El presidente de Colombia cree que en las manifestaciones del 2021 algunos jóvenes fueron apresados por su derecho a protestar. Una de sus propuestas es que al ser nombrados "gestores de paz" deberán cuidar los bienes públicos que fueron dañados para que no se repitan estos comportamientos.
(CNN Español) – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que decenas de jóvenes de la llamada primera línea, que protagonizaron las protestas contra el Gobierno en 2021 y fueron encarcelados, serían liberados y nombrados gestores de paz antes de Navidad. El anuncio desató críticas de algunos sectores que dicen que se estaría promoviendo la impunidad.
“Centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia”, dijo Petro en Pasto, Nariño, este lunes, haciendo eco de una propuesta de su campaña en la que prometió liberar a quienes hayan sido encarcelados en el marco del paro nacional, que vio protestas durante meses seguidos contra el gobierno del entonces presidente Iván Duque. “Aquí, en este lugar, en el año 2021, pasaron centenares de jovencitos que habían participado en las protestas, detenidos”, dijo Petro en un diálogo con integrantes de Juntas de Acción Comunal en el barrio Obrero de Pasto, una ciudad en el suroccidente de Colombia.
Decenas de jóvenes fueron procesados y encarcelados por participar en las manifestaciones del año pasado, algunas de las cuales terminaron en actos de violencia y vandalismo que dejaron víctimas fatales, heridos y destrucción de estaciones de transporte, autobuses y propiedad privada.
El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, aseguró que la ley permite al Gobierno aplicar esa figura de la excarcelación. Osuna reiteró que la protesta social es un derecho fundamental y que los posibles beneficiados asumirán compromisos para promover la convivencia pacífica y acuerdos humanitarios.
“Esta medida tiene como consecuencia que si estas personas están privadas de la libertad saldrán de la cárcel, pero continuarán vinculadas a los procesos penales a los que se les está investigando o enjuiciando. No es indulto, no es una amnistía”, dijo en una declaración Osuna, quien admitió la posibilidad que la medida beneficie a personas ya condenadas.
La medida de excarcelación beneficiaría no solo a jóvenes de primera línea, sino a “líderes sociales que el gobierno considere que pueden aportar a la consolidación de un proceso de paz en sus regiones y a la conflictividad social que está supremamente visible en los territorios”, dijo el ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, a periodistas en Bogotá.
“El presidente, una vez se expida el análisis de cada caso en particular en forma individual e independiente, adoptará la decisión, que va a ser básicamente una solicitud de suspensión de la captura que dirigirá a la autoridad judicial correspondiente”, dijo Prada.
Según Prada, están en estudio los casos de 230 personas. El portavoz del Gobierno reiteró que no es una amnistía y que quienes tengan procesos activos seguirán vinculados a ellos. “No es una amnistía, no es un indulto. No es un perdón judicial. Quienes vayan a ser beneficiarios de esta medida quedan vinculados inicialmente a los expedientes y correrán la suerte que finalmente decidan los jueces en sentencia judicial. Los procesos no se suspenden”, dijo el ministro del Interior.
Los beneficiarios de esta medida no podrán “violar una sola norma jurídica so pena de ser revocado el beneficio de la suspensión de la captura”, agregó Prada. Las funciones de estos nuevos gestores de paz quedarán reglamentados en el decreto presidencial y se espera que se vinculen a esto líderes juveniles, campesinos, afrocolombianos e indígenas “que podrían ayudarnos a pacificar la convivencia en los territorios y, por ello, será una medida que revisaremos con mucho cuidado”, sostuvo el ministro del Interior.
Una de las funciones como gestores de paz para quienes hayan sido sindicados por dañar bienes públicos, será la de cuidar estos bienes para que no se repitan estos comportamientos.
Sectores de oposición al gobierno se han pronunciado contra esta medida, diciendo que el gobierno premiará a quienes cometieron delitos. El ex ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, quien fue funcionario durante las protestas de 2021, dijo que las personas encarceladas durante las manifestaciones no fueron privadas de la libertad por protestar sino porque cometieron delitos.
Entre tanto, el senador de derecha Miguel Uribe dijo que si bien “protestar es un derecho. Quien lo haga, debe hacerlo pacíficamente“.”Integrantes de la primera línea están detenidos por terrorismo, homicidio y tortura. No por protestar. Petro no puede violar la ley ni la independencia de poderes. Es presidente, no dictador”.
Para la senadora Paloma Valencia, también del opositor Centro Democrático, la propuesta de Petro es “impunidad total“.
Se espera que este martes se conozca la reglamentación del decreto que daría inicio al análisis de los casos de manera individual y una vez adopte la decisión de a quien excarcelar, el presidente solicitará la suspensión de la captura de estas personas a la autoridad judicial que corresponda.
Las protestas de 2021 empezaron como un rechazo a las políticas económicas del gobierno de Iván Duque (2018-2022), entre ellas un polémica reforma tributaria que pretendía gravar con impuestos la canasta familiar en medio de la pandemia de COVID-19. Más adelante el Gobierno retiró la polémica reforma, pero los reclamos eran iban más allá: protestaban contra la brutalidad policial, el desempleo, la violación de los derechos humanos y contra el incumplimiento de los acuerdos de paz, entre otros temas.
Sin embargo, en el marco de las protestas también se reportaron gran cantidad de disturbios, que dejaron muertos, heridos y daños a propiedades. Por una parte, las organizaciones de derechos humanos reportaron muertos y heridos por cuenta de las fuerzas armadas en las jornadas de protestas sociales, y por otro, el gobierno denunció agresiones y hasta asesinatos contra miembros de la fuerza pública.
Según cifras de mayo de 2021 de la ONG Temblores e Indepaz, que contabilizaron de manera independiente las cifras que dejó el paro nacional en 2021, entre 28 de abril y el 7 de mayo se registraron por lo menos 47 asesinatos, 963 detenciones arbitrarias, 28 víctimas de heridas en los ojos y más de 1.800 hechos violentos. El gobierno de Colombia dijo que las protestas dejaron un saldo de al menos 27 muertos y más de 2.000 heridos.
Los integrantes de la primera línea son aquellos jóvenes que protagonizaron las protestas en Colombia durante 2019 y 2021. Su objetivo principal era el de estar en la primera línea de las protestas y repeler los ataques y la violencia por parte del Escuadrón Móvil Antidistubios (Esmad) a finales de 2019 contra los manifestantes y protegerlos.
El nombre de “primera línea” tiene que ver con que son los que están más cerca al Esmad cuando este está lanzando bombas aturdidoras o gases lacrimógenos contra manifestantes. Este tipo de grupos también surgieron en las manifestaciones de Chile o Hong Kong en años anteriores.
Pero la primera línea no es un es un grupo cohesionado. Existen tantos de estos grupos en tantas ciudades como sea necesario. No es un grupo único y otros se identifican con el espíritu del mismo. Se pueden entender como grupos de personas que se reúnen en diferentes puntos del país para defender a los manifestantes si hay acciones violentas de la fuerza pública en las protestas. Algunos integrantes de estos grupos fueron sindicados por las autoridades por cometer delitos secuestro, tortura, incendiar vehículos, estaciones de servicio, así como hurtos y saqueos durante el tiempo del paro nacional, según la Fiscalía.
El presidente Petro ha dicho que “centenares de jóvenes” fueron detenidos por participar en la protesta social: “El derecho a la protesta es un derecho democrático”, dijo Petro, al referirse a la propuesta para liberar a cientos de estos jóvenes que apoyarían su plan de Paz Total cuyo objetivo es pacificar al país de la violencia.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
