"¿Cómo aseguramos que el impulso a la innovación no se vea comprometido por un intento bienintencionado de distribuir equitativamente los recursos?", es parte de las dudas que levanta el doctor y vicerrector de Investigación y Doctorados U. Autónoma.
La reciente convocatoria de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) al Concurso de Proyectos de Exploración (que busca contribuir al desarrollo y consolidación de la investigación científico-tecnológica disruptiva, novedosa, de alta incertidumbre y con un alto potencial transformador), ha reactivado el debate sobre cómo equilibrar la innovación científica con la equidad territorial. En su segunda versión, se decidió limitar la postulación a un máximo de diez proyectos por institución, buscando fomentar la participación de todas las universidades, especialmente las de regiones.
Más allá de las buenas intenciones, y reconociendo que existe una enorme brecha territorial que requiere mayor compromiso, creo importante transparentar que existen dudas sobre la eficacia de esta medida. ¿Es esta la mejor vía para apoyar a la ciencia disruptiva?
Es indudable que el límite impuesto plantea un nuevo desafío administrativo y estratégico para las universidades de mayor tamaño y complejidad. Estas instituciones, ahora forzadas a elegir qué proyectos presentar, enfrentan el riesgo de marginar investigaciones potencialmente revolucionarias debido a la restricción numérica. Este enfoque podría parecer pragmático desde una perspectiva de gestión, pero es, en esencia, un contrasentido a los objetivos de la convocatoria: fomentar la investigación más novedosa y disruptiva. La selección se transformará entonces en un ejercicio de poder que beneficiará a los grupos consolidados, en desmedro de los investigadores más nóveles y probablemente de las mujeres.
Por otro lado, la medida busca fomentar una “justicia territorial”, proporcionando a investigadores de regiones y de instituciones más pequeñas una mayor posibilidad de competir por fondos significativos. Sin embargo, limitar el número de proyectos por institución no garantiza que los recursos se distribuyan equitativamente entre regiones o que se fomente efectivamente la diversidad científica.
¿Cómo aseguramos que el impulso a la innovación no se vea comprometido por un intento bienintencionado de distribuir equitativamente los recursos? La solución a este dilema no es sencilla y requiere de un análisis y debate profundo y considerado que la ANID no ha propiciado.
Una posible vía podría ser la implementación de criterios más matizados que reconozcan tanto el mérito científico como el impacto potencial regional de los proyectos. Esto podría incluir paneles de evaluación diversificados que consideren distintos aspectos de cada propuesta, desde su innovación científica hasta su capacidad de contribuir al desarrollo regional.
Por otro lado, si se busca limitar a diez proyectos por universidad -con el objetivo de distribuir equitativamente los ganadores- esa selección debería realizarse en la adjudicación y no en la postulación. Asimismo, sería prudente que la ANID considerara extender los plazos de postulación y ofrecer asesoramiento especializado a las instituciones de menor tamaño para fortalecer la calidad de sus propuestas.
En definitiva, este nuevo criterio de postulación no sólo no garantiza mejorar la participación de instituciones más pequeñas o de regiones, ni mucho menos contribuye al desarrollo y consolidación de la investigación, sino que -además- perjudica el trabajo de las instituciones cuya capacidad permite tener más de diez postulaciones.
Sólo a través de un diálogo continuo y constructivo entre todos los actores del ecosistema científico chileno podremos asegurar que las políticas implementadas fortalezcan verdaderamente la capacidad investigativa del país sin comprometer su calidad.
La periodista de CNN Chile agradeció la distinción y recordó la trayectoria de Correa, quien es recordada como la entrevistadora más importante de la historia de Chile.
