La directora ejecutiva de Educación 2020 da a conocer en su columna de opinión la Iniciativa Popular de Norma para la Convención Constitucional que busca garantizar una educación integral, de calidad, inclusiva, equitativa y gratuita. "Hoy más que nunca tenemos la posibilidad de avanzar en la educación que soñamos para nuestro país, y para lograrlo necesitamos que sea discutida con altura de miras en la Convención Constitucional", expuso la Doctora en Educación.
Vivimos un proceso inédito como país. Por primera vez en nuestra historia estamos, a través de una Convención democráticamente elegida, paritaria y con cupos reservados para representantes de los pueblos originarios, reflexionando sobre el país que queremos ser.
Para la construcción de este país la educación juega un rol fundamental. Ya lo señalaron, el año 2006, miles de estudiantes que se movilizaron para exigir una mejor educación para niños, niñas y jóvenes. Denunciaban un sistema injusto y deficiente que no garantiza el derecho a educarse de modo integral.
Han pasado 16 años y hoy tenemos la oportunidad histórica de -al repensar el país que queremos ser- crear una nueva educación para un nuevo Chile, que se conciba y organice como un derecho para todos y todas, responda a las necesidades del siglo XXI y se haga cargo de los desafíos de un mundo más complejo, diverso e interconectado.
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¿Qué más coherente que responder a esa demanda social mediante un proceso que cuente con la participación de la ciudadanía? Desde Educación 2020 valoramos la participación en este proceso como un elemento definitorio del país que estamos, paso a paso, construyendo. Por eso destacamos que para proponer una nueva carta fundamental que nos permita sentirnos parte de un todo compartido, que sea efectivamente un nuevo pacto social que nos convoca, en base a (y no a pesar de) nuestras diferencias y diversidades como personas que convivimos en Chile, la Convención Constituyente haya convocado distintos espacios de participación ciudadana. ¡Tenemos voz en la reflexión acerca del país que queremos ser!
En este marco, y en conjunto con las organizaciones de Acción Colectiva por la Educación, desarrollamos una Iniciativa Popular de Norma (IPN), la número 43.926, para que la nueva Constitución garantice una Educación integral, de calidad, inclusiva, equitativa y gratuita. Esta IPN se elaboró en base a las conclusiones del proceso “Tenemos que Hablar de Educación”, llevado a cabo desde el año 2020, y donde participaron alrededor de 7.800 estudiantes, docentes, educadores, directivos y familias de todo el país, quienes plantearon sus sueños para la educación del futuro.
A partir de este proceso, y considerando la experiencia y aprendizajes de las organizaciones que conformamos esta red, hemos elaborado esta IPN, que propone garantizar el derecho a la educación. Una educación integral, que lleve a los individuos a su pleno desarrollo, que empuje un proyecto democrático, inclusivo y un desarrollo sostenible para el planeta. Una educación equitativa, no discriminatoria, con perspectiva de género y pertinencia territorial, cultural y lingüística. Una educación con proyectos diversos –públicos y privados–, para potenciar la innovación pedagógica y la pluralidad de cosmovisiones.
Como ciudadanía tenemos hasta la medianoche del martes 1 de febrero para apoyar un máximo de siete IPNs cada uno.
¿Por qué, entonces, apoyar esta? En primer lugar, y en términos de la forma en que se desarrolló, porque es una propuesta que ha sido elaborada en base a las conclusiones de un proceso participativo amplio, en el que se recogieron voces, experiencias, inquietudes, anhelos y expectativas de miles de personas a lo largo del país.
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Esta es una propuesta que no solo porta la visión de organizaciones de Acción Colectiva por la Educación, sino que de muchas comunidades educativas, lo que permite darle más pertinencia a las definiciones constitucionales, y acerca este proceso a las personas.
Asimismo, porque al ser impulsada por organizaciones con experiencia tanto en terreno trabajando con escuelas como en política pública, se hizo un esfuerzo explícito para incorporar sólo aquello que es materia constitucional, de lo que posteriormente se deberán desprender definiciones en materia de ley o incluso de programas. A diferencia de otras iniciativas populares de norma que hay disponibles, esta propuesta aborda materias que son estrictamente constitucionales, dejando espacio para que a nivel legislativo se definan temas más específicos.
En segundo lugar, y en términos de contenido, esta es una propuesta que define los propósitos de la educación considerando tanto su dimensión individual (como el desarrollo integral de la persona) como su dimensión colectiva (como el desarrollo democrático, el respeto a los derechos humanos, la inclusión como principio, la equidad de género y el cuidado del medioambiente), abordando de esta manera un nudo central de la actual constitución en materia educacional.
En tercer lugar, un elemento crucial de la propuesta es que responsabiliza al Estado para que la educación en todos sus niveles sea accesible y de calidad, dejando atrás la idea de Estado subsidiario que ha configurado nuestro país en las últimas décadas. En este mismo sentido, rescata el valor estratégico que juega la educación pública para la construcción del país, describiendo que ésta debe ser diversa, no confesional, de alto estándar educativo y descentralizada.
Por otro lado, y respecto a uno de los temas que ha sido debatido quizás con menos profundidad, un elemento clave de esta propuesta es que reconoce la libertad de enseñanza de las comunidades educativas, permitiendo la existencia de proyectos educativos diversos, pertinentes e innovadores, supeditados al derecho y los fines de la educación. Del mismo modo, se garantiza el derecho preferente de las familias para elegir la educación de sus hijos, siempre y cuando se respete su autonomía progresiva y su interés superior, entendiendo que son ellos y ellas los sujetos del derecho a la educación.
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Finalmente, y como un elemento distintivo de esta propuesta, se reconoce el rol de las y los docentes y profesionales de la educación, relevando su importancia y la necesidad de otorgar formación permanente, dándole carácter constitucional a este reconocimiento.
Esta es una propuesta de Iniciativa Popular de Norma integral en materia educacional, que aborda distintas aristas: resguardo al derecho a la educación, sus sentidos y propósitos, el rol de un Estado garante, la educación pública, medioambiente, educación no sexista, con perspectiva de género, intercultural, que reconoce a docentes y profesionales de la educación.
Hoy más que nunca tenemos la posibilidad de avanzar en la educación que soñamos para nuestro país, y para lograrlo necesitamos que sea discutida con altura de miras en la Convención Constitucional. Por eso invitamos a firmar la Iniciativa Popular de Norma 43.926, por una educación de calidad, integral, inclusiva, equitativa y gratuita.
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