La directora ejecutiva de Fundación Educación 2020 analiza la desafección ciudadana con los procesos electorales y cuáles son los factores esenciales para generar involucramiento del estudiantado. "Para aprender a ser ciudadanos y ciudadanas necesitamos vivir experiencias de ciudadanía", comenta.
Los datos de participación en la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores, lamentablemente, no son sorprendentes. Con la excepción del plebiscito de noviembre de 2020 y la “súper elección” del 15 y 16 de mayo, la baja participación viene manifestándose sistemáticamente en los procesos electorales, desde el retorno a la democracia en nuestro país.
Un dato que ilustra esta baja sostenida es la evolución de la participación en las elecciones presidenciales, que desde el año 1989 al 2017 ha pasado de un 87% a un 49%, respectivamente, según indica Claudio Fuentes en su libro La erosión de la democracia. De hecho, la evidencia señala que el descenso en la participación electoral en Chile entre 1988 y 2013 es el más significativo en el mundo en ese periodo, con una fuerte caída en los grupos más jóvenes, y, dentro de este grupo etario, afectando principalmente a los más vulnerables.
Elecciones como la del 13 de junio dejan en evidencia esta tendencia de baja participación y de desafección de la ciudadanía con los procesos electorales. Y es necesario recalcar: con los procesos electorales. Si algo nos han enseñado los últimos dos años en Chile, es la profunda necesidad de las personas por encontrar espacios de manifestación y participación comunitaria que de alguna forma permitan canalizar sus demandas y necesidades.
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Frente a esta realidad, las miradas se vuelcan inmediatamente hacia las escuelas, intentando encontrar allí alguna explicación que nos permita entender este fenómeno sostenido de baja participación electoral, pese a que es un problema multisistémico. El aprendizaje de la ciudadanía requiere abordar lo que autores como Kerr, en el libro Aprendizaje de la Ciudadanía: contextos, experiencias y resultados, editado por Cox y Castillo en 2015, ha denominado las 3 C de la ciudadanía: el Currículum, como definición fundamental de los aprendizajes que la escuela debe promover de modo equitativo para todas y todos los estudiantes; la Cultura escolar, y la forma en que se participa de la Comunidad, generando oportunidades para el involucramiento del estudiantado más allá de las fronteras de su escuela.
¿Cómo se ha abordado el desafío de la formación ciudadana en Chile desde el retorno a la democracia? Con la reforma curricular de los años 1996 y 1998, pasamos de una asignatura centrada en contenidos de educación cívica y economía (estrechamente fundada a la Constitución de 1980), a un modelo en el cual los conocimientos y habilidades vinculados a la ciudadanía son abordados en objetivos fundamentales transversales y objetivos de asignaturas (historia, orientación, psicología y filosofía), lo que ha sido ajustado en las modificaciones curriculares de los años 2009 y 2012. Esto implica entender la formación para la ciudadanía desde una perspectiva más integral, que incorpora también el desarrollo de habilidades y valores, y se plasma a lo largo de la experiencia escolar.
De modo complementario, el año 2016 se aprobó la Ley 20.911, que obligó a todos los establecimientos educacionales del país a desarrollar un Plan de Formación Ciudadana. A partir del año 2020, se incorpora también una asignatura específica de Educación Ciudadana en el plan común de 3° y 4° medio, que busca profundizar el enfoque de transversalización con un espacio curricular específico para la formación ciudadana.
Más allá de las políticas definidas para fortalecer la ciudadanía en las escuela, ¿qué nos dice la evidencia respecto a los aprendizajes de las y los estudiantes? La mirada aquí no resulta muy alentadora. Los resultados de la prueba ICCS de 2016 dan cuenta que las y los estudiantes chilenos están por debajo del promedio internacional en conocimiento cívico, y que estos resultados se encuentran estancados desde el año 2009. Tanto este como el primer estudio nacional de formación ciudadana realizado el 2017 por la Agencia de Calidad de la Educación ponen de manifiesto las marcadas diferencias en conocimiento cívico según el nivel socioeconómico de las y los estudiantes, dando cuenta del importante desafío en equidad que persiste en el sistema educativo, también para el desarrollo de competencias ciudadanas.
Por otro lado, un estudio desarrollado por el PNUD en 2018 da cuenta del bajo nivel de participación de las comunidades educativas en la definición de los planes de formación ciudadana, y que la mayor parte de las acciones desarrolladas por las escuelas apuntan a la constitución de organismos de participación como el centro de alumnos y el consejo escolar, y a la introducción de procesos participativos para su elección.
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Pese a que esto último, sin duda, representa un avance en la participación a nivel escolar, está lejos de constituir una profundización de la cultura participativa y democrática al interior de las escuelas, respondiendo más bien al cumplimiento de la normativa educacional que ya existía y que definía como obligatorios dichos procesos participativos para la constitución de estamentos de representación.
Volviendo a las 3 C de la ciudadanía, vemos que la política pública ha logrado abordar la definición de la C de currículum, pero persisten profundos desafíos vinculados a la cultura escolar que promueve la participación, y a la formación de estudiantes conectados con su comunidad y realidad local.
Así como para aprender a andar en bicicleta no sólo necesitamos saber cómo funciona sino que se requiere practicar, precisamente, andando en bicicleta (primero con rueditas incluso, y luego de modo autónomo), para aprender a ser ciudadanos y ciudadanas necesitamos vivir experiencias de ciudadanía, de ejercicio democrático y de discusión respecto a nuestras controversias, como señala Abraham Magendzo, Premio Nacional de Educación 2017. La escuela debe ser un espacio inspirado éticamente en los valores y principios democráticos, que incorpore espacios de participación, y promueva relaciones fundadas en un enfoque de derechos humanos.
Enfrentamos un momento histórico que nos permite repensar la escuela, y cómo ésta aborda el desafío de formar para la ciudadanía del mundo actual. La pandemia, por un lado, y el proceso constituyente, por otro, nos abre una ventana de oportunidad para avanzar en transformaciones que permitan plasmar este enfoque de las 3 C de la ciudadanía, currículum, cultura y comunidad. Esto implica repensar las relaciones al interior de la escuela, y cómo promovemos el aprendizaje desde espacios más dialogantes y menos jerárquicos. No tiene que ver con hitos específicos, o solamente con una asignatura, sino que con prácticas y relaciones transversales que se viven en la cultura escolar y con la comunidad que conformamos en nuestra sociedad. Formar para la ciudadanía es, en definitiva, un desafío y una construcción país.