El mandatario peruano enfrenta seis investigaciones, entre las cuales destacan los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Castillo, en tanto, niega las acusaciones y apunta a un intento de golpe de Estado.
(CNN en Español) – Un nuevo capítulo en una crisis política que parece no cesar se cierne sobre el presidente de Perú, Pedro Castillo, quien este martes fue demandado constitucionalmente por la Fiscalía por ser parte, presuntamente, de una organización criminal. Y mientras Castillo, que se dice inocente, asegura que este hecho se configura como un intento de “golpe de Estado”, el país podría estar escribiendo una nueva página de una larga crisis de años que no logra conjurar.
Castillo, que ya enfrenta varios escándalos e investigaciones y ha sobrevivido a dos intentos de juicio político, habló con periodistas en la noche del martes para referirse al escándalo, rechazando las acusaciones en su contra y asegurando que la fiscalía está siendo utilizada políticamente por sus opositores.
“Se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú”, dijo el presidente este martes en la noche. “Un golpe de Estado con libretos creados, utilizando al ministerio público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una red criminal a la cual la rechazo rotundamente”.
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La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó una acusación constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, ante el Congreso de Perú. La fiscal acusa a Castillo de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Castillo ya enfrenta seis investigaciones de la Fiscalía.
“Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direcciones los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas“, dijo la fiscal general de Perú, añadiendo que esa “organización” estaría presuntamente liderada por el presidente Castillo, e integrada por otros exfuncionarios de gobierno y el ex gerente de Petro Perú, Hugo Chávez.
Benavides, que se presentó frente a las cámaras rodeada de sus funcionarios al comunicar los cargos, dijo que sus investigaciones, las de la Fiscalía, son “siempre objetivas conforme a la ley y respetando todas las garantías del debido proceso”.
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Y, como anticipándose a una acusación de estar actuando con intenciones políticas, Benavides dijo que los fiscales “no son actores políticos, sino operadores de justicia”; añadió que las investigaciones de la Fiscalía se hacen a partir de hechos y no intentando perseguir personas en particular. “La corrupción socava el orden democrático y atenta contra los derechos humanos, por ello, el combate contra la corrupción en todas las esferas del Estado debe ser unánime porque solo así la inmunidad no será impunidad”, dijo la fiscal este martes.
Con poco más de un año en el poder, Castillo enfrenta actualmente otras seis investigaciones, entre ellas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, por supuestamente dirigir una organización criminal y hasta de plagio de su tesis de maestría de profesor. Además, luego de una entrevista con CNN en la que habló de la posibilidad de cederle una salida al mar a Bolivia, fue presentada una denuncia constitucional contra Castillo por presuntas infracciones a la Constitución y el delito de traición a la patria, en agravio del Estado.
Las denuncias contra el presidente incluyen a la esposa del mandatario, Lilia Paredes, y a su cuñada, Yenifer Paredes. Esta última actualmente cumple prisión preventiva por 30 meses por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, en la mayor escalada en las investigaciones fiscales. La hermana menor de la primera dama negó las denuncias en su contra cuando compareció ante el Congreso, donde fue citada.
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Tras conocerse la acusación de la Fiscalía, el ministro de Justicia y de Derechos Humanos de Perú, Félix Chero, dijo que hay un “plan sistemático para sacar al presidente Pedro Castillo del cargo”. Chero asegura que se está instrumentalizando a la Fiscalía para llevar a cabo este plan, e invocó el artículo 117 de la Constitución diciendo que esas investigaciones no son causales para acusar al presidente.
El artículo constitucional que cita Chero establece que el presidente de Perú sólo puede ser acusado durante su periodo por cuatro causales:
Ese artículo no incluye una investigación criminal para sacar al presidente de su cargo, lo que actualmente estaría pasando, según los aliados del presidente. Ya que otras formas establecidas por la Constitución no han avanzado. El abogado penalista Carlos Caro le dijo a CNN que la Constitución no impide investigar al presidente, pues el artículo 117 prohíbe “acusar” al mandatario, algo que se daría en una etapa mucho más avanzada: “la etapa preliminar, inicial, es una investigación y esa investigación es lo que ha ordenado la Fiscalía”.
Pero, según la Constitución de Perú, hay varias formas que se contemplan para eventualmente poder apartar a un presidente de su cargo. La primera es una vacancia presidencial, que se ha intentado dos veces contra Pedro Castillo, pero no se han logrado alcanzar los votos necesarios.
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La otra modalidad que está contemplada es la acusación constitucional, que es el mecanismo utilizado por la Fiscalía en este caso, y que pone en la cancha del Congreso la decisión sobre el futuro del presidente. Luego allí en el Congreso se decidía si Castillo va a juicio político por una infracción Constitucional o va a antejuicio por la comisión de un delito.
Con la decisión de la Fiscalía, será el Congreso el que debe decidir cuál de estos dos procedimientos contra el presidente se adelantarán allí y será el Legislativo el que decida si suspende a Castillo del Cargo, si es destituido o si es destituido e inhabilitado hasta por 10 años. Según Caro, la investigación contra el presidente “implica que el presidente Castillo, por primera vez en su mandato y por primera vez en la historia del país, va a ser investigado mientras esté en funciones”.
En enero, la ex Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos abrió dos investigaciones preliminares contra el mandatario, una de ellas relacionada al caso Puente Tarata, pero decidió suspenderlas hasta que el presidente culminara su gestión. Entonces, diversos abogados constitucionalistas cuestionaron tal decisión al argumentar que, si bien la Constitución, señala que el presidente solo puede ser acusado en el ejercicio de sus funciones por traición a la patria y otros tres delitos, la carta magna no señala que éste no pueda ser investigado.
Aunque algunos legisladores han dicho que quieren lanzar un tercer intento de destitución pero han reconocido que no tienen los votos necesarios, lo que por ahora mantiene a Castillo con cierta firmeza en el poder.
Castillo niega cualquier delito y en la noche del martes afirmó que cumplirá con su mandato, que finaliza en 2026.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
