Shannon Phillips, que en aquel momento supervisaba zonas que incluían Filadelfia, dijo que Starbucks le había ordenado poner a un empleado blanco en baja administrativa debido a una supuesta conducta discriminatoria que Phillips dijo que sabía que era inexacta. Después de que Phillips intentara defender al empleado, la empresa la despidió.
(CNN) — Un jurado falló este lunes a favor de la exdirectora regional de Starbucks Shannon Phillips, quien demandó a la empresa por despedirla injustamente, argumentando que lo hicieron por ser blanca.
Phillips, quien trabajó para Starbucks durante unos 13 años y dirigió una región de tiendas en la zona, fue despedida tras la detención de dos hombres negros en un Starbucks de Filadelfia, en abril de 2018.
El jurado de Nueva Jersey emitió un veredicto de US$ 25,6 millones, incluidos US$ 25 millones por concepto de daños punitivos y US$ 600.000 en daños compensatorios, según Console Mattiacci Law, que representa a Phillips. El jurado falló por unanimidad tras un juicio de seis días, dijeron los abogados, señalando que Phillips también reclamará salarios atrasados y anticipados.
Starbucks ha manifestado su decepción por la decisión y está evaluando los pasos a seguir, según declaró la portavoz de la empresa, Jaci Anderson, a CNN.
El veredicto de esta semana es el giro más reciente en un incidente que desató protestas e indignación. En 2018, se pidió a dos hombres que abandonaran la cafetería después de sentarse en una mesa sin ordenar. Los hombres, que se negaron a irse porque estaban esperando a un socio de negocios, fueron escoltados fuera de la cafetería esposados después de que un gerente de la tienda llamara a la policía. Más tarde llegaron a acuerdos de conciliación con Starbucks y la ciudad de Filadelfia.
En una demanda presentada por primera vez en 2019, Phillips dijo que la compañía la discriminó por su raza cuando la despidieron.
La demanda de 2019 decía que, tras el arresto, Starbucks “tomó medidas para castigar a los empleados blancos que no habían estado involucrados en los arrestos, pero que trabajaban en la ciudad de Filadelfia y sus alrededores, en un esfuerzo por convencer a la comunidad de que había respondido adecuadamente al incidente”.
Phillips, que en aquel momento supervisaba zonas que incluían Filadelfia, dijo que Starbucks le había ordenado poner a un empleado blanco en baja administrativa como parte de estos esfuerzos, debido a una supuesta conducta discriminatoria que Phillips dijo que sabía que era inexacta. Después de que Phillips intentara defender al empleado, la empresa la despidió, dijo.
El motivo del despido, según la denuncia, fue que “‘la situación no es recuperable‘”. La demanda argumentaba que esto era “un pretexto para la discriminación racial”, y añadía que la “raza de Phillips fue un factor motivador y/o determinante en el trato discriminatorio [de Starbucks]”.
Starbucks, que negó las reclamaciones en su momento, afirmó en una presentación judicial de 2021 que, tras el incidente, “los altos directivos y los miembros de Recursos Asociados observaron todos que la Sra. Phillips demostró una ausencia total de liderazgo durante esta crisis”.
Phillips, argumentó la empresa, “parecía abrumada y no era consciente de lo crítica que se había vuelto la situación“. El supervisor de Phillips decidió despedirla finalmente “porque era esencial un liderazgo fuerte durante ese tiempo“, según el documento.
Una crisis para Starbucks
El incidente de 2018 supuso una importante crisis de relaciones públicas para la compañía. Tras las detenciones, Starbucks tomó varias medidas para intentar remediar la situación.
El entonces CEO, Kevin Johnson, se disculpó, diciendo que lo sucedido era “reprobable” y prometiendo hacer los cambios necesarios para asegurarse de que algo así no volviera a suceder.
Starbucks no tardó en cambiar su política para permitir a la gente usar los baños de Starbucks y pasar tiempo en las tiendas, aunque no hubieran hecho ninguna compra. La cadena de cafeterías también cerró unas 8.000 tiendas propias durante una tarde para impartir formación antiprejuicios obligatoria a unos 175.000 empleados.