Esta nueva normativa, impulsada por la Agenda de Seguridad, busca reducir los fraudes y suplantaciones de identidad en la contratación de servicios.
Desde este febrero, todas las empresas de telecomunicaciones están obligadas a validar la identidad de sus clientes mediante parámetros biométricos. Esta nueva normativa, impulsada por la Agenda de Seguridad, busca reducir los fraudes y suplantaciones de identidad en la contratación de servicios.
Según explicaron expertos en seguridad informática, la biometría se basa en tres principios clave: algo que sabes (como una clave o PIN), algo que tienes (como un teléfono para autenticación en dos pasos) y algo que eres (como huella digital o reconocimiento facial).
Con este enfoque, las compañías han implementado sistemas que exigen a los clientes proporcionar su huella dactilar o una foto de su rostro al momento de realizar cualquier trámite.
Las autoridades destacan que esta medida es totalmente gratuita para los usuarios y solo conlleva beneficios en términos de seguridad. Sin embargo, ha surgido la duda sobre qué sucede con los datos personales recopilados.
Uno de los operadores que ya ha implementado esta normativa es WOM Chile. Kamila Dubó, Directora de Mercados de la compañía, explicó que “cada cliente al momento de contratar y antes de hacer la validación de identidad, primero tiene que aceptar efectivamente poder compartir la información de la foto de su carnet de identidad junto con la foto de su rostro”.
“Esta información la registra un tercero que en este caso es nuestro proveedor de la biometría facial”, añadió Dubó, complementando que dichos datos se conservarán únicamente por un tiempo limitado, que en este caso es de 30 días.
Para garantizar el cumplimiento de la normativa, la Subsecretaría de Telecomunicaciones ya ha comenzado un proceso de fiscalización a las empresas del sector.
Con esta medida, se busca reforzar la confianza de los clientes en los servicios de telecomunicaciones y reducir significativamente las estafas asociadas a la suplantación de identidad.
El Gobierno chileno hará entrega de los antecedentes recabados a la fecha respecto al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano, de manera que sea sumada a las indagatorias que lleva el persecutor de la Corte.
