El director de Contenidos del Instituto Res Publica reflexiona sobre la situación del litio en Chile y comenta: "El problema es de tiempos; Chile debería liderar en un ciclo como el actual de elevados precios y alta demanda, lo que no está ocurriendo".
Uno de los mitos más cultivados y bien asentados en la cultura nacional es la concepción de que el dominio o propiedad estatal de un bien lo transforma en propiedad de todos los chilenos, y que por tanto toda la población o una parte importante de ella se beneficiaría, directa o indirectamente, del ejercicio de las facultades de dominio sobre dicho bien.
Esta lógica fue interiorizada rápidamente durante el siglo XX de la mano de las revoluciones socialistas, y rápidamente fue adoptada para los recursos naturales, como los recursos mineros. Chile no fue la excepción, y es así como rompiendo con la larga tradición jurídica e institucional, en 1971 se aprobó por unanimidad en el Congreso la llamada nacionalización del cobre, que en verdad fue pasar a dominio del Estado todo recurso mineral, y no solo la gran minería del Cobre.
El anuncio de la Estrategia Nacional del Litio por el Gobierno del presidente Boric en abril de 2023, un posible fin del ciclo de precios altos de llamado “oro blanco” y las noticias del posible descubrimiento de uno de los yacimientos de litio más grandes del mundo en Estados Unidos, han reavivado la polémica en torno a la explotación de este recurso.
El litio fue reservado en dominio al Estado de Chile en 1979, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de las otras sustancias minerales en nuestro país, como el cobre. Y si bien los niveles de producción e ingresos por concepto de explotación de cobre son muy superiores a los asociados a litio, existe una tendencia que se puede apreciar sin mayor dificultad: la minería del cobre ha tenido un crecimiento sostenido en el tiempo, desarrollo impulsado principalmente por una activa participación de los privados. Así, desde 1981 un marco institucional adecuado transformó a Chile en una verdadera potencia minera en lo que a cobre se refiere. Y este efecto de la participación privada se puede apreciar en el caso de otras sustancias minerales en nuestro país.
El contraste entre el litio -reservado al Estado- y el cobre -sustancia concesible y explotable directamente por los privados- es abrumador. Chile es el primer productor de cobre a nivel mundial, a pesar de ser el segundo país con mayores reservas de metal rojo. Al mismo tiempo, si bien Chile es el país con más reservas de litio en el mundo, ostenta el segundo lugar a nivel mundial en producción de litio. ¿Cuáles son las reflexiones de fondo ante este escenario diametralmente opuesto?
En primer lugar, no se puede olvidar que la llamada “riqueza minera” es tal mientras se explote: no tiene valor si queda en las entrañas de la tierra, o si se guarda para las futuras generaciones. ¿Por qué? Porque si el mineral no se explota en el momento, se corre el riesgo de que pierda su importancia como materia prima o que se encuentren sustitutos, incluso artificiales, para la referida sustancia. Si esto ocurre, toda la “riqueza” desaparece, pues ese mineral dejará de tener valor y su explotación no será rentable. Es por ello que se vuelve central explotar, para transformar esa riqueza minera en capital humano e infraestructura. Se puede legítimamente discutir cómo se realiza este proceso, si por la vía de impuestos o por otros mecanismo; pero lo que no debería ser materia de discusión es que antes de tener esta discusión debe existir explotación de los recursos mineros.
Como segunda reflexión, reservar una sustancia mineral en dominio al Estado, por los motivos que sea, no garantiza que sea aprovechada económicamente de la mejor manera. Este es el caso en Chile no solo del litio, sino que también de los hidrocarburos líquidos y gaseosos (independientemente de la calidad y tamaño de las reservas que tenga el país). Por el contrario, permitir que los privados puedan hacerse dueños de los minerales que explotan ha demostrado generar todo un círculo virtuoso en materia de investigación, tecnología, inversión y producción. Esta ha sido la gran razón de por qué Chile es una verdadera potencia minera.
Un tercer tema a considerar radica en una obsesión por revivir el llamado Estado Empresario, apelando a casos exitosos en países cultural y socialmente muy distintos a Chile, y al mismo tiempo, obviando la experiencia nacional reciente y el estado actual de las empresas estatales. Este aspecto es muy relevante, a tal punto que un elemento central de la Estrategia Nacional del Litio es la creación de una empresa nacional del litio, esto es, una empresa estatal. Sin ir más lejos, ante una serie de llamados para que no se pierda la oportunidad del actual ciclo de precios elevados del litio, la actual administración ha centrado su respuesta en acelerar la empresa estatal encargada de dirigir la explotación del litio. Esto en desmedro de generar licitaciones para explotar o suscribir contratos especiales de operación con actores privados, que conseguirían en mucho menor tiempo generar ingresos para el Estado por concepto de explotación del litio.
Lamentablemente el mito nacional en cuanto a que los privados que explotan recursos mineros no contribuyen al desarrollo nacional y que los recursos terminan en otros países, ha sido reforzado sistemáticamente por sectores políticos cuyo objetivo es retornar a la época del intervencionismo y dirigismo estatal de la actividad económica, con un rol predominante y casi excluyente al Estado en la actividad económica del país en desmedro de los particulares. En esto no debemos ser ilusos: el verdadero trasfondo no es el desarrollo económico, sino que derechamente la perspectiva de poder y control que debe ser ejercida por el Estado. Y en este sentido, el estatuto político y jurídico del litio es el mejor de los escenarios para quienes sostienen esta agenda.
La situación del litio es a todas luces un caso paradigmático para dejar al descubierto las falencias y problemas que efectivamente surgen al reservar un recurso natural en dominio al Estado y en diseñar la estrategia de explotación del mismo sobre la base de una empresa estatal como actor predominante y privilegiado. ¿Por qué? Porque los chilenos podrán contrastar la situación del litio con el cobre y con otros minerales que no están reservados al Estado y en donde los privados juegan un rol clave para su exportación, esto es, los montos de inversión, los puestos de trabajo que genera, el impacto que tiene en la investigación, y en definitiva en el desarrollo de la nación. Más interesante aún, podrán comparar si se aprovechó o no el ciclo de precios elevados para generar ingresos para el Estado; y en caso de haberse aprovechado, cómo se aprovechó.
Al iniciar septiembre de 2023, el Presidente de la República señaló en la cena anual de la Sociedad Nacional de Minería que Chile iba a liderar en la industria del litio a nivel mundial. Puede que el mandatario tenga razón, toda vez que Chile es un país minero y su liderazgo no está limitado a la producción de cobre. El problema es de tiempos: Chile debería liderar en un ciclo como el actual de elevados precios y alta demanda, lo que no está ocurriendo.
En este sentido, si la demanda por el litio se mantiene, los plazos para que Chile lidere se extienden. Pero si por cualquier motivo el escenario global cambia, aparece un sustituto del litio o las nuevas tecnologías no lo requieren como se proyecta en la actualidad, los plazos se acortan dramáticamente.