Gabriel Cruz tenía solo ocho años cuando fue asesinado en España por la que era novia de su papá en 2018. Su madre, Patricia Ramírez, acudió al Senado y denunció que la asesina de su hijo estaría dando entrevistas para una serie documental por la que recibiría una compensación económica.
(CNN Español) – Patricia Ramírez es la mamá de Gabriel Cruz, un niño de ocho años asesinado en Almería, sur de España, por la que era novia de su papá en 2018, y cuyo caso se volvió mediático. Tras años de una cruzada para evitar que su caso se vuelva una serie de True Crime, logró que la productora cesara la realización de ese documental.
“Yo creo que el límite está en el respeto a las familias, en que se les pida consentimiento, que no se les haga daño y que se trate de forma respetuosa a las víctimas”, dijo Ramírez a CNN en una llamada telefónica.
“Yo no puedo estar en contra del true crime ni de los documentales porque hay grandes películas y grandes productores que han hecho mucho bien”, expresó.
“Yo estoy en contra de lo que se me está haciendo a mí”, dijo. ” Jamás estaría en contra de las decisiones que tome otra víctima en contra de sus casos”.
Lo que Ramírez busca es que del caso de su hijo no se hable más, que no se alimente el morbo alrededor: “Y desde luego que no sean sus asesinos los que lo hagan para limpiarse la cara y cobrando por ello”.
La semana pasada Ramírez acudió a una audiencia ante la Comisión Interior del Senado de España en la que denunció que la asesina de su hijo, Ana Julia Quezada, condenada en 2019 a cadena perpetua con derecho a revisión, estaría dando entrevistas para una serie documental sobre el crimen de Gabriel, y que recibiría una compensación económica por ello.
“Piensan que somos actores, pero esto es nuestra vida”, dijo ante el Senado.
Ramírez ha denunciado las supuestas entrevistas en prisión a la asesina confesa de su hijo desde, al menos desde noviembre de 2023 cuando se enteró que continuaba la producción de un documental por el que Quezada recibiría dinero con el que pagaría parte de la indemnización de US$ 270.000 a los padres de Gabriel. Dice que las entrevistas fueron obtenidas de manera irregular y criticó al Ministerio del Interior y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias por no impedir las grabaciones.
Después de estas denuncias, el diario El País reportó que Quezada fue trasladada a un módulo de aislamiento en el centro penitenciario de Brieva, en Ávila, para protegerla. Y el Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias remitieron a un comunicado, citado por la agencia EFE, que dice que el Ministerio y la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias escuchó las peticiones de Ramírez e investiga “cualquier posible irregularidad en el ámbito penitenciario”. CNN se ha intentado comunicar con las dos instituciones pero no ha recibido una respuesta hasta el momento.
Esteban Hernández Thiel, quien fue abogado de oficio de Quezada, dijo a CNN en un correo que no conoce de acuerdos económicos ni que se le haya pagado “un solo euro” a la mujer. “Obviamente, no habiéndose concedido por las autoridades entrevista alguna, es difícil que pueda la señora Quezada cobrar por ello”.
La noticia de las entrevistas a Quezada le llegó hace tres años a Ramírez cuando la contactaron para que participara. “Se les dijo que no y fue la última vez que salí públicamente” a hablar del caso, le dijo a CNN.
Pero al parecer la productora habría seguido insistiendo en esas entrevistas hasta ahora, razón por la que Ramírez le pidió al Senado español que se legisle para que los condenados en prisión por delitos graves y contra la vida no puedan lucrarse, que no se les hagan entrevistas o documentales sobre sus delitos sin el consentimiento de las víctimas. Solicitó medidas preventivas para que si los condenados por esos delitos pedían permisos para hacer entrevistas se les informase a las víctimas.
“Solicito como consecuencia de esto que dentro de prisión un preso condenado por delitos violentos, como he dicho antes de especial gravedad, no pueda jamás realizar ni un documental, ni una serie televisiva, ni un libro”, dijo la mujer.
Ella no reveló el nombre de la productora, pero dijo que la semana pasada retiraron formalmente la propuesta de la realización del mismo. “No lo voy a dar. No quiero una campaña de odio contra ellos”, aseguró en CNN. “No quiero crear una campaña de odio en contra de nadie porque a la primera que me dañaría es a mí”.
En mayo, Ramírez dijo que el abogado Hernández Thiel estaba “dirigiendo” y promocionando presuntamente un documental. “Creo que este abogado se ha saltado todas las líneas que separan el comportamiento ética moral de la cultura propia de las almas oscuras”.
“Jamás he propuesto ni hablado nada con la señora Patricia Ramírez sobre documentales”, dijo el abogado a CNN, y negó que haya estado involucrado en la producción de documentales. “Mi trabajo es el de abogado”. Aseguró que su labor con Quezada ha sido asesorarla legalmente “sobre las implicaciones de conceder dicha entrevista”.
El documental que ya no será producido no ha sido el único que Ramírez ha rechazado. Durante estos tres años, luego de la condena de Quezada, Ramírez había guardado silencio porque no quiere aparecer más ante los medios de comunicación exponiendo el caso de su hijo. Rechaza la palabra “mediático” cuando se habla del asesinato de su hijo.
Hace un año y medio, según cuenta, la productora de la serie “Una historia de crímenes” de Amazon Prime la contactó para que saliera en un episodio contando el caso de su hijo y hablando sobre la figura de prisión permanente revisable (o cadena perpetua revisable) a la que fue condenada la asesina del niño.
“Se nos ofrece un dinero que podemos donar a otras asociaciones y aun así se les dice que no“, dijo Ramírez ante periodistas en una rueda de prensa en mayo. “No por no apoyar esta pena sino porque no queríamos volver a exponer a nuestro hijo y repetir su caso porque necesitamos descansar”.
Amazon Prime le dijo a CNN que no es la productora del documental, que solo compró la licencia del programa, pero que jamás ha contactado a Ramírez. Amazon remitió a CNN a la productora de la serie, Ficción Producciones, que aún no ha respondido una solicitud para hacer comentarios sobre este tema.
Ramírez le dijo a CNN que el caso de Gabriel salió en la serie “sin nuestro consentimiento”. En el episodio expertos comentan la condena a prisión permanente revisable en el caso de Gabriel, ya que Quezada fue la primera condenada en España a esta pena, pero los familiares del niño no participaron en él. Se usan imágenes de archivo de la búsqueda del niño y del juicio contra Quezada.
Ramírez no quiere que del violento asesinato de su hijo se use para alimentar el morbo.
“Creo que hay una tendencia en todos estos true crime, últimamente, de enfocar al asesino y romantizarlo, que sin querer nos hacen que parece que estuviéramos viendo espectáculo cuando son personas reales. Y se le da poco protagonismo a la víctima”, dijo a CNN.
En España hay una ley de protección de la infancia y adolescencia que establece “el respeto al honor, a la intimidad y a la propia imagen de la víctima y sus familiares” y prohíbe la difusión de cualquier imagen sin autorización expresa de herederos o progenitores”.
“Su imagen no es solo su foto (la de la víctima) sino decir que la golpeó o la insultó, o no contar la verdad”, dijo Ramírez.
El padre del niño, Ángel Cruz, pidió el pasado mes de mayo en un video compartido con periodistas que se respete la memoria de Gabriel y que no se permita que se escuchen las palabras de la confesa asesina.
“No podemos vivir en una sociedad tan vacía en la que por un puñado de euros podamos permitir que un asesina vuelva a hablar y vuelva a mentir sobre lo que ocurrió aquel día con un niño pequeño de 8 años, que no tenía culpa de nada, y que hoy en día por desgracia ya no lo tenemos con nosotros”.
La lucha de Ramírez por preservar la memoria de su hijo pone en relieve el debate sobre cómo se consume la información de crímenes en medios de comunicación. La mujer lucha por resguardar la memoria de su hijo y evitar que ella y su familia sean revictimizados. Quiere que el niño sea recordado vivo y no bajo los titulares amarillistas de la prensa y de las redes sociales.
En la audiencia en el Senado mostró una fotografía enmarcada de Gabriel en el que aparece días antes de su muerte, vestido con un gorro y una bufanda azul. Recordó que la tomó en un momento de felicidad y fue esa fotografía la que publicó para buscarlo, pero ahora le genera sentimientos encontrados.
“Esta foto desgraciadamente para mí tiene connotaciones muy negativas porque sirvió para encontrarlo pero también se ha lanzado al porno, al gore, a cualquier campaña que a cada uno le ha dado la gana de poner su foto para anunciar cualquier cosa de marketing o publicidad desvirtuando lo que era un momento precioso”, dijo.
“Pedimos solo ayuda para buscarlo, no para todo este despropósito que hay detrás”, dijo, criticando la divulgación que se le ha dado a los detalles del crimen de su hijo.
Ante el Congreso pidió que se establezca un Pacto de Estado (un acuerdo político para establecer directrices a largo plazo sin importar qué partido esté en el poder) para proteger a las víctimas de mal manejo de las informaciones públicas. Pero también quiere poner en la mesa el debate sobre la fascinación de la gente con los crímenes mediáticos.
“Hay que aprender en en medios y en redes sociales a consumir sucesos. Hay que enseñar a las nuevas generaciones y a los que estamos a consumir sucesos de forma responsable. El consumo de la violencia no puede ser morbo y espectáculo. A lo único que nos lleva es a generar más violencia”.
En medio de esta lucha para evitar que los perpetradores de crímenes violentos tengan voz pública, Ramírez pidió tener una conciencia ética y moral para “no añadir más dolor al dolor”.
“¿Queremos convertirnos en Estados Unidos donde los asesinos tienen club de fans? ¿Dónde hasta los pequeños en los bolos y en los donuts se les meten muñequitos de Ted Bundy y todos estos personajes que hacen tantísimo daño?”.
“Si no lo paramos esto es lo que va a pasar (en España)”, dijo.
Durante seis años esta mujer ha lidiado con el trauma de la muerte violenta de su hijo y quiso permanecer alejada del foco de los medios. Ahora espera que Gabriel sea recordado como un niño feliz, no con las imágenes violentas de su muerte.
“No hablen más del caso, dejarlo que se vaya con su sonrisa y el abrazo de esta ciudad”.
“Les aseguro que yo ni mi familia jamás hará nada que tenga que ver con su caso para contarlo y mucho menos lucrándonos de ello”.
En Cuestión de Opinión, el conductor de CNN Chile Radio comentó la importancia de los permisos razonables para la construcción de estructuras. Esto a raíz del mortal derrumbe en Argentina, cuya causa habría sido trabajos clandestinos.
