Más estados, incluyendo a Carolina del Sur, Tennessee, Louisiana y Texas, todos tienen la esperanza de unirse a la lucha para anular el caso Roe. Louisiana tiene actualmente una prohibición de seis semanas y una enmienda constitucional que reduciría el derecho existente en el estado a la disposición de privacidad, al excluir al aborto, que está pendiente en su legislatura.
La semana pasada, el estado de Georgia se unió a la lista de estados que prohibieron la realización de un aborto después de detectarse el primer latido del feto, a partir de la sexta semana desde la concepción, antes siquiera de que una mujer pueda saber que está embarazada. Kentucky, Mississippi y Ohio promulgaron leyes similares este año. Alabama está llevando la lucha contra la elección más lejos incluso, con una ley que no solo prohíbe abortos, sino que convierte en delito el hecho de que un médico realice un aborto.
¿Por qué el apuro por promulgar una legislación que enfrentará una objeción inevitable de parte de organizaciones de libertades civiles, derechos civiles y derechos de las mujeres? Porque los legisladores antielección (es decir, que no están de acuerdo con el aborto) creen que tendrán jueces favorables en la Corte Suprema.
La Corte Suprema, primero con el caso Roe vs. Wade en 1973, en Planned Parenthood vs Casey en 1992, y nuevamente en Whole Woman’s Health vs Hellerstedt en 2016, falló que es inconstitucional aplicar una carga inapropiada al derecho de la mujer de optar por un aborto antes de que el feto llegue a su viabilidad (típicamente a las 23 o 24 semanas). El precedente es claro en tres casos que abarcan 46 años. Pero la Corte Suprema actual finalmente tiene cinco jueces conservadores. Los defensores antielección esperan que esos jueces ignoren los precedentes y emitan un fallo sobre la base de sus ideas y creencias personales.
Más estados, incluyendo a Carolina del Sur, Tennessee, Louisiana y Texas, todos tienen la esperanza de unirse a la lucha para anular el caso Roe. Louisiana tiene actualmente una prohibición de seis semanas y una enmienda constitucional que reduciría el derecho existente en el estado a la disposición de privacidad, al excluir al aborto, que está pendiente en su legislatura.
Es probable que la enmienda constitucional sea promulgada en la segunda quincena de mayo y que la prohibición de seis semanas sea promulgada poco después. En Texas hay numerosas restricciones onerosas pendientes en la presente sesión de la legislatura, a pesar de que los intentos más recientes de restringir el acceso al aborto hayan sido anulados en la opinión en el caso Hellerstedt.
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La esperanza de que el tercer poder del gobierno vaya a mantener sus principios parece disparatada en el clima actual.
Además del cambio en la composición de la Corte Suprema, en poco más de dos años el Senado ha confirmado a 100 jueces designados por el presidente Trump.
Muchos de estos jueces son jóvenes, carecen de calificaciones y de apoyo del Colegio de Abogados, de senadores de sus propios estados, y grupos de defensa. Lo que tienen en común es una reputación de creencias conservadoras y un menosprecio por el estado de derecho.
Con un torrente de estos nuevos jueces, los estados se sienten envalentonados para arriesgarse en las cortes federales. Si los tribunales inferiores ratifican las leyes, se les podría llegar a autorizar a que entren en vigor hasta que las leyes sean desafiadas en el máximo tribunal. Si los tribunales inferiores anulan la legislación, muchos estados han jurado que lo seguirán impulsando —a expensas de los contribuyentes— hasta la Corte Suprema.
Es más, a lo absurdo de estos desafíos que buscan anular el precedente, se les suma la falta de consideración de problemas políticos de sentido común que surgen cuando una legislatura otorga personería tan temprano en el embarazo, y por lo tanto, tratan a la mujer embarazada como portadora, en vez de como persona independiente con derechos independientes.
Como publiqué en un tuit la semana pasada: “Si un feto es una persona a las seis semanas de embarazo, ¿es ahí cuando comienza la cuota alimentaria? ¿Es ahí también cuando no se puede deportar a la madre porque porta a un ciudadano estadounidense? ¿Puedo asegurar a un feto de seis semanas y cobrar si tengo un aborto natural? Simplemente asumo que, si vamos en esa dirección, deberíamos hacerlo del todo”.
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En pocas palabras: si el feto y la mujer embarazada son dos personas legales, tienen acceso a todos los derechos y privilegios.
Lo que está sucediendo aquí es claro, y debería hacer que nos pongamos en posición de obstruir: los estados están gastando recursos públicos para desafiar un estándar establecido hace mucho tiempo, todo con la esperanza de que cinco miembros de la Corte Suprema se pongan del lado de sus creencias personales y políticas por encima de principios y precedentes claros.
Nota del editor: Carliss Chatman es ayudante de la cátedra de Derecho en la facultad de Derecho de la Universidad de Washington y Lee, y escribe sobre la estrategia, gobierno y ética corporativos. Sígala en Twitter en @carlissc.
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