Agrupaciones territoriales y medioambientales afirman que la iniciativa impulsada por el Gobierno “puede transformarse (…) en una amenaza a las posibilidades de sustentabilidad, entregando un poder desmedido a los intereses económicos y limitando al control del Estado sobre el patrimonio natural del país”.
Más de 200 organizaciones le pidieron al Gobierno quitar la urgencia al proyecto de permisología, acusando que la iniciativa impulsada por el Ejecutivo es un traje a la medida para los inversionistas, pero desfavorece la protección ambiental.
Luego de meses, la administración del presidente Gabriel Boric envió al Senado la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, la cual actualmente se encuentra en primer trámite constitucional.
Sin embargo, en la declaración, organizaciones firmantes, entre las que se encuentran ONG ambientalistas, movimientos territoriales y de pueblos indígenas, señalan que el proyecto, “que era esperado como una oportunidad de mejora en los estándares de protección ambiental, puede transformarse, en caso de aprobarse las indicaciones presentadas por el gobierno y por la oposición, en una amenaza las posibilidades de sustentabilidad, entregando un poder desmedido a los intereses económicos y limitando al control del Estado sobre el patrimonio natural del país”.
Además, hacen énfasis en la profundización de la desigualdad y conflictos sociales que esta reforma traería.
“Este proyecto de ley no va a beneficiar al medioambiente ni los derechos de las personas, está hecho simplemente como una lógica de favorecer ciertos intereses económicos más poderosos, cuestión que a larga genera grandes perjuicios para el país”, sostuvo el director ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa.
También, aseguró que la iniciativa genera mayor conflictividad, menores posibilidades de desarrollo efectivo.
“Por lo mismo, creemos que debe hacerse una reflexión sobre este proyecto, quitarle la urgencia, y volver a ver si es posible una negociación que sea razonable para la protección ambiental”, agregó.
Desde las organizaciones identificaron 10 puntos que serían los más perjudiciales de la reforma. Entre ellos, se encuentran
“El Gobierno y los sectores productivos parecen olvidar que la permisología contra la cual protestan ha sido clave para mitigar los conflictos socioambientales en Chile, controlar la contaminación atmosférica y prevenir la proliferación de nuevas zonas de sacrificio”, comentó la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín.
“El propósito central de nuestro sistema ambiental es proteger el medio ambiente y, con ello, la salud de las personas y el patrimonio ambiental; por lo tanto, no podemos retroceder en sus estándares”, añadió.
Junto a ello, enfatizó que, para brindar certidumbre y eficiencia tanto a los inversionistas como a la población, “el sistema ambiental chileno necesita inversión y fortalecimiento de sus estructuras. Se requieren más recursos, tanto técnicos como humanos, una solución que todos reconocen, pero que nadie parece dispuesto a asumir”.
Por otra parte, desde el mundo ambiental, acusaron que el Gobierno renunció a su propia propuesta en favor de las presiones del empresariado y la oposición.
Al respecto, la declaración denuncia, entre otras: “relega la participación local en la evaluación ambiental de proyecto, con indicaciones que restringen la injerencia de los Gobiernos Regionales y Municipalidades en la Evaluación Ambiental; deja de lado la posibilidad de revisar proyectos si es que surgen nuevos impactos no considerados previamente en la evaluación original; se reduce la importancia del Ministerio de Medio Ambiente en la evaluación de proyectos, limitando su intervención en la Evaluación Ambiental Estratégica, instrumento clave para la planificación”.
De este modo, las organizaciones llamaron al Ministerio de Medio Ambiente a quitarle urgencia legislativa al proyecto y, en caso de continuar, instaron al Congreso a rechazar el proyecto, ya que “constituye un retroceso respecto a la legislación vigente”.
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