El documento presentado en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Texas, argumenta que el presidente no tenía autoridad para negarse a gastar los fondos que el Congreso autorizó durante la administración de Trump para ordenar la construcción del muro fronterizo.
(CNN) – Texas y Missouri presentaron una demanda contra el gobierno de Biden por sus esfuerzos para detener los proyectos de construcción del muro en la frontera sur de Estados Unidos.
El documento, presentado en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Texas, argumenta que el presidente Biden no tenía autoridad para negarse a gastar los fondos que el Congreso autorizó durante la administración de Trump para ordenar la construcción del muro fronterizo.
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Por lo tanto, según los estados, el Departamento de Seguridad Nacional actuó sin autoridad al implementar la proclamación de Biden del 20 de enero para pausar la construcción, “incluyendo la cancelación de los contratos celebrados con el propósito de construir el muro fronterizo”.
En una de sus primeras acciones en el cargo, Biden ordenó una pausa en la construcción del muro y pidió una revisión de los proyectos y los fondos.
“El presidente y sus agencias no pueden anular unilateralmente los proyectos de ley de asignación de presupuesto debidamente promulgados para cumplir una promesa de campaña”, señala la demanda.
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Los estados sostienen que la negativa del gobierno de Biden a gastar las asignaciones del Congreso en el muro permite que más migrantes entren y permanezcan en Missouri y Texas, lo que resulta en un aumento de los costos para emitir licencias de conducir, proporcionar educación pública, proporcionar atención médica y procesar y encarcelar a las personas en los sistemas de justicia penal de los estados.
“El desmantelamiento de las medidas de seguridad fronteriza, como la construcción del muro fronterizo, hace que Missouri y Texas incurran en costos irrecuperables en la emisión de permisos de conducir, la provisión de educación y la administración de la atención sanitaria”, explica el documento.
Los estados solicitan al tribunal que declare ilegal el cese de la financiación y obligue a gastar los fondos.
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