega.
Las protestas empezaron luego de que el gobierno anunció un proyecto de reforma al sistema de pensiones. Y persistieron pese a que la propuesta previsional se retiró, para convertirse en demandas de cambios en el sistema político y recuperación de las instituciones democráticas.
La coalición opositora está integrada por académicos, líderes estudiantiles, campesinos y empresarios, y representó a la sociedad civil en dos intentos de diálogo con el Gobierno de Ortega en 2018 y 2019. Actualmente, varios de sus dirigentes se encuentran detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial y fueron condenados a penas de entre 8 y 13 años de cárcel por supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional, condenas que ellos y sus abogados rechazan.
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En su declaración, la Alianza Cívica reiteró sus demandas de liberación de todos los presos políticos, el cese de todas las formas de represión, la revocación de todas las leyes que restringen los derechos fundamentales de los nicaragüenses, el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos y la realización de unas elecciones libres, “previo reformas electorales que permitan la transición hacia una Nicaragua con justicia y democracia“.
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció el 13 de abril a través de sus redes sociales un incremento de la “represión” hacia nicaragüenses antes de la jornada de conmemoración de las protestas de abril.
“Hemos conocido varias situaciones violatorias de los derechos humanos: allanamientos, detenciones arbitrarias, hostigamientos y amenazas que evidencian la estrategia de terror y zozobra impuesta por el régimen Ortega Murillo a cuatro años de la rebelión social”, denunció el Cenidh.
El presidente Ortega ha señalado en diversas oportunidades que en 2018 se registró un intento de golpe de Estado financiado desde el exterior. A su vez, no ha respondido a estas declaraciones, pero sí lo hizo la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Rosario Murillo, en una llamada con medios oficiales el 11 de abril.
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Al referirse a estas conmemoraciones, Murillo dijo que “el 18, el 19, toda esa semana celebrando las victorias de la paz, ¡las victorias sobre el mal! Allá aquellos que recuerdan esos días con mal corazón… Allá aquellos que no reconocen el rol que jugaron en la destrucción y la maldad. ¡Allá aquellos!”.
Entre las diversas estimaciones sobre el saldo de las protestas antigubernamentales que se iniciaron en abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó que solo hasta junio de aquel año la acción represiva del Estado había dejado al menos 212 muertos, 1.337 heridos y 507 personas privadas de la libertad registradas, así como cientos en situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
