La comisión del Senado sobre la pandemia en Brasil emitió este miércoles un informe en que acusa al mandatario y a otros 61 funcionarios de su gobierno, entre ellos cuatro de sus hijos, de agravar la crisis sanitaria por una "decisión política", con el fin de retomar las actividades económicas utilizando una serie de medidas de profunda irresponsabilidad social y de salud pública.
Un informe presentado este miércoles por una comisión del Senado sobre la pandemia en Brasil concluyó que el presidente Jair Bolsonaro agravó la crisis por una “decisión política” y lo acusó de “crímenes contra la humanidad”.
El documento también denuncia al mandatario por otros ocho delitos, tipificados como epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, atentados contra la dignidad del cargo, prevaricación, falsificación de documentos y uso irregular de dinero público.
“El presidente incentivó en forma reiterada a la población a incumplir el distanciamiento social, se opuso al uso de mascarilla, promovió aglomeraciones e intentó descalificar las vacunas”, dice el informe, una suerte de gran síntesis de las actitudes que el líder de la ultraderecha adoptó frente a la pandemia desde su inicio.
Agrega además que “esa estrategia, en verdad fundamentada en la idea de que el contagio natural induciría a la inmunidad colectiva, fue producto de una decisión política que apuntaba exclusivamente a una rápida retomada de las actividades económicas“.
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El informe es el corolario de un trabajo de investigación que se prolongó durante los últimos seis meses y fue presentado cuando el país ya supera las 600.000 muertes por coronavirus, que eran 391.000 el pasado 27 de abril, fecha en que se instaló la comisión.
Las conclusiones del texto serán votadas por los once miembros de la comisión la semana próxima y si fueran aprobadas serán remitidas a los tribunales, que tendrán la última palabra sobre los eventuales procesos.
El informe incluye como acusados a cuatro ministros y a otras 61 personas sospechosas de diversos delitos, entre las cuales figuran tres hijos del mandatario: el senador Flavio, el diputado Eduardo y el concejal Carlos Bolsonaro, supuestos responsables de una red de difusión de noticias falsas sobre la pandemia.
El texto fue elaborado por el senador Renan Calheiros, en su condición de instructor del grupo, e identifica también entre los sospechosos a los actuales ministros de Salud, Marcelo Queiroga; Defensa, general Walter Braga Netto; Trabajo, Onyx Lorenzoni, y Contraloría, Wagner Rosario.
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Asimismo, figuran antiguos colaboradores de Bolsonaro, como el ex canciller Ernesto Araújo y el general Eduardo Pazuello, ministro de Salud entre mayo de 2020 y abril pasado, en los momentos más duros de la pandemia en Brasil.
Las acusaciones abarcan desde la imposición en la salud pública de remedios sin eficacia comprobada contra el COVID-19 que conformaron un llamado “tratamiento precoz” basado en la dudosa cloroquina, hasta serias sospechas de corrupción en la negociación de vacunas.
Asimismo, se hallaron indicios sobre una red de activistas de ultraderecha que, combinados con el gobierno, difundieron masiva información falsa sobre la pandemia, minimizando su gravedad y en línea con el discurso mantenido por Bolsonaro, que combatió desde el gobierno todas las medidas preventivas.
También fue considerada la reiterada violación de Bolsonaro de las medidas que prohibían aglomeraciones e imponían el uso de mascarilla, su promoción de la cloroquina en discursos oficiales y el empleo de cuantiosos recursos públicos para adquirirla.
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“En conclusión, al insistir en el ‘tratamiento precoz’ como única política para combatir la pandemia, Bolsonaro colaboró fuertemente para la propagación del COVID-19 en Brasil y se mostró como el principal responsable de los errores cometidos por gobierno”, dice el informe.
“Muchos inocentes pagaron con su vida la irresponsabilidad del gobierno y del presidente“, afirmó Calheiros en su conclusión, para agregar que “ahora llega el momento en que pagarán los culpables”.
El presidente del grupo parlamentario, Omar Aziz, garantizó que el informe “será aprobado” y que “ninguna autoridad judicial podrá ignorarlo, porque ya es del país, de las víctimas y sus familiares, y es la prueba de una tragedia para la que habrá justicia”.
Las autoridades advierten que el número de fallecidos podría aumentar, dado que aún hay muchas personas desaparecidas y las condiciones complicadas para la búsqueda.
