Desde la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, en tanto, expresaron su "profunda preocupación" ante la decisión y afirmaron que la medida ralentizará la búsqueda de sus familiares desaparecidos.
El miércoles 14 de agosto, el gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, anunció oficialmente la disolución de la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado.
Dicha unidad, que formaba parte del Decreto 715/2004 y fue creada por el exmandatario Néstor Kirchner en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), tenía como objetivo asistir en las investigaciones sobre la desaparición de menores durante la última dictadura militar de Argentina.
La medida no ha estado exenta de controversia, puesto que, con el fin de identificar posibles responsables de los crímenes y facilitar el esclarecimiento de los hechos, la Unidad Especial de Investigación (UEI) se encargaba de acceder a archivos y documentos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional —así como de las Fuerzas Armadas y de Seguridad—.
¿Qué dijo el gobierno de Argentina al respecto?
En su comunicado oficial, el gobierno trasandino argumentó que, la creación de la unidad, “implicaba una delegación de facultades que, según la Constitución Nacional, son exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal”.
Subrayó, además que “el acceso directo e irrestricto a información confidencial sin intervención judicial, otorgado por el decreto ahora derogado, constituía una violación del derecho a la intimidad y otras garantías constitucionales, como el debido proceso”.
En paralelo, el gobierno de Milei subrayó que la investigación de delitos graves, como la desaparición forzada de personas, debe ser conducida por el Poder Judicial en coordinación con el Ministerio Público Fiscal; garantizando, de esa manera, la imparcialidad y el respeto a los derechos fundamentales.
Una derogación que “favorece la impunidad”, según las Abuelas de Plaza de Mayo
Desde la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, en tanto, expresaron su “profunda preocupación” ante la decisión. A través de un comunicado de prensa publicado en su sitio oficial, la entidad afirmó que la eliminación de la UEI ralentizará la búsqueda de sus familiares desaparecidos.
En esa misma línea, añadieron que, “al desfinanciar, vaciar y eliminar áreas que atienden la problemática de los derechos humanos en general, y el derecho a la identidad en particular, el Estado argentino, en su conjunto, incumple normas internacionales de rango constitucional y garantiza impunidad por crímenes ocurridos, pero también por ocurrir”.
Desmienten, además, que la labor de la UEI se superponga con la del Poder Judicial, pues este mismo, “lejos de ver una intromisión en su tarea, reconoce el aporte de estas herramientas, construidas como políticas públicas de la democracia (…). La decisión del Gobierno de eliminar la UEI obstaculiza la búsqueda de nuestros nietos y nietas y favorece la impunidad“.
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