El Sistema Penitenciario Nacional Peruano confirmó esta jornada la liberación del expresidente Alberto Fujimori, tras 14 años en prisión, en cumplimiento a un dictamen emitido por el Tribunal Constitucional del país andino que ordenó "la inmediata libertad" del exmandatario.
(EFE/CNN en Español) – El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) fue puesto en libertad este miércoles en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió a las autoridades del país andino que se abstuvieran de hacerlo.
Tras 14 años en prisión, el Sistema Penitenciario Nacional Peruano confirmó que Fujimori abandonó el penal de “Barbadillo”, en el este de Lima, un día después de que se conociera que el TC dispuso “la inmediata libertad del favorecido”.
La decisión del tribunal surgió tras la restitución de los efectos del indulto humanitario otorgado a Fujimori en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, que la Justicia peruana dejó sin efecto un año después, tras lo cual Fujimori regresó a prisión.
“El #INPE en cumplimiento del mandato del Tribunal Constitucional que dispone la inmediata libertad del interno Alberto Fujimori Fujimori, luego de procesar el documento de conformidad con los protocolos internos, procederá con la ejecución de la libertad”, publicó la entidad carcelaria en X.
Una figura divisiva
Alberto Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses, fue presidente de Perú entre 1990 y 2000. El mandatario renunció a la presidencia vía fax en el año 2000 luego de hacerse públicos los escándalos de corrupción a través de los conocidos ‘vladivideos’, una colección de videos caseros elaborados por su asesor Vladimiro Montesinos, que hicieron caer a Fujimori tras una década en el poder.
A su mano fuerte se le atribuye la derrota de los terroristas de Sendero Luminoso, que desestabilizaron al país, y sus austeras políticas económicas que frenaron la hiperinflación.
Sin embargo, el expresidente también tiene una mancha de autoritarismo y usó a las fuerzas de seguridad para reprimir a sus oponentes.
En 2009, un tribunal especial de la Suprema Corte de Justicia lo condenó a 25 años en prisión por crímenes contra la humanidad.
Esto incluye “su rol en la ejecución extrajudicial de 15 personas en el distrito de Barrios Altos de Lima, la desaparición forzada y el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, y dos secuestros”, según relató Human Rights Watch en julio pasado.
Esto quedó evidenciado en un informe de la Comisión Investigadora de la gestión presidencial de Alberto Fujimori, publicado en el año 2002. En ese documento, el Congreso de Perú concluyó que hubo “indicios razonables” para establecer que durante su mandato el presidente “tuvo conocimiento, ordeno, dispuso y/o consintió las actividades delictivas del denominado ‘Grupo Colina’”, cuyos integrantes fueron autores de los hechos mencionados.
Otros casos
En diferentes juicios, Fujimori fue declarado culpable de irrumpir en la casa de un exespía para robar videos incriminatorios, tomar dinero del Tesoro del Gobierno para pagar al jefe de espionaje y autorizar escuchas telefónicas ilegales y sobornar a congresistas y periodistas.
En 2015 recibió otros 8 años de prisión por el delito de peculado por los llamados ‘diarios Chicha’. La justicia peruana lo acusó por el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas al Servicio de Inteligencia Nacional para comprar la línea editorial de las publicaciones en favor de la reelección.
El informe del Congreso de 2002 ya había dicho que durante el Gobierno de Fujimori “sí hubo una política pagada con fondos del Estado” para usar a los medios de comunicación como instrumento político para demoler moralmente a los opositores.
En 2017, Fujimori se salvó de un nuevo juicio por la esterilización a miles de mujeres durante su Gobierno.
Grupos defensores de derechos humanos alegan que la esterilización se le practicó forzosamente a más de 2.000 mujeres durante el Gobierno de Fujimori, en un intento de reducir la pobreza mediante la reducción de la tasa de natalidad.
Sin embargo, el fiscal Marco Guzmán concluyó en 2014 que el Gobierno de Fujimori no cometió crímenes contra la humanidad durante esa campaña de natalidad a la que se sometieron voluntariamente 300.000 mujeres.
