Desde la minera señalaron que buscan colaborar para aclarar las "anomalías" tras las resoluciones contra Codelco y que además evalúan "nuevas acciones judiciales" para defender sus intereses.
El pasado lunes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, informó en CNN Prime que el Ministerio Público había abierto una causa penal contra la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
De acuerdo a lo informado por Fiscalía, en esta causa se indagan los delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho.
Todo esto surge a raíz de una causa que sido denominada como “muñeca bielorrusa“. En esta, se investiga un recurso de protección acogido por una sala integrada -de forma extraordinaria- por Ángela Vivanco.
Dicha sala dio vuelta una sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó que obligaba a Consorcio Belaz Movitec SpA a pagar US$ 20 millones a Codelco por incumplimiento de contrato. Pero tras pasar por el máximo tribunal, finalmente fue Codelco la que tuvo que desembolsar el monto para pagar a dicho consorcio.
Respecto a esta situación, desde Codelco informaron que “en el marco del juicio con el Consorcio Belaz Movitec (CBM), la Corporación ha ejercido todos los derechos, recursos y acciones que le otorga la ley para intentar revertir las irregularidades que se han verificado en la tramitación y conocimiento de los recursos de protección que se siguieron por parte de CBM ante la Corte Suprema”.
En esa misma línea, señalaron que “Codelco, a través del abogado patrocinante en la causa, expuso esta situación ante la Comisión de Ética de la Corte Suprema y ha colaborado activamente con el objeto de que se aclaren las anomalías que dieron origen a las resoluciones judiciales dictadas en contra de la Corporación, en el marco de este juicio”.
Finalmente, desde Codelco señalaron que seguirán “colaborando con los tribunales de justicia y entregará todos los antecedentes necesarios al Ministerio Público, a fin de que éste investigue los hechos que pueden revestir caracteres de delito, junto con evaluar nuevas acciones judiciales que tengan por propósito defender los intereses de la Corporación“.
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