Esta medida se debe a que, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, solo en 2020 los hogares del país desperdiciaron 1.364 millones de kilos y/o litros de alimentos. Lo que equivale a una media de 31 kilos y/o litros de comida y una pérdida de US$ 267 anuales por persona.
(CNN en Español) – Multas costosas por desperdiciar comida: eso es lo que plantea el proyecto de ley que el Consejo de Ministros de España aprobó este martes para prevenir las pérdidas y el desecho de alimentos.
Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, solo en 2020 los hogares del país desperdiciaron 1.364 millones de kilos y/o litros de alimentos. Lo que equivale a una media de 31 kilos y/o litros de comida y una pérdida de US$ 267 anuales por persona.
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El ministro de Agricultura, Luis Planas, sostuvo que el gobierno confía en que el Parlamento apruebe el proyecto este año y la ley entre en vigencia el 1 de enero de 2023.
Planas, responsable de presentar este proyecto ante el Consejo de Ministros, argumentó que la meta es “regular el uso preferente de los alimentos para el consumo humano y su donación a los bancos de alimentos. Así como concienciar al conjunto de la sociedad para evitar la pérdida de alimentos y su despilfarro”. De esta forma, añadió Planas, el gobierno pretende alcanzar también el objetivo incluido en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas de “reducir en un 50%” el desperdicio resultante “de la venta al por menor y el consumo de las familias”.
La propuesta establece que todos los agentes de la cadena alimentaria cuenten, de forma obligatoria, con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio, en el que se identifique dónde se produce la pérdida de alimentos y qué medidas se deben tomar para evitarla. En caso de no elaborarlo, el proyecto considera que esto es una falta grave y se pueden aplicar sanciones que van de los US$ 2.140 a los US$ 64.000.
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En ese sentido, la iniciativa también apunta a evitar que se desperdicie cualquier alimento antes de que termine su vida útil. Por eso, exige a las empresas que forman parte de la cadena alimentaria a que suscriban convenios de colaboración con otras sociedades, entidades de iniciativa social y bancos de alimentos para donar y redistribuir los alimentos.
En segundo lugar, propone transformar los alimentos que no se hayan vendido, pero que mantengan sus condiciones óptimas de consumo, en productos como zumos o mermeladas, entre otros. Cuando ya no sean aptos para el consumo, se sugiere su uso para la fabricación de alimentación animal o subproductos como compost y biocombustibles.
En el caso de los bares y restaurantes, tendrían la obligación de facilitar al consumidor envases para llevar, sin costo alguno, los alimentos que no haya consumido.
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