La apertura de la investigación se da luego que Eduardo Pachas, abogado del presidente de Perú, Pedro Castillo, presentara una queja ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno de la Fiscalía por el allanamiento a las oficinas de la Secretaría del Palacio de Gobierno de Lima.
(EFE) – La Fiscalía de Perú anunció este sábado la apertura de una investigación preliminar contra la fiscal Norah Córdova por presuntas irregularidades cometidas por personal de su despacho en el reciente y polémico allanamiento a las oficinas del Palacio de Gobierno.
Las indagaciones fueron abiertas por la Oficina Desconcentrada de Control Interno de la Fiscalía tras una queja presentada por Eduardo Pachas, el abogado del presidente de Perú, Pedro Castillo, después de que desde el despacho de la fiscal se filtrase que el mandatario no había dado facilidades para la diligencia.
De acuerdo a un acta firmada por el fiscal adjunto Luis Medina, Castillo se negó presuntamente a que los fiscales ingresasen a las oficinas de la Secretaría del Palacio de Gobierno de Lima, lo que es negado por el gobernante y su abogado.
El allanamiento se dio dentro de la investigación de la fiscal Córdova sobre presunta corrupción en la licitación de una compra combustible de la petrolera estatal de Petroperú por valor de 74 millones de dólares que fue adjudicada a una empresa de Samir Abudayeh, con quien Castillo se reunió en el Palacio de Gobierno días antes.
Asimismo, el abogado de Castillo presentó ante la Justicia un recurso de amparo para que Córdova se abstenga de solicitar cualquier nuevo allanamiento al Palacio de Gobierno al considerar que la magistrada está actuando con parcialidad por sus conocidas opiniones contrarias a Castillo, según informaron medios locales.
Córdova no descartó el viernes en una entrevista a la emisora de radio RPP la posibilidad de solicitar nuevos allanamientos a la sede de la jefatura de Estado y de inhibirse del caso al considerar que su actuación es parcial.
La magistrada, a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, negó enfáticamente que sus marcadas opiniones políticas contrarias a Castillo afecten a la investigación.
Entre sus argumentos deslizó varias veces que ella no está facultada para investigar directamente al jefe de Estado, ya que esa competencia recae exclusivamente sobre la Fiscal de la Nación (fiscal general), Zoraida Ávalos, a quien está informando sobre los avances de las diligencias.
Durante la campaña electoral, la fiscal Córdova se posicionó públicamente en contra de la candidatura de Castillo al consignar en su foto de perfil de la red social Facebook el mensaje “no al comunismo”.
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Luego tildó de “comunistas, ‘terrucos’ (terroristas) y corruptos” a quienes acompañaban en el equipo de Gobierno de Castillo y, cuando los órganos electorales declararon ganador de los comicios al candidato izquierdista, lanzó el mensaje “habemus ‘terrucos'” (tenemos terroristas).
Sobre esas publicaciones, Córdova argumentó que corresponden a su vida privada y que no tienen relación con sus funciones como fiscal porque además fueron hechas en junio, cuando no tenía ninguna investigación donde el presidente estuviese incluido en calidad de testigo como ahora.
“Es una página de Facebook privada en la cual la Constitución me da el derecho como persona a tener una opinión. Esa publicación fue en el mes de junio. El señor presidente salió electo y mis respetos hacia él. Como fiscal provincial no tengo la facultad de investigarlo”, reseñó.
La fiscal Córdova ya era conocida desde 2018 cuando allanó las oficinas del portal periodístico IDL-Reporteros para incautar las grabaciones telefónicas que pusieron al descubierto “Los cuellos blancos del puerto”, una gran trama de corrupción judicial y tráfico de influencias y favores.
En ese caso estaba involucrado presuntamente su esposo César Serrano, quien tenía contacto con el juez supremo César Hinostroza, supuesto cabecilla de la trama, para aparentemente intentar alargar su periodo como vicepresidente de la Academia Nacional de la Magistratura.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
