"Es hora de aceptar que la guerra contra las drogas ha sido un completo fracaso", manifestó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su primer discurso como mandatario. Aquí, un detalle de las alternativas que estudia para enfrentar al crimen organizado.
(CNN) – Es el hogar del notorio narcotraficante Pablo Escobar y el lugar de origen de la legendaria Santa Marta Gold -que alguna vez fue la variedad de marihuana más codiciada en Estados Unidos-, nombrada así por la Sierra Nevada de Santa Marta.
Para muchos, Colombia es sinónimo de cárteles de la droga y narcotraficantes. Es uno de los mayores productores de narcóticos del mundo; el año pasado, el gobierno de EE.UU. estimó que producía más de un millón de kilogramos de cocaína, la mayor cantidad del mundo y más que las dos naciones más cercanas, Perú y Bolivia, juntas. Entonces, cuando el nuevo presidente del país sudamericano dice que tiene la intención de regular el uso de sustancias ilegales, o al menos algunas de ellas, el mundo escucha.
“Es hora de aceptar que la guerra contra las drogas ha sido un completo fracaso”, afirmó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante la ceremonia en su toma de posesión a principios de este mes, al comentar sobre un proyecto de ley que su gobierno presentó recientemente al Congreso para legalizar la marihuana recreativa.
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La ley de Colombia ya permite la producción de cannabis con fines médicos, principalmente para exportar a mercados extranjeros como Estados Unidos y Canadá, pero los partidarios de la nueva legislación creen que sólo legalizar el cannabis recreativo puede alejar a miles de agricultores del narcotráfico y llevarlos al mercado y comercio lícito.
Hasta el día de hoy, el Estado colombiano enfrenta desafíos por el control de su territorio por parte de una variedad de actores criminales, desde ex guerrilleros de izquierda y paramilitares hasta narcocarteles y sindicatos del crimen organizado. El narcotráfico es una poderosa fuente de ingresos para estos delincuentes, y durante los últimos 50 años las autoridades públicas han impulsado una agenda prohibicionista, restringiendo el comercio y el consumo de drogas para golpear a los criminales en sus bolsillos. Pero el flujo de drogas ilegales nunca cesó.
“Nunca lograremos la paz en Colombia hasta que regulemos el narcotráfico”, dijo el senador Gustavo Bolívar, uno de los firmantes del nuevo proyecto de ley y aliado cercano del nuevo presidente.
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“Ni siquiera Estados Unidos, con todo su poderío y dinero, pudo ganar la guerra contra las drogas. Actualmente, Colombia produce más droga que cuando vivía Pablo Escobar, hay más consumidores, más cultivadores. El narcotráfico crece a pesar del dinero que invertimos en combatirlo y de las miles de muertes que sufrimos”, afirmó Bolívar, quien recientemente viajó a Colorado para conocer de primera mano los beneficios económicos de legalizar la marihuana.
Bolívar dijo en entrevista con CNN que es hipócrita que Estados Unidos legalizara la marihuana en casa y apoyara las guerras contra las drogas en el extranjero, como en Colombia, donde Washington envía millones de dólares cada año para armar y entrenar a las fuerzas colombianas en su lucha contra los cárteles.
Un informe histórico de la Comisión de la Verdad, un panel interdisciplinario encargado de investigar más de 50 años de conflicto civil en Colombia, encontró que el narcotráfico ayudó a prolongar el conflicto a pesar de casi US$ 8.000 millones en ayuda militar de EE.UU. a Colombia. Al menos 260 mil colombianos, la gran mayoría civiles, murieron en la violencia.
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La campaña para legalizar la marihuana en Colombia une a senadores de izquierda como Bolívar con organizaciones de la sociedad civil e inversionistas extranjeros adinerados, y ha recibido un impulso en los últimos 12 meses debido a los cambios políticos del país, con Petro ascendiendo a la presidencia y partidos progresistas, ahora una mayoría en el Congreso de Colombia.
“Vimos la legalización del uso recreativo para adultos en dos, tres o cuatro años después… pero ahora esperamos que sea este año”, dijo Luis Merchan, un empresario colombiano que es director ejecutivo de Flora Growth, una Empresa con sede en Toronto que invierte en marihuana colombiana desde cannabis medicinal hasta cáñamo textil.
Los activistas que han exigido este cambio durante años están de acuerdo. “Creemos que ahora es el momento oportuno para hacerlo”, dice Luis Felipe Ruiz, investigador de la ONG colombiana Dejusticia, que apoya la despenalización de las drogas y ha documentado la guerra contra las mismas durante años.
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El narcotráfico es la principal causa de detención en Colombia y, según el Ministerio de Justicia colombiano, el 13% de los detenidos del país cumplen una condena relacionada con el tráfico de drogas. Ruiz argumenta que uno de los beneficios de legalizar la marihuana sería también disminuir la población carcelaria en el país.
“Hay una gran parte del mundo político que está lista para tener un debate sobre la legalización de la marihuana y, francamente, quitar el estigma contra el cannabis ya es una gran victoria para nosotros”, comentó Ruiz a CNN.
Aquellos que se oponen a la legalización provienen de la derecha conservadora y creen que el cambio simplemente facilitaría el abuso de drogas. El expresidente Álvaro Uribe, mentor político del antecesor de Petro, Iván Duque y principal exponente del conservadurismo en el país, tuiteó en 2020 que “la marihuana recreativa escala a otras drogas, afecta las neuronas, el consumidor llega a estados de alienación, pierde el control de sus decisiones que es la pérdida de su libertad“, tras celebrar que un proyecto anterior para legalizar la marihuana fue bloqueado en el Congreso.
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Históricamente, la marihuana en Colombia es cultivada por pequeños agricultores que no pueden pagar las licencias farmacéuticas requeridas para producir cannabis medicinal, por lo que venden su producto a los cárteles de la droga.
El proyecto de ley presentado al Congreso podría permitir que estos pequeños agricultores, la mayoría de ellos asentados en regiones rurales crónicamente subdesarrolladas de Colombia, finalmente ingresen al mercado legal.
COCCAM, una confederación de cultivadores de coca, marihuana y amapola que funciona como un grupo de cabildeo para los cultivadores ilícitos, estima que hasta 3.000 familias dependen de la marihuana ilegal como principal fuente de ingresos, generalmente en el suroeste del departamento de Cauca. En la mayoría de los casos, estos agricultores viven en áreas rurales aisladas que están a horas de distancia de la carretera pavimentada más cercana.
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En comparación con los productos agrícolas legales como frutas y verduras, la marihuana y las hojas de coca no se estropean durante días y se venden a un precio más alto por kilogramo. También tienen la ventaja de crecer durante todo el año, mientras que la mayoría de plantas dan una cosecha solo unos pocos meses al año.
Debido al papel histórico de Colombia, legalizar el uso recreativo sería un gran cambio cultural y tal vez una fuente de orgullo, dijo Marchan. “No solo sería una fuente de orgullo para alguien como yo por lo que estaba mal visto: he estado en el negocio durante varias décadas y cuando alguien se entera de que soy de Colombia, siempre recibo el ‘ahh’ con esa mirada rara”, dijo.
Bolívar, el senador, cree que el sistema regulatorio colombiano eventualmente seguirá el mismo camino al legalizar no solo la marihuana sino también la cocaína, la fuente de ingresos más lucrativa para los cárteles.
Elaborar números en un mercado ilegal nunca es una ciencia exacta, pero un estudio de 2016 del gobierno colombiano estimó que el narcotráfico, el flujo de drogas ilegales, principalmente cocaína, que se produce en Colombia y se vende en los mercados internacionales desde Europa hasta Norteamérica, a Asia, valía hasta el 3,8% del PIB colombiano en ese momento. En comparación, el consumo de drogas ilegales -las que se consumen ilegalmente en Colombia y donde la marihuana juega un papel más importante- valió el 0,75% del PIB colombiano.
“La marihuana es un cambio pequeño en el negocio de las drogas. El gran dinero que ganan los cárteles, y la mayor parte del problema, se llama cocaína. Y la gente en Colombia y México seguirá muriendo mientras analicemos el problema con hipocresía”, afirmó Bolívar a CNN.
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El político imagina una red de dispensarios regulados por el Estado donde la cocaína podría venderse bajo prescripción médica y acuerdos regionales en otros países productores de drogas.
Los tres mayores productores de cocaína del mundo (Bolivia, Colombia y Perú) están actualmente gobernados por líderes de izquierda alineados ideológicamente. Bolivia tiene un próspero mercado legal de derivados de la coca, en su mayoría hojas secas que mastica la población indígena, y ya en 2012, los gobiernos de Bolivia y Colombia impulsaron un replanteamiento regional de las políticas de drogas en reuniones multilaterales.
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“Podríamos hacer un pequeño tratado en nuestros países para modificar la Convención de Estupefacientes de 1961 y plantar la primera bandera de legalización en el mundo, otros países pueden seguir”, aseguró el senador.
Pero antes de que se reescriban los tratados internacionales, Colombia aún podría tener una batalla legal por delante. Tal como está, la Constitución colombiana prohíbe explícitamente el uso de estupefacientes sin prescripción médica; así que incluso si el Congreso aprobara una ley que legalice la marihuana recreativa, la Corte Suprema podría considerarla inconstitucional.
Un recurso para eliminar ese artículo ya lo inició otro legislador, el congresista Juan Carlos Losada.
“Es una batalla de dos frentes. Nuestro proyecto de legalización en el Congreso y el recurso de Losada ante la corte constitucional. Lo que ocurra primero lo apoyaremos, porque este país necesita la paz“, dijo Bolívar.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
