La norma fue promovida por grupos parlamentarios afines a Alberto Fujimori y una bancada conformada por exmandos de las Fuerzas Armadas. Esta impedirá que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002.
(EFE) – El Congreso de Perú promulgó ayer una ley que limita la aplicación y alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, que beneficiaría especialmente a militares y policías, después de que el Ejecutivo de Dina Boluarte no la observara y en desafío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Publicada en el diario oficial El Peruano, la Ley 32107 señala que tiene por objeto “precisar la aplicación y los alcances de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana“.
Considera que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio de 2002 y que este “tiene competencia temporal únicamente respecto de los hechos sucedidos después de su entrada en vigor en el ordenamiento jurídico peruano”.
“Nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”, concluye la norma.
La ley fue promovida por grupos parlamentarios afines al expresidente Alberto Fujimori y una bancada formada por exmandos de las Fuerzas Armadas, e impedirá que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002, con lo que queda excluido el periodo del conflicto armado interno (1980-2000) que causó más de 69.000 muertos.
Tras su aprobación en el pleno del Parlamento en julio, el Ejecutivo debía decidir si la observaba y volvía al pleno, o no pronunciarse, que es lo que ocurrió, así que, como dicta la Constitución, el Legislativo promulgó la norma.
Mientras el país esperaba dicha decisión, diversas organizaciones favor de los derechos humanos e instituciones como el Ministerio Público alertaron que su promulgación influenciaría en al menos 600 casos, entre ellos ‘La Cantuta’ y ‘Barrios Altos’ y la consideró “inviable jurídicamente”.
También se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien exhortó al Estado peruano a no promulgar esta ley.
Este viernes, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, lamentó ayer la inminente entrada en vigor de dicha ley, y dijo, con toda claridad, que la norma viola las obligaciones del país según el derecho internacional.
“La ley contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional y constituye un hecho preocupante, en medio de un retroceso más amplio en cuanto a derechos humanos y al Estado de derecho en Perú”, señaló el máximo responsable de la ONU en materia de derechos humanos.
Throssell insistió en que los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra figuran entre las violaciones más graves del derecho internacional “y no se les deben aplicar ni amnistías, ni plazos de prescripción”.
“La falta de rendición de cuentas por estos crímenes, cuando quiera que se hayan cometido, pone en peligro los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de miles de víctimas de graves violaciones en Perú”, recalcó.
Las actividades están enmarcadas en el lema "Salgamos a jugar", por lo que el énfasis estará en los juegos tradicionales y la "transmisión intergeneracional de la riqueza cultural". La jornada se realizará en 16 regiones del país.
