La defensa de la ex mandataria solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras que su hija acusó al juez del caso de ampliar la detención de Áñez sin evidencias o pruebas. "Si muere Jeanine Añez, hago responsable al Gobierno y la justicia", escribió en sus redes sociales Carolina Ribera Áñez.
(EFE) – Un juez boliviano dispuso este sábado ampliar por otros cinco meses la prisión preventiva de la expresidenta interina Jeanine Áñez dentro de uno de los procesos iniciados en su contra a instancias del oficialismo por la crisis de 2019.
Carolina Ribera, la hija de Áñez, informó en sus redes sociales que el juez Armando Zeballos amplió la detención preventiva de su madre por otros cinco meses con una resolución emitida “sin evidencias”, “sin pruebas” y sin “ningún tipo de criterio jurídico”.
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Ribera también denunció que al visitar a su madre en prisión la encontró “en posición fetal, temblando como una hoja, al borde de la inanición”.
“Seis meses de una prisión política injusta y el juez la sigue condenando en base a suposiciones fiscales, sin ninguna prueba. Si muere Jeanine Añez, hago responsable al Gobierno y la Justicia”, agregó la joven.
La nueva disposición judicial se definió en una audiencia telemática reanudada en esta jornada tras una suspensión en la víspera por una descompensación sufrida por la ex mandataria.
El viernes, Áñez tomó la palabra en la audiencia para leer una declaración en la que denunció que padece de anorexia nerviosa, que es “víctima de violencia y tortura psicológica” y que recibe hostigamiento dentro del penal donde cumple su detención preventiva desde marzo pasado por la investigación del caso denominado “golpe de Estado”.
La Dirección de Régimen Penitenciario señaló en un comunicado que Áñez recibió atención médica ante la “leve descompensación que impidió la continuidad de su defensa” y aseguró que se encuentra “estable”.
Áñez está en prisión desde hace más de medio año dentro de un proceso iniciado en su contra a instancias del oficialismo que la acusa de delitos como conspiración, terrorismo y sedición por el supuesto “golpe de Estado” de 2019.
El Gobierno de Luis Arce y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), consideran que la salida de Evo Morales de la Presidencia en 2019 fue por un golpe de Estado, mientras que sus detractores sostienen que la crisis fue consecuencia de un fraude electoral en beneficio del entonces mandatario en los fallidos comicios generales de ese año.
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El oficialismo ha iniciado una decena de procesos en contra de Áñez, algunos por la vía ordinaria y otros juicios de responsabilidades, aunque la corriente más cercana a Morales considera que estos últimos, que debe aprobar el Parlamento, no corresponden porque eso supondría reconocer la legalidad de la transición.
La defensa de Áñez solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su estado de salud, mientras que el Gobierno de Arce demandó que esa petición se declare “inadmisible”.
