De todas las sobrevivientes de agresión sexual entrevistadas, solo una dijo que había tratado de denunciarlo.
En un nuevo informe, se presentan denuncias alarmantes de abusos sexuales generalizados presuntamente cometidos por funcionarios de Corea del Norte contra mujeres, que detallan evidencias de una cultura en la que los funcionarios cometen actos con casi total impunidad.
El extenso informe de 98 páginas de Human Rights Watch (HRW), que se publicó este jueves y tardó más de dos años en compilarse, se basa en docenas de entrevistas con víctimas de abuso sexual que han huido de Corea del Norte.
Revela un mundo opresivo donde los funcionarios, desde agentes de policía y guardias de prisiones hasta supervisores de mercado, no enfrentan prácticamente ninguna consecuencia por el abuso rutinario hacia las mujeres.
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“El contacto sexual no deseado y la violencia que es tan común en Corea del Norte ha llegado a ser aceptada como parte de la vida cotidiana”, afirma el informe.
La violencia sexual en el país es “un secreto abierto, no abordado y ampliamente tolerado”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch.
El informe reporta que en los vagones de ferrocarril, las mujeres se suelen enfrentar al acoso por parte de funcionarios gubernamentales masculinos y agentes de transportes.
De todas las sobrevivientes de agresión sexual entrevistadas para el informe, solo una dijo que había tratado de denunciarlo. Ninguna de las otras informa sobre el ataque que sufrieron porque “no confiaban en la policía y no creían que la policía estuviera dispuesta a tomar medidas”, dice el informe.
“En los días que les pareció bien, los guardias del mercado o los agentes de la policía podían pedirme que los siguiera a una habitación vacía fuera del mercado, o a algún otro lugar que eligieran”, citó el informe a una ex comerciante, de unos 40 años, que huyó de Corea del Norte en 2014 (HRW usa un alias). Ella dice que había sido agredida sexualmente muchas veces.
“Nos consideran juguetes (sexuales). Estamos a merced de los hombres”, dijo.
Un policía verifica si una comerciante ha escondido material “antisocialista” en sus pertenencias. El informe alega que los agentes justifican hacer registros de pertenencias a comerciantes mujeres para realizar registros de todo el cuerpo.
Heo Jong-hae, expolicía de Corea del Norte y víctima de abuso sexual, le dijo a CNN que el 90% de las mujeres que conocía habían sido agredidas sexualmente.
Dijo que una de sus amigas pensó en suicidarse después de ser agredida a los 17 años.
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Heo dijo que para progresar, muchas mujeres se unen al ejército, pero “los funcionarios a cargo exigirán favores sexuales. Para unirse al partido, uno debe cumplir”.
Agregó que, en su experiencia, en el supuesto poco frecuente de que un caso sea denunciado a la policía, existe presión para que se abandone la investigación. “Cuando el agresor es un funcionario, incluso si el caso llega a la policía, será ignorado”, dijo.
Mujeres sentadas en un centro de detención preventiva policial. El informe señala que las detenidas suelen ser obligadas a asumir esta postura.
Si bien Pyongyang tiene leyes que penalizan la violación, el tráfico y las relaciones sexuales con sus subordinados, el informe señala que el Gobierno de Corea del Norte apenas reconoce la existencia de una violación en el país.
En julio pasado, el Gobierno de Corea del Norte dijo a la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que solo nueve personas, en todo Corea del Norte, fueron condenadas por violación en 2008, siete en 2011 y cinco en 2015.
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Un informe de 2014 de la ONU sobre derechos humanos encontró que las violaciones de derechos humanos, incluidos el asesinato, la esclavitud y la tortura, eran frecuentes en ese país.
Agregó que la violencia sexual y de género era común en toda la sociedad norcoreana, incluso en el trato con los funcionarios. Algunos de los incidentes de violencia sexual, incluidos los abortos forzados y las violaciones cometidas contra mujeres detenidas y encarceladas, calificaron como crímenes de lesa humanidad.
Una comerciante da un soborno a un supervisor de mercado. El informe describe cómo las mujeres comerciantes ofrecen sobornos para evitar posibles acosos.
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