La 51º Asamblea General de la OEA, celebrada virtualmente debido al COVID-19, terminó centrando su discusión de este jueves casi por completo en las crisis democráticas de Nicaragua y Venezuela. De hecho, Chile se sumó a la solicitud de desarrollar una resolución sobre la reelección de Daniel Ortega. El país caribeño, que tiene un representante en el órgano, alzó la voz al respecto.
(EFE) – Las situaciones tanto en Nicaragua como en Venezuela ocuparon este jueves el primer plano del debate de la 51º Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde la pandemia y la recuperación económica de la región llegaron incluso a quedar como temas secundarios.
La discusión prácticamente monopolizó las deliberaciones de los 34 Estados miembros del órgano regional, que celebra del 10 al 12 de noviembre su asamblea general con Guatemala como sede virtual del evento, pese al constante reclamo por parte de Nicaragua.
“Nicaragua se respeta, señor presidente”, dijo Michael Campbell, representante del país caribeño, en la antesala de la sesión plenaria encabezada por el canciller guatemalteco, Pedro Brolo, después de que se incluyera en el temario de la asamblea un proyecto de resolución, titulado “La situación de Nicaragua” y promovido por las representaciones de Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay, para ser debatido el viernes.
La mencionada resolución critica que el país centroamericano haya hecho caso omiso a las iniciativas diplomáticas y técnicas emprendidas desde junio de 2019 por la OEA para promover la “democracia representativa y la protección de los derechos humanos”.
También busca declarar que las elecciones celebradas el pasado domingo, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido, “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”, de igual forma que “las instituciones democráticas de Nicaragua han sido seriamente socavadas por el Gobierno”.
Sin embargo, Campbell subrayó que el mandato del pueblo de Nicaragua fue “renovado” de “manera libre, transparente y soberana a través del voto de casi 3 millones de ciudadanos nicaragüenses el pasado 7 de noviembre y continuaremos forjando un futuro de paz, prosperidad y bienestar”.
Durante la sesión, Canadá fue uno de los países más críticos con el gobierno de Ortega. La canciller canadiense, Mélanie Joly, aseguró que su país está “profundamente preocupado por lo que acaba de ocurrir en Nicaragua” en referencia a las elecciones, que describió como “injustas” y que “no fueron libres al encarcelar a los líderes de la oposición, periodistas y miembros de sociedad civil“.
En respuesta, el representante nicaragüense rechazó las “falsas declaraciones” de la representante y aprovechó para mencionar que “el mundo entero ha contemplado estupefacto los hallazgos de tumbas sin marcar de niños y niñas” en Canadá.
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“Se estima que entre 1883 y 1996 más de 150.000 niños y niñas indígenas fueron separados de sus familias y enviaron a reformatorios gubernamentales donde sufrieron todo tipo de abusos físicos y sexuales, tortura y hasta asesinatos”, señaló.
Al concluir, el funcionario se preguntó si “¿Podrá haber democracia sin la participación plena de los pueblos originarios? ¿Podrá haber democracia sin justicia para tantas familias y comunidades indígenas?”.
Venezuela también se convirtió en motivo de polémica durante la jornada, después de que México, Bolivia y Argentina objetaran la presencia de la representación del líder opositor venezolano Juan Guaidó y señalaran que el gobierno de Nicolás Maduro anunció su decisión de abandonar ese organismo en 2017. A la postura se sumaron los representantes de Nicaragua, Argentina, Dominica, Antigua y Barbuda, Belice y Trinidad y Tobago.
La OEA consideró desde abril de 2019 a Gustavo Tarre como representante de Venezuela y declaró ilegítimo el actual mandato de Maduro que se inició en enero de ese año y concluirá en 2025.
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Por otra parte, la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Carmelina Londoño, presentó una declaración apoyada por otros países en la que manifiestan su “preocupación” por la “alteración del orden democrático” en Venezuela y el “deterioro de sus instituciones económicas y humanitarias”.
Londoño pidió la “investigación de crímenes de lesa humanidad” y “liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos” en Venezuela, además de la “celebración de elecciones presidenciales libres, justas y transparentes bajo observación internacional creíble”.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
