La ex presidenta interina boliviana permanecerá en detención preventiva por cuatro meses mientras se realiza la investigación por el caso denominado "golpe de Estado". Desde la oposición consideran que se trata de un "abuso" y una "arbitrariedad".
(EFE) – La ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Àñez pasó este lunes su primera noche en una cárcel en La Paz en medio de numerosas manifestaciones en todo el país para que cesen las persecuciones, mientras que desde el oficialismo se anuncian más procesos.
Áñez fue trasladada bajo un fuerte resguardo policial al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, donde permanecerá en detención preventiva por cuatro meses mientras se realiza la investigación por el caso denominado “golpe de Estado”.
El director general de Régimen Penitenciario en Bolivia, Juan Carlos Limpias, manifestó que la ex mandataria transitoria estará “bajo una constante inspección del personal de salud” por 15 días como estipula el protocolo de las cárceles del país ante la emergencia de el COVID-19.
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“Ningún privado de libertad tiene privilegios en este centro penitenciario”, enfatizó Limpias, quien explicó que Áñez será “sorteada” para que se le asigne uno de los 13 dormitorios comunes que hay para las 200 reclusas.
La Justicia boliviana dictaminó el domingo la detención preventiva para Áñez, al igual que para sus ex ministros Álvaro Coímbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía, quienes fueron trasladados al penal de San Pedro en La Paz.
Los tres están acusados de los delitos de “sedición, terrorismo y conspiración” en la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
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Desde que se conoció de la aprehensión de la ex mandataria interina y dos de los ministros de su gabinete varios sectores de la oposición y de la sociedad han denunciado lo que consideran un “abuso” y una “arbitrariedad” por parte del sistema de Justicia y del Gobierno.
Además, el hecho de que a Áñez se le juzgue como ex senadora y no como ex presidenta ha avivado las críticas contra el Estado y ha generado varios cuestionamientos sobre la manera cómo la Fiscalía y los jueces están violentando la Constitución y el derecho que tendría a ser procesada dentro de un juicio especial de responsabilidades como correspondería a su fuero como exmandataria.
En al menos cuatro de las principales ciudades de Bolivia miles de personas marcharon en rechazo a las aprehensiones de las ex autoridades transitorias y contra la afirmación del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de que en 2019 se produjo un “golpe de Estado”.
“A esos presos y perseguidos, decirles que no los vamos dejar solos, Santa Cruz es un pueblo valiente”, anunció de manera contundente y ante miles de personas el gobernador electo de ese departamento, Luis Fernando Camacho.
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El también ex candidato presidencial es el principal acusado en la investigación iniciada a instancias de la demanda que la ex diputada oficialista Lidia Patty presentó por la crisis de 2019.
También hubo vigilias y manifestaciones de familiares de las víctimas de la crisis de 2019, que reclamaron justicia al tiempo que celebraron que Áñez y sus exministros hayan sido trasladados a una cárcel.
Asimismo, sindicatos afines al MAS reiteraron su respaldo a los procesos contra Áñez y reclamaron la detención de otros políticos como Luis Fernando Camacho, por estar vinculados con el supuesto golpe contra Morales.
Por su parte, el ex presidente Morales dijo en Twitter que no le extrañaba que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, defienda a Áñez y porque “él también debería ser juzgado por propiciar el golpe de Estado y por crímenes de lesa humanidad en Bolivia”.
En tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió la liberación de todos los detenidos en Bolivia “hasta contar con procesos y mecanismos imparciales para determinar responsabilidades”.
Y señaló que “en los últimos meses se ha constatado la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS, así como amenazas de persecución judicial a políticos opositores al Gobierno”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
