La presidenta interina de ese país dijo que la medida se tomó porque "hemos logrado la ansiada pacificación”. El polémico decreto había sido criticado por Human Rights Watch, desde donde señalaron que era "un cheque en blanco para cometer abusos".
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, revocó el decreto que eximía a las Fuerzas Armadas de Bolivia de sus responsabilidades penales en los operativos que buscaban “pacificar” el país en medio de las crisis de principios de noviembre.
En un evento en el palacio presidencial en La Paz, la mandataria interina aseveró que el decreto supremo es una herramienta constitucional que sirve “cuando la seguridad del estado o la ciudadanía se siente amenazada”. Sin embargo, reiteró que revocar dicha medida es signo de la pacificación que está llegando al país gracias a todos los grupos sociales.
“Esta determinación ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y la comprensión de todos los sectores del país hemos logrado la ansiada pacificación”, aseguró Áñez.
El decreto supremo 4078 fue firmado por Áñez el 14 de noviembre en medio de una crisis institucional y de orden público, después de conflictos que dejaron más de 20 muertos y decenas de heridos debido a los resultados de las elecciones de octubre 20 que daban ganador en primera ronda a Evo Morales y a los que la oposición acusó de fraude.
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El pasado 19 de noviembre, la organización Human Rights Watch expresó su grave preocupación por el decreto que otorgaba a las cuerpos militares y de seguridad amplia discreción para el uso de la fuerza. Según dijo en su momento José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América, las medidas adoptadas por el gobierno “parecen priorizar la brutalidad para neutralizar a los oponentes y críticos y otorgan a las fuerzas armadas un cheque en blanco para cometer abusos, en vez de trabajar para restablecer el estado de derecho en el país”.
Estas declaraciones se sumaron a las de la alta comisionada por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien señaló que las muertes derivadas de las protestas en Bolivia parecen ser el resultado de “un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar”.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que el decreto desconocía los estándares internacionales de derechos humanos, y que por su estilo estimula la represión violenta.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
