Entre 200 y 300 policías ingresaron al campus universitario este sábado para desalojar a los manifestantes, que ya llevaban allí tres días. Rompieron una de las puertas principales del campus con un vehículo blindado.
(CNN en Español/EFE) — La Policía Nacional de Perú (PNP) detuvo este sábado a más de 200 personas tras el desalojo del campus de la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima.
En el lugar, cientos de manifestantes venidos de todo el país acampaban desde el miércoles para participar en las marchas antigubernamentales en la capital, según informó un vocero del Ministerio Público.
La Policía Nacional tuiteó que la Policía de Lima recibió una solicitud formal este viernes de parte de los representantes legales de la universidad diciendo que personas no identificadas habían “utilizado la violencia” contra el personal de la universidad y que habían tomado el control del campus universitario.
Según una imagen del documento de solicitud compartido por la Policía Nacional, el representante legal de la universidad dijo que, aproximadamente a las 9 p.m, hora local de este viernes, un grupo de estudiantes de la universidad y “personas no identificadas” rompieron las puertas y usaron la violencia contra el personal de seguridad.
#PNPInforma 🔴 | Ante la flagrancia de las personas que habrían tomado las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en #Lima, efectivos policiales ingresaron para poder desalojarlos de dicha entidad. pic.twitter.com/RT9I8SnT0h
— Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 21, 2023
“Se solicita con urgencia que el personal policial a cargo proceda a liberar las puertas tomadas ilegalmente, con el fin de recuperar el campus universitario de la UNMSM”, se lee en la solicitud.
En un comunicado emitido este sábado, la universidad dijo que la Policía Nacional despejó las puertas de la universidad que estaban ocupadas por manifestantes que “participaron en marchas a nivel nacional”. Según el documento, el miércoles se había llevado a cabo una sesión del Consejo Universitario en el que se acordó establecer un diálogo entre una comisión de decanos y estudiantes de la universidad, y representantes de los manifestantes.
En la sesión se acordó que los manifestantes debían retirarse del recinto universitario “de manera ordenada” para el jueves a las 12 horas, hora local. La universidad dijo que el acuerdo no se cumplió. Así, hizo un llamado a la comunidad universitaria a mantener la paz, para que este lunes se puedan reanudar las actividades académicas y administrativas.
Según la agencia estatal de noticias Andina, entre 200 y 300 policías ingresaron al campus universitario este sábado para desalojar a los manifestantes que habían estado allí durante tres días. Utilizando un vehículo blindado, lograron romper una de las puertas principales del campus universitario para permitir el paso de los agentes del orden que portaban escudos y cascos. Según Andina, la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que estaban apostados cerca de las puertas de entrada.
La defensora del pueblo a cargo, Jeri Ramón, dijo este sábado que, en un comienzo, a su personal se le había impedido ingresar a la universidad para verificar las condiciones de las personas que se encontraban en el lugar. Más tarde se les permitió entrar, dijo Ramón, y agregó que su oficina interviene para que la policía respete los derechos humanos de los que están allí.
“Consideramos oportuno coordinar con las AG de Perú el operativo en la universidad para que intervengan. En un estado de emergencia, se deben garantizar los ferechos humanos y las intervenciones institucionales. Estamos atentos hasta que se complete el operativo en el campus universitario”, dijo en una entrevista al aire con RPP.
“Estaremos en la Dirincri (Centro de Operaciones de Investigación Policial) y Dircote (Dirección Contra el Terrorismo), lugares donde las personas serán trasladadas luego del operativo en la universidad, con el fin de garantizar que tengan un trato digno sin agresiones ni discriminación y que tengan acceso a revisión legal, médica y contar con abogados“, agregó.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
