La medida busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, al considerar que la prohibición actual, instaurada en 2009 durante el gobierno de Rafael Correa, ha debilitado la soberanía y dejado al país "vulnerable".
(EFE) – El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes que enviará a la Asamblea Nacional (Parlamento) un proyecto de ley para eliminar un artículo de la Constitución que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares en el país andino.
“En un conflicto transnacional (contra el crimen organizado), necesitamos respuestas nacional e internacional”, dijo Noboa, que libra una lucha contra las bandas criminales vinculadas al narcotráfico.
El anuncio lo hizo a través de un video grabado en lo que fue la base de Manta, en la costa central de Ecuador, donde hace varios años funcionaba una base estadounidense y que debió salir en 2009 después de que, en la Constitución redactada en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), se prohibieron las instalaciones militares extranjeras en territorio nacional por respeto a la soberanía.
Con este proyecto se busca eliminar la prohibición del establecimiento de bases militares o instalaciones extranjeras con propósitos militares, así como también eliminará la prohibición de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.
En el video, Noboa señaló que, al eliminar la base de Manta, “quisieron decir que así recuperaríamos la soberanía del Ecuador, y lo que hicieron fue entregarlo al narcotráfico. Ese fue el primer pacto con el crimen transnacional”, subrayó.
“Y, en esta lucha por recuperar al país, es el pacto que tenemos que revertir y quebrar. Hoy los ecuatorianos se merecen un Gobierno a la altura de los acontecimientos que atravesamos. Merecen un presidente que tome decisiones con determinación porque al Ecuador no le hacían falta oportunidades, sino honestidad y voluntad política”, añadió.
Por ello, avanzó que este mismo lunes presentarán un proyecto de reforma parcial a la Constitución ante la Asamblea Nacional, “que modifique sustancialmente el artículo 5 de la Constitución, que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares”.
Sin mencionar nombres, el jefe de Estado aseveró que están “levantando el país que ellos dejaron de rodillas, el país al que convirtieron en cuna del narcotráfico, el que repartieron a las mafias con una falsa noción de soberanía”.
“El tiempo nos ha demostrado que las viejas decisiones solo debilitaron a nuestro país ante las amenazas que hoy no conocen fronteras ni tienen piedad”, comentó.
Y apuntó que desde el Gobierno tienen “muy claro” el país que quieren, por lo que señaló que “es momento de la Asamblea Nacional, de una vez por todas, decidir de qué lado de la historia está“.
Desde inicios de año, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, a la vez que decretó un estado de excepción con el que, entre otras acciones, militarizó las cárceles controladas por estas organizaciones, a las que señala, además, por estar relacionadas con el narcotráfico.
Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.
Ecuador está catalogado como el tercer país en el mundo que más drogas decomisa -solo por detrás de Colombia y Estados Unidos- con unas 200 toneladas anuales de estupefacientes incautadas en cada uno de los últimos tres años.
Sin embargo, en lo que va de este año Ecuador ya ha superado esa cantidad de incautación de droga, según la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien cifró en 204,06 toneladas hasta el 15 de septiembre, un 25 % más que en el mismo periodo del 2023.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
