La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, anunció que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley en el Congreso para dotar al Estado de herramientas adicionales contra el crimen. La medida surge tras una ola de crímenes en Rosario, la tercera ciudad más grande del país que ha conmocionado a la comunidad.
(CNN) – El gobierno de Javier Milei, en Argentina, busca ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior para la lucha contra grupos del narcotráfico y el delito organizado.
Así lo anunció este jueves la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Defensa, Luis Petri.
El proyecto de ley que incluye esta nueva normativa se enviará al Congreso dentro de un paquete que, según dijeron los funcionarios, tiene el objetivo de “dotar al Estado de nuevas herramientas para enfrentar los delitos de narcotráfico y el crimen organizado”.
Esto ocurre después de que una ola de crímenes, según calificaron las autoridades, azotara la ciudad de Rosario, la tercera más importante del país, ubicada en la provincia de Santa Fe.
Solo en una semana se registraron cuatro homicidios deliberados a la población civil y atentados contra la tranquilidad pública como el incendio de un vehículo y disparos contra el frente de la 15° comisaría.
El gobierno nacional y el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, adjudicaron los crímenes a las bandas de narcotraficantes que operan en la ciudad y convocaron a un comité de crisis.
“Estamos modificando la Ley de Seguridad Interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones que permitan devolverle la tranquilidad y la paz a los rosarinos”, dijo el ministro Petri. También explicó que los proyectos serán enviados al Congreso de la Nación por disposición del presidente Milei.
“Estamos convencidos de que la batalla contra los narcos se puede ganar utilizando todo el poder del Estado y las herramientas de la Constitución”, continuó.
El paquete de proyectos de ley instruido por el Poder Ejecutivo incluye una “Ley Antimafia” que contempla la lucha contra organizaciones criminales, la reincidencia y reiteración de los delitos y la ampliación del registro de ADN desde el procesamiento del implicado.
“La llamada Ley Antimafias implica que aquellos que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa”, dijo Bullrich, y agregó que se van a permitir detenciones por “averiguación de delitos”.
Según explicó la ministra, se considerará una organización criminal a toda banda que busque “el control de un territorio para cometer ilícitos de todo tipo” y serán considerados miembros todos los que participen de “la cadena que va desde el transporte, la comercialización, la venta, el dominio territorial y el lavado de activos”.
Por otro lado, se propondrá también una Ley de Orden Público con penalidades para la organización de protestas callejeras que impliquen cortes de calles o rutas; y se ampliará el derecho a la legítima defensa.
“Proponemos otro proyecto para un tipo penal para la sanción al bloqueo de comercios, industrias o cualquier tipo de establecimientos. Con una pena que va a ir de 4 a 6 años”, declaró la ministra de Seguridad.
En cuanto a la modificación de la Ley de Seguridad Interior que introduce la ampliación del campo de acción de las Fuerzas Armadas, el ministro Petri aclaró que se velará por el cumplimiento de las garantías constitucionales y se obrará a “voluntad expresa del Gobernador de la provincia en donde se requiera y se reclame la participación”.
“Las Fuerzas Armadas se van a regir por las mismas normas y condiciones que tienen las Fuerzas de Seguridad, en donde es imprescindible la proporcionalidad, la gradualidad y la progresividad en el uso de la fuerza”, concluyó Petri.
Por último, para que las nuevas disposiciones entren en vigencia, resta todavía un largo trecho. El paquete de leyes y modificaciones anunciado deberán ser aprobados por las dos cámaras del Congreso de la Nación argentina, procedimiento que hasta la fecha fue dificultoso para el Gobierno de Milei, que aún no ha conseguido dar curso legislativo a ninguna de sus ambiciosas propuestas.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
