El país se encuentra en medio de grandes protestas y huelgas generales debido a una crisis constitucional. Revisa los puntos clave de lo que ocurre en Israel.
(CNN) – Durante meses, cientos de miles han salido a las calles de todo Israel para protestar contra los cambios de gran alcance en el sistema jurídico que, según algunos, amenazan los fundamentos democráticos del país.
Las tensiones aumentaron aún más este fin de semana cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu despidió abruptamente al ministro de Defensa, Yoav Gallant, por su oposición a la reforma prevista, lo que desató protestas callejeras masivas y huelgas generalizadas.
Ministro de Defensa israelí
En esencia, la reforma judicial daría al Parlamento israelí, la Knesset (y por tanto a los partidos en el poder), un mayor control sobre el poder judicial de Israel.
Desde cómo se selecciona a los jueces hasta sobre qué leyes puede pronunciarse el Tribunal Supremo, pasando incluso por otorgar al Parlamento el poder de anular las decisiones de esta corte, los cambios supondrían la mayor remodelación del poder judicial israelí desde su fundación en 1948.
Las reformas propuestas no surgen de la nada.
Figuras de todo el espectro político han pedido en el pasado cambios en el poder judicial de Israel.
Israel no tiene una Constitución escrita, solo un conjunto de leyes básicas cuasi constitucionales, lo que hace que el Tribunal Supremo sea aún más poderoso. Pero Israel tampoco tiene otro control del poder de la Knesset que no sea el Tribunal Supremo.
Esto es lo que debes saber.
La reforma judicial consiste en un paquete de proyectos de ley que deben superar tres votaciones en la Knesset antes de convertirse en ley.
Uno de los elementos más importantes para el gobierno de Netanyahu es el proyecto de ley que cambia la composición del comité de nueve miembros que selecciona a los jueces, con el fin de dar al gobierno la mayoría de los escaños en el comité.
Netanyahu y sus partidarios sostienen que el Tribunal Supremo se ha convertido en un grupo cerrado y elitista que no representa al pueblo israelí. Sostienen que el Tribunal Supremo se ha extralimitado en sus funciones, entrometiéndose en asuntos sobre los que no debería pronunciarse.
En defensa de sus planes, el primer ministro ha señalado a países como Estados Unidos, donde los políticos controlan qué jueces federales son designados.
Otro elemento significativo de los cambios es la llamada cláusula de anulación, que otorgaría al Parlamento israelí el poder de aprobar leyes previamente declaradas inválidas por el Tribunal, anulando esencialmente las decisiones del Tribunal Supremo.
Sus partidarios afirman que el Tribunal Supremo no debe interferir en la voluntad del pueblo, que vota a los políticos para que lleguen al poder.
“Vamos a las urnas, votamos y, una y otra vez, personas a las que no hemos elegido deciden por nosotros”, declaró el ministro de Justicia, Yariv Levin, al presentar las reformas a principios de enero.
Otro proyecto de ley, ahora aprobado, dificulta que un primer ministro en ejercicio sea declarado incapaz para el cargo, restringiendo los motivos a la incapacidad física o mental y exigiendo que el propio primer ministro o dos tercios del gabinete voten a favor de tal declaración.
Aunque hay varios proyectos de ley que podrían afectar a Netanyahu, el relativo a cómo declarar a un primer ministro “incapaz para el cargo” es el que tiene mayores implicaciones para el primer ministro israelí.
Los críticos dicen que Netanyahu está impulsando la revisión debido a su propio juicio por corrupción, en el que se enfrenta a cargos de fraude, soborno y abuso de confianza. Él niega haber cometido ningún delito.
Los líderes de la oposición consideran que el proyecto de ley es una forma de proteger al primer ministro de ser declarado no apto para el cargo como resultado del juicio.
Como parte de un acuerdo con el tribunal para ejercer como primer ministro a pesar de estar siendo juzgado, Netanyahu aceptó una declaración de conflicto de intereses. El fiscal general determinó que la declaración significaba que Netanyahu no podía participar en la elaboración de las políticas de la reforma judicial. Actualmente hay una petición ante el Tribunal Supremo israelí para que declare a Netanyahu no apto para el cargo alegando que ha violado esa declaración de conflicto de intereses, y el fiscal general ha escrito una carta abierta a Netanyahu diciendo que ha incumplido el acuerdo y la ley.
Los críticos también argumentan que, si el gobierno tiene más voz en el nombramiento de los jueces, los aliados de Netanyahu nombrarán a jueces que saben que fallarán a favor de él.
Netanyahu, hay que decirlo, lo ha negado completamente y ha afirmado que su juicio se está “desmoronando” por sí solo.
En el pasado, Netanyahu ha expresado públicamente su firme apoyo a un poder judicial independiente. Al preguntársele por qué apoya esa reforma a pesar de esos comentarios públicos, el primer ministro dijo a Jake Tapper de CNN: “No he cambiado de opinión. Creo que necesitamos un poder judicial fuerte e independiente. Pero un poder judicial independiente no significa un poder judicial desenfrenado, que es lo que ha ocurrido aquí, quiero decir, en los últimos 25 años”.
Debilitar el poder judicial podría limitar tanto a israelíes como a palestinos a la hora de recurrir a los tribunales en defensa de sus derechos si creen que el gobierno los pone en peligro.
Los palestinos de la Ribera Occidental ocupada podrían verse afectados y, por supuesto, los ciudadanos palestinos de Israel o los titulares de tarjetas de residencia se verían directamente afectados. El Tribunal Supremo de Israel no influye en lo que ocurre en Gaza, gobernada por Hamás.
A los críticos de los cambios les preocupa que, si los políticos tienen más control, los derechos de las minorías en Israel, especialmente los palestinos que viven allí, se verían afectados.
El año pasado, por ejemplo, el tribunal detuvo los desalojos de familias palestinas en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, donde grupos judíos han reclamado la propiedad de tierras en las que las familias han vivido durante décadas.
Al mismo tiempo, activistas palestinos han argumentado que el alto tribunal ha afianzado aún más la ocupación israelí de la Ribera Occidental, al no haber considerado nunca la legalidad de los asentamientos israelíes allí, a pesar de que la mayor parte de la comunidad internacional los considera ilegales.
El alto tribunal también ha sido objeto de quejas por parte de la extrema derecha israelí y los colonos, que afirman que está sesgado contra ellos y han condenado la participación de la corte en la aprobación del desalojo de colonos de Gaza y el norte de la Ribera Occidental en 2005.
La reforma ha causado inquietud en los sectores financiero, empresarial, académico y de seguridad de Israel.
Los críticos afirman que la reforma va demasiado lejos y destruirá por completo la única vía disponible para proporcionar controles y equilibrios al poder legislativo israelí.
Advierten que perjudicará la independencia del poder judicial y lesionará derechos no consagrados en las leyes básicas cuasi constitucionales de Israel, como los derechos de las minorías y la libertad de expresión.
Según una encuesta publicada en febrero por el Instituto Israelí para la Democracia, sólo una minoría de israelíes apoya las reformas. La gran mayoría (el 72%) quiere que se llegue a un compromiso y, aun así, el 66% piensa que el Tribunal Supremo debe tener poder para anular leyes y el 63% de los israelíes cree que el método actual de nombramiento de jueces debe seguir como está.
Miembros del sector de la tecnología de punta, típicamente apolítico, también se han manifestado en contra de las reformas. Assaf Rappaport, CEO de la empresa de ciberseguridad Wiz, declaró que la empresa no trasladará a Israel ninguno de los US$ 300 millones de capital que ha obtenido recientemente debido al malestar suscitado por la reforma.
El gobernador del Banco Central de Israel, Amir Yaron, declaró a Richard Quest de CNN que las reformas son demasiado “precipitadas” y corren el riesgo de perjudicar a la economía.
Varios ex jefes del Mossad también se han pronunciado en contra de las reformas, advirtiendo que la división en torno a esta cuestión está perjudicando a la seguridad israelí. Cientos de reservistas del ejército israelí han advertido de que no responderán a la llamada a filas si se aprueban las reformas, afirmando que creen que Israel dejará de ser una democracia plena con los cambios.
El presidente israelí, Isaac Herzog, ha declarado que la legislación del gobierno es “equivocada, brutal y socava nuestros fundamentos democráticos”, y ha advertido que Israel se encuentra potencialmente al borde de una “guerra civil”. Aunque la presidencia israelí es en gran medida un papel ceremonial, Herzog ha hablado activamente con todas las partes que piden negociaciones.
El lunes, instó al gobierno a detener inmediatamente el proceso de reforma judicial, diciendo que “los ojos del mundo entero están puestos en ustedes”.
Y en el frente internacional, los aliados de Israel, incluido Estados Unidos, también han expresado su preocupación por la reforma.
Según la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo a Netanyahu en una llamada telefónica a mediados de marzo que “las sociedades democráticas se fortalecen con auténticos controles y equilibrios, y que los cambios fundamentales deben llevarse a cabo con la base más amplia posible de apoyo popular”.
Los organizadores de las protestas dicen que piensan intensificar sus manifestaciones hasta que se detenga la legislación. Pero el gobierno afirma que recibió un mandato de los votantes para aprobar la reforma cuando fue elegido el pasado noviembre.
A mediados de marzo, el gobierno de coalición suavizó sus planes por primera vez, anunciando que había modificado el proyecto de ley que reformaría el comité que selecciona a los jueces. En lugar de tener la gran mayoría de los escaños designados en el comité, los miembros nombrados por el gobierno tendrían una mayoría de un escaño.
Netanyahu ha prometido seguir impulsando las reformas. Pero su decisión de despedir a Gallant el domingo, un día después de que el ministro de Defensa pidiera una pausa en la iniciativa del gobierno de revisar el sistema judicial del país, desató la confusión. Gallant, miembro del partido de Netanyahu, el Likud, fue el primer ministro que se pronunció públicamente a favor de un aplazamiento.
La federación sindical israelí Histadrut convocó para este lunes una huelga general “histórica” para aumentar la presión sobre Netanyahu para que detenga su reforma judicial. Los trabajadores de puertos, aeropuertos y comercios minoristas fueron algunos de los que se declararon en huelga.
Mientras tanto, el ex primer ministro israelí Yair Lapid instó a Netanyahu a dar marcha atrás en su decisión de despedir a Gallant y pidió a su gobierno que detuviera su revisión judicial, diciendo a la Knesset que el país había sido “tomado como rehén por un puñado de extremistas sin frenos ni límites”.
Netanyahu ha pedido con anterioridad a los políticos de la oposición que se reúnan con él para negociar, algo que han dicho que solo harán si se detiene el proceso legislativo.
Para complicar aún más las cosas, si los proyectos de ley se aprueban en el Parlamento, el Tribunal Supremo deberá decidir sobre las leyes que limitan su propio poder. Esto plantea la posibilidad de un enfrentamiento constitucional. ¿Anularía las leyes el Tribunal Supremo? En caso afirmativo, ¿cómo respondería el gobierno?
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