Según la organización tres medios de comunicación sufrieron la confiscación de su equipos, oficinas selladas y su personal intimidado. Comunicó su preocupación por los ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los DD.HH y periodistas en el país.
(CNN Español) — La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este jueves su “profunda preocupación por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas en Venezuela”.
En un comunicado que firma la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Marta Hurtado, el organismo destaca que en los dos últimos meses han sido allanadas otras tantas veces organizaciones humanitaria no gubernamentales y su personal ha sido interrogado, supuestamente debido a la financiación recibida del exterior.
La nota de la ONU sobre Venezuela menciona el caso de la ONG Azul Positivo como el blanco más reciente de las medidas del Gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro.
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En este sentido, Hurtado señala que «los Estados no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales».
Además, advierte que tales acciones se han registrado en medio de declaraciones de funcionarios que «exhortan a la criminalización de las organizaciones, de la sociedad civil y de su personal».
Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, Azul Positivo condenó lo que consideran «como un ataque en contra del espacio humanitario en el Zulia», un estado ubicado en el occidente de Venezuela.
Azul Positivo asegura que funciona como una ONG que brinda asistencia de salud a las comunidades más vulnerables. También que trabaja en campañas de prevención contra el VIH.
La ONU destaca el caso de al menos tres medios de comunicación cuyos equipos fueron confiscados, sus oficinas selladas o su personal intimidado. Además se refiere a episodios de periodistas acosados o intimidados.
El 8 de enero, el canal de TV digital VPI, manejado por venezolanos y con sede en Miami, denunció la incautación de equipos de transmisión, cámaras y computadoras luego de un procedimiento conjunto de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.
Dos días después, el 10 de enero, VPI anunció el cese temporal de sus operaciones como consecuencia de estas medidas.
El comunicado de la ONU sobre Venezuela culmina con un llamado a las autoridades «para que dejen de acosar a personas por realizar un trabajo legítimo, bien sea en el sector humanitario, de los derechos humanos o en los medios de comunicación».
CNN se comunicó con el Ministerio de Comunicación e Información para conocer su reacción, pero hasta ahora no hemos obtenido respuesta.
El caso de Azul Positivo se suma a lo ocurrido a finales de 2020 con el allanamiento de las oficinas de las ONG Alimenta la Solidaridad y Mi Convive. Estas organizaciones trabajan repartiendo alimentos y comida en los sectores más pobres del país.
En respuesta, el director de Caracas Mi Convive, Luis Francisco Cabezas, explicó que el trabajo de la organización permite paliar, con medicamentos e insumos, la grave crisis alimentaria que el país atraviesa por una prolongada hiperinflación.
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Cabezas pidió «el cese del hostigamiento y la persecución».
Además allanaron la residencia del director y fundador de Alimenta la Solidaridad, Roberto Patiño. La organización denunció que la Superintendencia de Bancos (Sudeban) bloqueó sus cuentas.
El Gobierno venezolano no emitió una comunicación oficial. Sin embargo, en una nota de prensa del 20 de noviembre, y sin mencionar el caso de Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive, Sudeban instruyó al sector financiero a implementar medidas para vigilar «operaciones financieras llevadas a cabo por organizaciones sin fines de lucro».
Entretanto, en nombre de un grupo de organizaciones no gubernamentales en Venezuela, Feliciano Reyna, miembro de Acción Solidaria, denunció que existe un patrón de penalización de las organizaciones que realizan un trabajo lícito.
Sin embargo, destaca que este tipo de situaciones no los detendrán. Y afirma que continuarán acompañando a las víctimas y haciendo visibles lo que califica como violaciones a los derechos humanos. Aseguran que de momento no tienen previstas protestas, pero sí impulsar un camino de diálogo que les permita continuar con su labor.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
