A raíz de las protestas de abril de 2018, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos documentó al menos 328 muertos en las manifestaciones antigubernamentales. El organismo fue ilegalizado en diciembre de 2018 por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista.
(EFE) – El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) concluyó en un informe divulgado este viernes que el panorama de los derechos ciudadanos en Nicaragua “es incierto”, y señaló al presidente Daniel Ortega como responsable de la falta de garantías en el país centroamericano.
Según el organismo, “las mismas estructuras que asesinaron (a manifestantes antigubernamentales) en el 2018, hoy siguen aterrorizando a la población mediante la prohibición de cualquier expresión de protesta, hostigamientos, vigilancia y persecución, capturas y encarcelamientos y procesos tramitados por un Poder Judicial sin independencia”, que tildó como “otro instrumento represivo del Gobierno Ortega-Murillo”.
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“En estas circunstancias el panorama es incierto”, señaló el Cenidh, que fue ilegalizado en diciembre de 2018 por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, a solicitud del Ministerio de Gobernación, en medio de la crisis sociopolítica.
A raíz de las protestas de abril de 2018, el Cenidh documentó al menos 328 muertos en las manifestaciones antigubernamentales, y decenas de casos de torturas u otras violaciones contra los derechos humanos.
En el informe, el Cenidh destacó que en 2020 el Gobierno de Ortega implementó “nuevas formas de represión”, que se sumaron a “hostigamientos, encarcelamientos, persecuciones, agresiones físicas y no permitir la libre circulación de los ciudadanos”.
Estas “nuevas formas de represión” consistieron en “terrorismo fiscal”, a través de “ilegales, arbitrarios y excesivos cobros”, así como “la alteración en las facturas de los servicios públicos de agua y luz, impulsando así una especie de represión económica”.
El Cenidh señaló al Gobierno de utilizar la pandemia de COVID-19 y el impacto de los huracanes Eta e Iota, como otra forma de reprimir, al no garantizar el derecho a la salud y a la atención social, supuestamente de manera arbitraria, ya que aparentemente sí benefició a los militantes sandinistas.
Asesinatos sin investigar y encarcelamiento de líderes opositores, atentados contra la Iglesia Católica, acciones contra la libertad de prensa y los defensores de los derechos humanos, así como el incremento de la violencia hacia las mujeres, y el establecimiento de leyes restrictivas, también fueron identificados por el Cenidh como formas de represión del Gobierno contra los nicaragüenses.
El organismo indicó que Nicaragua vive en un “Estado de excepción, un estado policial de facto, que se traduce en un vacío del derecho, en todas estas prácticas los perpetradores actúan fuera del marco normativo legal”.
El Cenidh concluyó que el futuro de los derechos humanos es incierto, debido a que Ortega ha dado “una demostración clara de su decisión de perpetuarse en el poder“.
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