Para ser aprobada en la Cámara de Diputados, la iniciativa requiere una mayoría simple de 129 votos. Incluye más de 500 artículos sobre desregulación de la economía, privatizaciones de empresas públicas, seguridad, defensa, salud y más.
(CNN Español) –La ley más importante del Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei. 664 artículos con reformas profundas. Sesiones extraordinarias en el Congreso. Negociaciones políticas para favorecer su aprobación. Rechazo del peronismo. Reuniones con gobernadores. Búsqueda de apoyo en los bloques de la oposición “dialoguista”. Cambios. Quedó en 523 artículos. Más cambios a la ley. ¿Serán suficientes para asegurar su media sanción en la Cámara de Diputados? Esto resume la breve e intensa historia de la titulada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos” o “ley ómnibus” en Argentina.
El oficialismo convocó para este miércoles a una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar la conocida “ley ómnibus”. Se aseguró el apoyo de los bloques de Propuesta Republicana (PRO), Unión Cívica Radical (UCR) y de parte de Hacemos Coalición Federal, luego de intensas negociaciones y dos reprogramaciones del debate en el recinto.
El bloque del gobierno está compuesto por 38 diputados. Se necesitan 129 votos para obtener el quórum mínimo requerido para garantizar la aprobación de cualquier proyecto. Esto en números significa que el gobierno debió salir a buscar votos. Si bien el cálculo sencillo arroja que necesitaba 91 votos más, la ecuación política para sumar nuevos apoyos no es tan sencilla.
Ese déficit de apoyo parlamentario del oficialismo lo suplió el PRO con sus 37 diputados, la UCR con sus 34 legisladores y Hacemos Coalición Federal con “varias” de sus 23 bancas. Tal como confirmaron sus representantes a CNN, estos bloques adelantaron su apoyo en general a la ley, pero advirtieron que pedirán cambiar artículos en particular. Por esta razón, se desconoce qué tanto quedará en pie de la “ley ómnibus” de Javier Milei.
Se la llamó así por su tamaño original: 664 artículos divididos en 10 títulos con diversos temas como declaración de emergencia pública, desregulación de la economía, privatizaciones de empresas públicas, cambios impositivos, regímenes de blanqueo de capitales no declarados, seguridad, defensa, salud, justicia y educación, entre otros.
“Se trabajó muchos meses” en la elaboración del primer proyecto de ley que el presidente Javier Milei envió al Congreso, admitió el portavoz presidencial Manuel Adorni. El gobierno le dio máxima prioridad y convocó a sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 31 de enero, fecha que luego prorrogó.
Un plenario de comisiones comenzó a tratar el proyecto. Distintos funcionarios de diferentes áreas de gobierno explicaron el alcance de la diversa y amplia ley ómnibus. El peronismo adelantó su rechazo. La izquierda también. Por lo tanto, el oficialismo intensificó negociaciones con los gobernadores y legisladores de la oposición “dialoguista”: el PRO, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
El aumento de impuestos a la exportación de la soja y sus derivados del 31 al 33% fue centro de grandes críticas de gobernadores radicales y peronistas no kirchneristas, como por ejemplo Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Martín Llaryora, de Córdoba.
El cambio en la fórmula de actualización de jubilaciones propuesto por el gobierno también acumuló rechazos. El proyecto de ley original estipulaba la suspensión de la fórmula y los ajustes quedaban a discreción del Poder Ejecutivo “hasta tanto se establezca una (nueva) fórmula automática”.
Las posibles privatizaciones de YPF, Banco Nación, Nucleoeléctrica y ARSAT, entre otras compañías estatales incluidas en la “ley ómnibus”, también agregaron trabas a la negociación política.
Cuando el proyecto aún permanecía en comisiones, el gobierno decidió introducir las primeras modificaciones. Redujo de 664 a 523 la cantidad de artículos de la ley y modificó puntos polémicos como el de jubilaciones y el capítulo de privatizaciones, aunque mantuvo el de retenciones o impuestos a la exportación de soja y derivados.
De esta manera, el oficialismo consiguió que la “ley ómnibus” superara la instancia de comisiones, previa al debate en el recinto, con la aprobación de un dictamen de mayoría firmado por los diputados de los bloques “dialoguistas” aunque con 170 disidencias. Esto encendió una luz de alarma que obligó al gobierno a continuar en la negociación.
En la hoja de ruta original del oficialismo, tal como informó la jefatura del bloque oficialista de la Libertad Avanza a CNN, la sesión iba a ser convocada para el pasado jueves 25 de enero. Sin embargo, eso no ocurrió. De hecho, las reuniones entre representantes del Poder Ejecutivo y del Legislativo no paraban. La secretaria general de Presidencia, Karina Milei, mantuvo dos reuniones el viernes 26 de enero con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Esos encuentros sirvieron de antesala para terminar de definir nuevos cambios que el gobierno realizó a la “ley ómnibus”. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se retiraba el capítulo fiscal. Esto significó quitar del proyecto el polémico punto de retenciones, jubilaciones, blanqueo de capitales, reversión del Impuesto a las Ganancias, entre otros.
Un comunicado de la Oficina del Presidente explica que se decidió retirar los puntos mencionados para que “la ley avance sin problemas”.
“El déficit cero no se negocia”, aseguró Caputo en conferencia de prensa. Retirar los artículos referidos a las retenciones, jubilaciones y Ganancias, según cálculos del Ministerio de Economía, supone un agujero fiscal de 1,3 puntos del PIB. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, reforzó el compromiso del gobierno para alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas y advirtió que pese a dichas modificaciones el ajuste en otras partidas “será mayor”.
Luego de esos cambios, el oficialismo apuntaba a sesionar con el pleno de la Cámara el martes 30 de enero. Pese a eso, el lunes firmó la convocatoria para el miércoles 31. De ese modo, el diálogo con gobernadores continuó. Los mandatarios provinciales no kirchneristas se reunieron con el ministro de Interior, Guillermo Francos, este lunes.
En ese encuentro nació la última polémica de esta negociación. Según expresó el representante del gobernador de Mendoza, Lisandro Nieri, quien asistió a dicho encuentro, el ministro habría ofrecido coparticipar (repartir entre las provincias) el 30% de lo recaudado con el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria —conocido como impuesto PAIS— que se paga sobre algunas operaciones con moneda extranjera en Argentina.
Más tarde, la oficina del presidente emitió un comunicado en el que negó tal propuesta y aclaró que esa discusión se dará “en otro momento”. CNN se contactó con la oficina del ministro de Interior y desde allí negaron haber ofrecido a los gobernadores la idea de coparticipar el impuesto PAIS.
Esto generó malestar en los gobernadores y un nuevo cortocircuito entre ellos y el Ejecutivo Nacional. Pese a eso, en las reuniones de legisladores de distintos bloques suscitadas el martes, los “dialoguistas”, también identificados como opositores no kirchneristas, decidieron apoyar la ley del gobierno.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
