"En este sentido, es fundamental entender que la decisión final de no matricularse en la escuela es el último eslabón de un proceso largo y gradual de desvinculación, invisibilización previa, y alteraciones de la trayectoria educativa teórica, que terminan en exclusión", expresaron la directora ejecutiva Fundación Educación 2020 y la directora ejecutiva Fundación Súmate.
El desafío de la exclusión educativa no es un problema que haya surgido con la pandemia, y para abordarlo seriamente es fundamental entender su complejidad, cómo ha evolucionado en los últimos años, y los distintos niveles que se deben considerar para que, como país, logremos resguardar el derecho a la educación de todas las niñas, niños y jóvenes.
Un primer concepto relevante para comprender este fenómeno es el de trayectorias educativas, entendido como el proceso, el camino que cada persona recorre a través de su experiencia formativa en el sistema educativo. Esta es una trayectoria teórica o “deseable”, que implica ir avanzando gradualmente a través de los distintos cursos, accediendo a oportunidades de aprendizaje que sean pertinentes, significativas y que estén dentro de lo que en el ámbito pedagógico se conoce como la zona de desarrollo próximo de las y los estudiantes. Sabemos, sin embargo, que hay una serie de situaciones que alteran, muchas veces de modo sistemático y poco visible para el sistema, el curso de esta trayectoria educativa teórica, generando procesos de exclusión educativa.
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Lo anterior, nos lleva a la necesidad de cuestionar otro concepto relevante que se usa ampliamente en la discusión pública, el de deserción. Y es que la palabra deserción pone el peso de la decisión en la o el estudiante, como si dejar el sistema educativo fuera una decisión que se toma arbitrariamente y sin mediar procesos de alerta previa que vayan dando señales de un vínculo débil, o incluso muchas veces inexistente con la escuela.
En este sentido, es fundamental entender que la decisión final de no matricularse en la escuela es el último eslabón de un proceso largo y gradual de desvinculación, invisibilización previa, y alteraciones de la trayectoria educativa teórica, que terminan en exclusión. Estos hitos son enfrentados como una anomalía, y por lo tanto, sancionados o reprimidos, en vez de ser abordados como un desafío pedagógico que requiere flexibilidad y adaptaciones del sistema educativo para sostener y fortalecer el vínculo con la escuela. Un niño, una niña o un joven que sale del sistema escolar es una persona a quien le hemos fallado como sistema, a quien no le hemos logrado transmitir que su proceso de aprendizaje y desarrollo es importante para las personas adultas a cargo de su formación.
La proporción de niños, niñas y jóvenes que están en estas condiciones había venido en una tendencia a la baja desde el año 2012. Sin embargo, a partir de 2018 se observa un alza nuevamente. De acuerdo a cifras del Centro de Estudios del Ministerio de Educación, la tasa de deserción escolar en Chile al año 2020 era, en promedio, de un 5,1%; siendo 5% para sectores urbanos y ligeramente más alta para sectores rurales, con un 6,1%.
Sin embargo, este dato asciende a un 13,7% cuando consideramos población de nivel socioeconómico bajo, y baja a un 2,7% en estudiantes que no están categorizados bajo la línea de la pobreza multidimensional. Es importante, entonces, tener en cuenta que no podemos considerar que este sea un escenario causado por la pandemia, aunque por cierto es esperable que un contexto de clases a distancia como el que tuvimos los años 2020 y 2021 tenga un impacto sobre la posibilidad de sostener el vínculo de niños, niñas y jóvenes con el sistema educativo. Por ello, debe tener sentido de urgencia y prioridad como país.
Ante el desafío actual, se requiere sin dudas un esfuerzo transversal de todas y todos los actores, y desde la sociedad civil reiteramos nuestro compromiso, entendiendo que un desafío de estas magnitudes no se resuelve con esfuerzos aislados o solo de un sector. Las soluciones no son evidentes ni únicas, requieren colaboración, voluntad y decisiones.
Un primer aporte que queremos hacer a la discusión es identificar que se requieren acciones diferenciadas para los y las estudiantes que están dentro del sistema educativo (en términos de motivación, retención y de evitar ausentismo) y para los y las estudiantes que ya fueron excluidos. En la mesa para abordar la deserción/abandono escolar impulsada por el Ministerio de Educación el año 2020, en la cual participamos diversos actores de la sociedad civil, se plantearon 15 iniciativas que nos permiten trazar una hoja de ruta para abordar esta temática.
En la línea de la retención destacamos el sistema de alerta temprana, herramientas de compromiso escolar, y la urgente coordinación interministerial. Estas tres medidas deben seguir siendo impulsadas para todo el sistema. Sin embargo, desde el punto de vista de la motivación, la mejora de retención y evitar la exclusión educativa que se manifiesta, por ejemplo, en el ausentismo, esto no es suficiente.
Falta un elemento central y a la base que no podemos dejar fuera: mejorar la experiencia formativa, con experiencias de aprendizaje atractivas, desafiantes y significativas, que es el profundo deseo de estudiantes y sus familias. Aquí la innovación juega un rol fundamental, no innovamos por el solo hecho de innovar y hacer las cosas distinto, innovar es fundamental para desarrollar aprendizajes significativos, profundizar en el sentido de la formación y poner en práctica los aprendizajes en los contextos desafiantes y cambiantes que vivimos. De esta manera, podremos lograr que ellos y ellas vuelvan a la escuela y nuestros esfuerzos para que no sigan saliendo del sistema se deben concentrar en fortalecer espacios y capacidades para la innovación.
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Las medidas para el reingreso y la revinculación temprana requieren un paso decidido hacia adelante. Los programas de reinserción son claves en los procesos de búsqueda y recuperación de trayectorias educativas; hoy son 26 proyectos concentrados en pocas regiones. Se requiere al menos un proyecto por región y en cada una de las comunas con mayores índices de exclusión, además de una profunda revisión del presupuesto asignado por niño, niña y joven atendido.
La modalidad reingreso, aprobada por el Consejo Nacional de Educación el año 2021, requiere de un plan de implementación y la aprobación de un proyecto de ley que crea la subvención. De ser aprobada, los Centros educativos para jóvenes y adultos podrían potenciar y mejorar su trabajo y alcance, pues atienden a la población excluida del sistema hoy, solo que invisibilizada y precariamente.
Desde lo técnico, necesitamos de acuerdos transversales, de corto y mediano plazo para abordar la urgencia, sobre la base de voluntad y decisión. En esta tarea cada día cuenta, porque un día que pasa, es un día más en que, como sistema, les fallamos a niños, niñas y jóvenes.
