Privaciones arbitrarias y violaciones a la integridad y seguridad personal derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza; detenciones arbitrarias; violencia sexual y de género; y actos de discriminación y racismo son algunas de las razones para hablar de violaciones a los derechos humanos, según el organismo internacional.
(CNN en Español) – Un informe presentado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) indica que hay razones para sostener que en ese país se habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Entre ellas, privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza; detenciones arbitrarias; violencia sexual y de género; y actos de discriminación y racismo.
En un extenso documento, de 63 páginas, la Oficina destaca 218 puntos y señala las lecciones aprendidas durante las protestas que sacudieron al país sudamericano a partir del 28 de abril y que terminaron con un número indeterminado de muertos.
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La entidad reporta que, durante su análisis de los hechos, encontró casos de víctimas indígenas, afrodescendientes, periodistas y defensores de los derechos humanos.
El general Jorge Luis Vargas Valencia, Director General de la Policía Nacional, rechazó enfáticamente este miércoles las conclusiones del reporte de la ONU. Hablando ante la prensa en Bogotá, el militar reiteró que “no hemos dado la orden para que se cometa ningún delito en Colombia. La Policía no ha masacrado a nadie. No hemos dado esa orden para que se haga… ¡A nadie!”.
El funcionario agregó que las cifras de muertos y heridos que reportó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU “no concuerdan” con las cifras que maneja la Policía Nacional colombiana, y que era la Fiscalía General de la Nación el organismo competente para investigar qué pasó y quiénes eran los responsables de las muertes registradas durante las protestas.
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A raíz de los hechos ocurridos durante el Paro Nacional, el gobierno del presidente Iván Duque declaró “tolerancia cero” ante el abuso policial y dijo que se abrieron investigaciones y se tomaron acciones disciplinarias contra miembros de la Fuerza Pública por su actuar en las protestas. Al mismo tiempo, en junio de este año, el mandatario colombiano lanzó “un proceso de transformación integral de la Policía Nacional” poniendo énfasis en mejorar la seguridad ciudadana y la aplicación de protocolos de derechos humanos.
Esta semana, Juliette de Rivero, representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, señaló que para el informe su oficina “realizó más de 600 entrevistas a víctimas y testigos de presuntas violaciones de derechos humanos, y sostuvo más de 500 reuniones con funcionarios gubernamentales nacionales y locales”.
Esto incluyó entrevistas con miembros de la Fiscalía General, la Procuraduría General, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, alcaldías y gobernaciones. Además, de Rivero aseguró que hubo más de 370 reuniones con organizaciones de la sociedad civil, personas que protestaron e integrantes del sector privado.
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En el informe se detalla que entre el 28 de abril y el 31 de julio, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU recibió alegaciones sobre la muerte de 63 personas en el contexto de las protestas, 61 hombres y dos mujeres. Del total, la entidad verificó 46 casos, otros cuatro aún están en proceso de verificación y en 13 casos la Oficina consideró que no había información concluyente para determinar si las muertes tuvieron lugar en el contexto de las protestas. Entre las 46 víctimas mortales confirmadas, 44 eran civiles y dos policías.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
