La iniciativa busca combatir la dispersión normativa que afecta a gran parte de la administración pública. Con ella, se espera reducir un 30% en promedio los tiempos totales de tramitación.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó ayer el proyecto de ley que plantea combatir la permisología.
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo busca agilizar el otorgamiento de los permisos sectoriales para proyectos de inversión, simplificando su tramitación acorde a sus riesgos asociados, junto con avanzar en mayor certeza jurídica y transparencia de los procedimientos.
Además, el proyecto pretende lograr sus objetivos sin reducir ni desregular los mecanismos de protección al medio ambiente y de las personas.
El texto se revisó en Sala sobre la base de los informes aprobados por las comisiones de Economía y Hacienda. Tras la aprobación, fue despachado al Senado para continuar con su tramitación legislativa.
La propuesta
Según el Gobierno, con la implementación del proyecto, los tiempos totales de tramitación sectorial de los proyectos de inversión se reducirán en, al menos, un 30% en promedio.
Igualmente, se espera un aumento directo en el Producto Interno Bruto (PIB), derivado de nuevos proyectos de inversión de 2,4% en 10 años. Junto a ello, se incrementará la recaudación fiscal producto del adelantamiento de flujos futuros por 0,27% del PIB de 2023.
El proyecto pasa por crear un sistema que incluye políticas, instituciones, normas y principios para la correcta tramitación de autorizaciones.
Además, se resguardan los objetos de protección inherentes a cada sector. Más específicamente, se crea el Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial a cargo de un servicio público de igual nombre. Dicha entidad, además, velará por el progresivo perfeccionamiento de la normativa sectorial.
Asimismo, se inventa el Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales. Esta será una herramienta electrónica de información, administrado por el servicio citado.
Otros avances
Junto con lo anterior, la propuesta avanza en una “organización de autorizaciones en tipologías” y en la promoción de la regulación fundada en riesgos. A ello se suma la posibilidad del uso de avisos o declaraciones juradas.
Otra línea son formularios de ingreso y admisibilidad, como límite a la discrecionalidad funcionaria. Paralelamente, se pone límite a la espera de informes de otros organismos de la administración del Estado; se fijan plazos supletorios y reglas claras para ejercer el silencio administrativo; y se define un procedimiento transparente para la priorización de proyectos.
La regla definida plantea que el procedimiento sectorial no podrá exceder de los siguientes plazos:
- 120 días: Autorizaciones de administración o disposición.
- 50 días: Autorizaciones de localización.
- 60 días: Autorizaciones de profesional o servicio.
- 50 días: Autorizaciones de proyecto.
- 25 días: Autorizaciones de funcionamiento.
- 60 días: Otras autorizaciones.
El plazo para resolver se contará desde la fecha de ingreso de la solicitud hasta la fecha de dictación de la resolución final. Transcurrido el tiempo legal para resolver acerca de una solicitud de autorización, sin que el órgano sectorial se pronuncie sobre ella, el interesado estará legitimado para hacer valer el silencio administrativo.
No obstante, la iniciativa abre la posibilidad de suspenderse el plazo para resolver frente a determinadas causas. Entre ellas se citan la necesidad de que el órgano sectorial requiera al solicitante la corrección de defectos en la solicitud o de información complementaria. También, cuando el acto administrativo requiera de la toma de razón de la Contraloría, antecedentes complementarios de otra entidad o frente a acciones judiciales.
Además, si se registra un incumplimiento de los plazos dispuestos de manera injustificada, se procederá a sanciones disciplinarias a los jefes respectivos. Para ello se avanzará en un sumario llevado a cabo por el ente regulador.
Finalmente, entre otras normas, se determinan acciones para la priorización de proyecto o actividades y se promueve la colaboración público-privada en la tramitación de permisos sectoriales.
