El Gobierno considera que la oficina ha "instrumentalizado" su trabajo en contra del Ejecutivo y que ha actuado con parcialidad y como el "bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país".
(EFE) – El Gobierno de Venezuela suspendió este jueves las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas, al considerar que han “instrumentalizado” su trabajo en contra del Ejecutivo.
Además de suspender las actividades de la oficina técnica, establecida desde septiembre de 2019, el Gobierno señaló que hará una “revisión integral de los términos de cooperación” acordados con la organización en los próximos 30 días y ordenó la expulsión de 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que operan en Caracas.
Venezuela “solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en la siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas”, dice el comunicado, que fue leído ante periodistas por el canciller Yván Gil.
El ministro explicó que la decisión responde al “impropio papel que esta institución ha desarrollado”, actuando con parcialidad y como el “bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.
Desde la firma de la carta de entendimiento, en 2019, la oficina “ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la constitución”, prosigue el escrito.
Sin embargo, reiteró su “voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos”.
La decisión se produce un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, asegurara que el Gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país, que concluyó el miércoles.
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