Cristiana Chamorro, la periodista que aparecía con más chances de derrotar al presidente Daniel Ortega en su reelección, quedó con arresto domiciliario a raíz de las acusaciones por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.
(EFE) — Cristiana Chamorro Barrios, la figura de la oposición nicaragüense con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, en las que el mandatario Daniel Ortega busca una nueva reelección, fue inhabilitada para participar en esa contienda bajo el argumento de “no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos”.
Chamorro Barrios, hija de la ex mandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) que derrotó a Ortega en los comicios de 1990, y contra quien se dictó una orden de detención por un caso de presunto lavado de dinero, fue inhabilitada a solicitud del Ministerio Público.
“Se inhabilita a la ciudadana Cristiana María Chamorro Barrios para ejercer cargos institucionales y públicos por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por encontrarse en un proceso penal investigativo“, según el fallo judicial.
El Juzgado Quinto de Distrito de lo Penal de Audiencias Circunscripción Managua resolvió “ha lugar a las medidas precautelares solicitadas por el Ministerio Publico” en contra de Chamorro Barrios, acusada por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.
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La Fiscalía, que dirige la ex guerrillera sandinista Ana Julia Guido, pidió la inhabilitación para cargos públicos a Chamorro Barrios, una periodista de 67 años, quien en la víspera solicitó a la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) su inclusión como precandidata presidencial para los comicios generales del 7 de noviembre.
La Justicia también le dictó retención migratoria y le prohibió concurrir a determinadas reuniones o lugares relacionados con los hechos que se investigan por lo que “deberá abstenerse de asistir a cualquier tipo de reuniones o actividades por la gravedad de los delitos investigados”.
La jueza Karen Chavarría Morales, titular del Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, giró este mismo miércoles una orden de allanamiento y detención contra Chamorro Barrios, que dirigió la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro hasta febrero pasado, cuando cerró.
La jueza también ordenó radicar las diligencias, dar el trámite de ley al proceso judicial, y “una vez aprehendida y puesta a la orden de la autoridad judicial, a la acusada se le realizará la respectiva audiencia“.
La Policía de Nicaragua registró la vivienda de la aspirante opositora a la Presidencia, y según su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro, galardonado como el premio Ortega y Gasset 2021, “después de más de cinco horas de allanamiento”, los policías “la dejan bajo arresto domiciliar, bajo aislamiento” y vigilada.
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La Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que Nicaragua se encamina “a las peores elecciones posibles”, al calificar como un “nuevo atentado a la democracia” la inhabilitación de Chamorro Barrios, que imposibilita “más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes”.
“Acciones como estas restan toda credibilidad política al Gobierno y a los organizadores del proceso electoral”, puntualizó la OEA, que calificó como “violatorios de la Carta Democrática Interamericana, de la carta de la OEA” y de los instrumentos de derechos humanos y pactos internacionales “la utilización del Ministerio Público, las medidas cautelares y precautelares, el manejo politizado de la justicia y la proscripción de facto de candidatos”.
“La prohibición arbitraria de la líder opositora Cristiana Chamorro refleja el temor de Ortega a unas elecciones libres y justas”, señaló, por su lado, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en un tuit.
En tanto, Costa Rica condenó las acciones contra la oposición nicaragüense e hizo un llamado para que cese cualquier hecho que atente contra unas elecciones justas y libres.
El grupo opositor de Nicaragua Coalición Nacional solicitó a la OEA que continúe el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana al país centroamericano, iniciada en enero de 2019 por “rompimiento del orden constitucional” por parte de Ortega.
Los aspirantes opositores a la presidencia de Nicaragua coincidieron en que Ortega teme a unas elecciones libres.
“La orden de captura contra @chamorrocris es un mensaje intimidatorio, matonesco, contra todos los nicaragüenses que quieren salir de esta dictadura lumpen, por la vía electoral”, señaló Arturo Cruz, que fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009.
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“Expreso mi más absoluto rechazo a la injusta persecución política contra @chamorrocris, que nace del miedo que la dictadura le tiene a un proceso electoral libre”, dijo, por su lado, el académico Félix Maradiaga.
Según el Ministerio de Gobernación, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, “incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”, por lo que se “ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente”.
Por ese caso, la Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigos a una veintena de periodistas, y al escritor, novelista y ex vicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
