A cuatro semanas del atentado a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, aún rondan muchas dudas sobre las razones y los reales autores intelectuales del caso. Cristina por su lado, aún mantiene silencio, solo se sabe que pidió ser querellante en el caso.
(EFE) — Dos semanas después del frustrado atentado contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, que impactó de lleno en el escenario político, 4 son los detenidos por el intento de homicidio y muchas las incógnitas por lo sucedido, principalmente si los sospechosos actuaron por iniciativa propia.
La noche del pasado 1 de septiembre quedará marcada para siempre por la conmoción que dos disparos sin bala generó en la siempre imprevisible Argentina, país cuyas causas judiciales de alto impacto tradicionalmente acaban alargándose en el tiempo rodeadas de más dudas que certezas.
Si bien la jueza encargada del caso, María Eugenia Capuchetti, mantiene el expediente en secreto de sumario, de forma frenética se van filtrando a la prensa detalles de la mediática investigación, algunos sorprendentes y rocambolescos.
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El primero de los detenidos, el brasileño Fernando Sabag Montiel, de 35 años, es a quien se le atribuye haberse acercado a la también expresidenta (2007-2015) durante una manifestación de seguidores a las puertas de su casa, y gatillar dos veces a pocos centímetros de su cara, sin que finalmente saliera el disparo.
Ni Sabag Montiel, arrestado justo después del ataque y cuyo teléfono apareció misteriosamente formateado cuando la Policía quiso desencriptarlo; ni su novia, Brenda Uliarte, de 23 años y detenida tres días después, han aceptado declarar ante la Justicia, aunque la Fiscalía ya les imputa el “haber intentado dar muerte” a la vicepresidenta “con la planificación y acuerdo previo entre ambos”.
Sí aceptó hablar la tercera sospechosa, Agustina Díaz, de 21 años, amiga de Uliarte y también acusada de haber participado en la planificación de la tentativa de homicidio tras descubrir los investigadores una serie de mensajes en los que supuestamente su amiga le confesaba su plan de “mandar a matar a Cristina”.
Según los abogados de Díaz, su defendida explicó en el juzgado que “en ningún momento creyó” que lo que Uliarte le decía “se podía llevar a cabo”, al considerar que la novia de Sabag Montiel era “manipuladora y fabuladora”.
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La última detención hasta el momento se registró este miércoles: Nicolás Carrizo, de 27 años, es conocido como jefe de la “banda de los copitos”, como se llama al grupo de vendedores de algodones de azúcar, al que también pertenecían el brasileño y su novia.
Esta banda se ubicaba en las manifestaciones alrededor de la casa de Fernández convocadas en su apoyo tras el pedido de condena a 12 años de prisión en su contra, por presunta corrupción, hecho por un fiscal el 21 de agosto.
Este jueves, Stella Maris, la madre de Carrizo, se mostró segura de la inocencia de su hijo: “Pienso que se va a hacer justicia (…) Creo y confío en mi hijo. Mi hijo es incapaz de hacer eso”, dijo a la prensa.
Una inocencia que el mismo Carrizo defendió, acompañado de Uliarte, en una conexión en vivo en televisión días atrás, cuando solo Sabag Montiel había sido arrestado: “No somos cómplices de lo que pasó. A nosotros nos están amenazando. (…) Nos están diciendo que somos un grupo terrorista, yo me dedico a hacer algodón de azúcar”, dijo.
“No entiendo por qué lo hizo, él es un buen hombre, es trabajador”, agregó Uliarte sobre su pareja.
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La misma joven, que aseguraba que se enteró del atentado por la televisión, poco antes de ser detenida hizo un vivo en Instagram, en el que afirmaba que “no hay reconciliación con los corruptos”.
Entre el sinfín de teorías —algunas aparentemente conspirativas— sobre quién y cómo se gestó el ataque a la líder kirchnerista, que el Gobierno de Alberto Fernández atribuye al “discurso de odio” de espacios políticos, judiciales y mediáticos, la mirada se posa también en la posible responsabilidad de partes de grupos de ideología extrema.
Según confirmaron este jueves a Efe fuentes de la Agencia Federal de Inteligencia, su titular, Agustín Rossi, presentó ante Capuchetti material que podría vincular al grupo “Revolución Federal” —que desde hace unos meses hace escraches a figuras del Gobierno— con el intento de magnicidio.
El jefe de Inteligencia presentó unos audios de una transmisión en vivo hecha el 26 de agosto en la cuenta de Twitter de la organización, en los que se escucha a algunos de sus miembros pronunciar frases relacionadas con matar a la vicepresidenta; a su hijo, el diputado Máximo Kirchner, y al presidente Fernández.
Mientras, Cristina Fernández, que ha sido aceptada por la jueza como querellante en el caso, sigue en silencio, y se desconoce cuándo tendrá lugar su primera reaparición pública tras el atentado.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
