Columna de Álvaro Iriarte: Una alarmante paradoja

La crisis de confianza en las instituciones que aqueja a Chile parece no dar tregua, y en los últimos meses el foco ha girado vertiginosamente desde el gobierno central a los gobiernos regionales y de ahí a las municipalidades. En noviembre de 2023, Contraloría dio a conocer una serie de observaciones y reparos a los mecanismos y controles establecidos para la transferencia de recursos a fundaciones, corporaciones y ONG. Asimismo, en paralelo hemos conocido una serie de escándalos en municipalidades, con algunos de ellos que han dejado la sede administrativa para pasar derechamente a la sede penal con investigaciones a cargo de Fiscalía. El más reciente de estos casos es el que afecta a la Municipalidad de Recoleta, y que ha marcado la pauta noticiosa por la prisión preventiva que fue decretada para el mediático alcalde y ex candidato presidencial del Partido Comunista que dirige dicha comuna.

Por años, desde las regiones se ha levantado la voz pidiendo mayor descentralización y autonomía en la toma de decisiones y ejecución de los recursos públicos. El argumento de fondo es que a nivel local se pueden abordar de mejor manera una serie de problemáticas que aquejan a las comunidades. Esta idea se ha arraigado progresivamente en todo el espectro político, obviamente con trasfondo políticos distintos: para el mundo de izquierdas ha sido una valiosa oportunidad de hacer crecer el tamaño del Estado con la premisa que los recursos llegan a la gente en sus comunidades, mientras que para el mundo de derechas ha sido la instancia para desmarcarse del nivel central en materias como seguridad, salud, educación y obras públicas.

Por supuesto que el estado de la cuestión es diverso entre las municipalidades y los gobiernos regionales. Las primeras instituciones vienen evolucionando desde la ley de comuna autónoma de 1891 -impulsada por el Partido Conservador- y que de alguna manera tienen una vida institucional mucho más desarrollada. En efecto, han existido bajo la vigencia de tres constituciones sucesivas con la premisa de autonomía del nivel central, la de 1833, la de 1925 y la de 1980 que nos rige hoy. Por su parte los gobiernos regionales son una creación exclusiva del régimen institucional instaurado por la constitución de 1980 y que solo recientemente han alcanzado mayor grado de autonomía del nivel central mediante una serie de reformas legales y con la reforma constitucional de 2017 sobre la materia.

No obstante, contar con características y un desarrollo institucional diferente, ambos gobiernos locales comparten una serie de desafíos, entre ellos el tema de la corrupción. Las municipalidades, órganos descentralizados territorialmente, y quizás el caso más relevante de efectiva descentralización, están constantemente en el ojo del huracán por casos de corrupción. A esta arista habitual se suman los gobiernos regionales a tan solo un par de años de haber debutado su nueva institucionalidad, abriendo un nuevo flanco de indignación para la ciudadanía y un espacio para un sinnúmero de descabelladas propuestas que rozan el más burdo populismo. Esta es la gran, y preocupante paradoja a que se enfrenta la descentralización en nuestro país: pareciera que cada vez que se da más autonomía e independencia a los gobiernos locales para responder a la necesidad de descentralización, se termina aumentando el espacio para problemas de corrupción. Ante estos hechos y atendido los cuestionamientos que se hace a la gestión de los gobiernos locales, se levantan voces que exigen más control, lo que muchas veces se traduce en más burocracia y en un retorno de competencias a nivel central.

¿Qué se puede hacer para enfrentar esta paradoja que amenaza con ser un dolor de cabeza en los próximos años? Lo primero que se debe considerar es que no existen fórmulas instantáneas para un tema tan complejo -y al parecer más arraigado y difundido- de lo que se creía.

En este orden de ideas, un buen punto de partida puede ser separar con claridad el debate de la autonomía o descentralización de la problemática de la corrupción. No se puede sostener que la descentralización implica por sí misma más corrupción. Aceptar esta premisa puede tener consecuencias devastadoras, pues se seguiría necesariamente que hay que limitar el ámbito de descentralización y reformar en sentido contrario, esto es, centralizando nuevamente. Este razonamiento construido sobre una falsa premisa permite que los partidarios de un aparato estatal y burocrático más grande presenten el crecimiento del estado central como la solución al problema. En efecto, se exige más regulación, que implica más fiscalización, lo que se traduce en más funcionarios, lo que implica más gastos en contrataciones como en condiciones materiales para ello. Asimismo, la red de regulaciones y procedimientos centralizados puede terminar siendo una instancia propicia para tráfico de influencias, favores políticos y otras formas de corrupción tan características de un aparato estatal anquilosado.

Otro punto interesante para reforzar la probidad en los gobiernos locales dice relación con que los ciudadanos puedan ejercer un mayor control y escrutinio de las autoridades. Las autoridades encargadas del gobierno comunal y del gobierno regional, esto es, alcaldes, concejales, gobernador y consejeros regionales, son cargo de elección popular. Considerando la cercanía con sus comunidades, muchas veces se transforman en verdaderos caudillos, y como efectivamente manejan recursos fiscales, pueden generar redes para asegurar su reelección por el mayor tiempo posible. Alcaldes y gobernadores regionales se eligen en una elección uninominal, por lo que podría ser una buena medida introducir la posibilidad de un referendo revocatorio que se ponga en movimiento cuando un porcentaje de la población lo solicite formalmente. En el caso de los concejales y consejeros regionales, es urgente modificar la ley para que cualquier persona pueda solicitar ante el Tribunal Electoral Regional el cese de uno de ellos por las causales legales, y no como es en la actualidad en donde debe ser otro concejal o consejero regional el que lo solicite. Por último, se deben reforzar las prohibiciones para que integrantes de una misma familia no puedan competir en la misma elección como candidatos a alcalde y concejal en una misma comuna o como candidatos a gobernador regional y consejero regional en una misma región, apuntando a que derechamente no puedan inscribir sus candidaturas.

Finalmente, existen una serie de otras medidas que se pueden implementar pensando en elevar los estándares de probidad en materia de gobiernos locales, desde disminuir la capacidad de contratar personal a honorarios y a contrata, limitar las contrataciones durante el año calendario en que se celebran elecciones, imponer sanciones a las municipalidades o gobiernos regionales que arrastren déficit presupuestarios por dos años consecutivos como podría ser impedir que postulen a fondos que provienen del nivel central, etc. En esta materia vale la pena desplegar creatividad para incrementar los niveles de responsabilidad de las autoridades locales, tanto individualmente como para la entidad que dirigen.

Como sea que se quiera abordar esta problemática, es necesario que sea con sentido de urgencia. Si se miran los próximos años, en el corto plazo entrará en vigencia el nuevo royalty minero, y efectivamente aumentarán los recursos disponibles tanto para municipalidades como para gobiernos regionales, lo que agregará sin dudas más presión en esta materia.

Con todo, es relevante entender que existe una trampa muy peligrosa en culpar exclusivamente a la descentralización como la responsable de la corrupción de los gobiernos locales, así como señalarla como la primera causa de los problemas en esta materia.