El informe hace hincapié en que durante los mandatos de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) se permitió que bandas delictivas controlaran diferentes sectores carcelarios, lo que contribuyó al aumento de la violencia en el país.
Un grupo de organizaciones de Derechos Humanos en Europa ha hecho un llamado urgente a la comunidad internacional para dirigir su atención hacia la crisis en Ecuador, especialmente centrada en el problema del sistema carcelario, que alberga a más de 32 mil personas privadas de libertad.
Según explicaron en un comunicado, “la asignación de reclusos basada en afiliaciones a grupos delictivos ha intensificado alarmantemente la violencia en el país“.
Asimismo, aseguran que esto se basa en información entregada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual menciona que el crimen organizado ha impregnado profundamente las estructuras del Estado ecuatoriano.
La CIDH, en su informe anual de 2022, subrayó que este fenómeno es resultado de procesos de desinstitucionalización. La Comisión ha mostrado su profunda preocupación por el dominio de mafias, que dirigen sus actividades delictivas desde dentro de las prisiones, exacerbado por la carencia de recursos y la corrupción en todos los niveles del Estado.
Por otro lado, las organizaciones recalcan que informes revelan que durante las administraciones estatales de 2017 a 2023, los pabellones carcelarios se asignaron de modo que agrupaban a miembros de mafias, ignorando protocolos internacionales.
Es decir, que durante los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), se permitió que bandas delictivas controlaran los pabellones, contribuyendo al aumento de la violencia en un país que antes era considerado uno de los más seguros de Latinoamérica.
Finalmente, las organizaciones firmantes expresan su profunda inquietud por la situación en las prisiones ecuatorianas y cuestionan el papel de la Fiscalía y otras entidades gubernamentales por su incapacidad para detener las masacres en las cárceles, que desde 2018 han resultado en ejecuciones extrajudiciales de más de 500 reclusos.
Las actividades están enmarcadas en el lema "Salgamos a jugar", por lo que el énfasis estará en los juegos tradicionales y la "transmisión intergeneracional de la riqueza cultural". La jornada se realizará en 16 regiones del país.
