La medida ordena al Estado y al Banco de la Nación abstenerse de avanzar en la implementación de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, la cual ya había sido objeto de controversia y rechazo en el parlamento.
El gobierno de Javier Milei sufrió un revés este martes, cuando la justicia dictó una resolución que frena la ejecución del decreto presidencial que buscaba convertir al Banco Nación en una Sociedad Anónima.
Según la medida a la que accedió el medio argentino Clarín, la resolución suspende provisionalmente los efectos del DNU 116/25.
La resolución instruye al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina a abstenerse de tomar cualquier medida relacionada con la implementación de esta transformación.
El decreto de Milei, firmado apenas cinco días antes de que la justicia decidiera anularlo —el pasado 20 de febrero—, había sido previamente objeto de controversia y rechazo en el parlamento argentino, que lo había cuestionado por sus implicancias y la falta de consenso político.
El juez Alejo Ramos Padilla, además de suspender el decreto de Javier Milei, ordenó una investigación para determinar si existe un “interés público comprometido” por la medida tomada por el presidente.
El magistrado indicó que la transformación del Banco Nación no puede llevarse a cabo mediante un decreto, ya que esa decisión solo puede realizarse a través de una ley formal aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo Nacional.
En ese sentido, el juez dejó en claro que la cuestión debe ser considerada “abstracta” debido a la falta de una normativa legal adecuada.
Ramos Padilla también explicó que será la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata la que tendrá la última palabra sobre si debe mantenerse la suspensión del decreto. El juez subrayó que la modificación del estatus jurídico del Banco Nación solo puede realizarse mediante una ley del Congreso, y no por un acto del Poder Ejecutivo.
En relación con el decreto, el juez argumentó que este profundiza la amenaza de privatización que se había denunciado, ya que constituye un paso decisivo hacia la conversión del Banco Nación en una sociedad anónima. Esto significaría la pérdida de su carácter de ente autárquico del Estado, lo que traería consigo consecuencias jurídicas, económicas y sociales significativas.
El presidente del Partido Comunista respondió a los cuestionamientos esgrimidos desde Venezuela, luego que el Gobierno de Chile hiciera entrega de los antecedentes sobre el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda ante la Corte Penal Internacional.
