Columna de Álvaro Vergara: Boric, los empresarios y el litio

A través de una cadena nacional, el presidente Boric anunció la semana pasada los principales lineamientos de la “Estrategia Nacional del Litio”. En resumen, propuso una gran reforma a la explotación del llamado “oro blanco”, para lo que creará una Empresa Nacional, un Instituto Tecnológico y de Investigación relacionado con esas materias y un Comité Corfo que fiscalizará el cumplimiento de los contratos con los privados. Dentro de esa agenda, una de las medidas más inmediatas será el uso momentáneo de Codelco como representante del gobierno “frente a las empresas”.

La propuesta busca involucrar al Estado como un acompañante activo durante todo el proceso de extracción del mineral.  Con todo, el modelo propuesto posee un fondo doctrinario claro: aplicar políticas económicas propias del Estado emprendedor, parte fundamental de su núcleo ideológico. Si bien las empresas privadas tendrán la “opción preferente” para solicitar un contrato de explotación, el requisito será realizarlo en conjunto con una empresa del Estado, que, por cierto, tendrá una participación mayoritaria. De esa forma, el Estado participará de un área de la producción estratégica.

La decisión abre muchas preguntas. Por un lado, basta recordar que Codelco no es especialista en litio, sino en cobre, y que el conocimiento práctico en estas materias no se adquiere de un día para otro. Por otro lado, el anuncio del presidente sorprendió a muchos, tanto por el momento como por el contenido. Apenas horas antes de la cadena nacional, el mandatario había llamado a la unidad en Enade, generando buenas expectativas y confianza entre los grupos empresariales. Ese discurso logró transmitir la imagen de que el gobierno comprendía la importancia que tiene la colaboración privada no solo para el bienestar del país, sino para el éxito de su propia administración. Una vez más y con pocas horas de diferencia, el Ejecutivo deshizo con hechos lo que había expresado en el discurso. En su lugar, volvió a despertar la desconfianza en el mundo privado por cómo se llevará a cabo su participación en la producción de litio.

En efecto, este altercado con el litio no solo revela un problema económico, sino uno más profundo. La propuesta del gobierno no es nada nuevo: se inspira en una doctrina formulada por su economista referente, Mariana Mazzucato, cuyo objetivo es consagrar al Estado como un creador de “valor” para terminar con el “neoliberalismo”.  El problema es que la teoría del estado emprendedor no considera en ninguna parte la realidad práctica de las naciones subdesarrolladas. Al final, toda la propuesta fue diseñada desde el elitismo de los países más ricos del mundo.

En este último punto se encuentra quizás la mayor deficiencia de la Estrategia Nacional del Litio: no se consideraron las consecuencias en la inversión, la competencia, la confianza empresarial y la recaudación fiscal antes de realizar un anuncio de tal envergadura. Una clara muestra de ello fue que, mientras las acciones de SQM y Albemarle cayeron en la bolsa, las de las empresas australianas explotadoras de litio subieron gracias a las expectativas favorables generadas por la inestabilidad de su principal competidor. En otras palabras, tras el anuncio del presidente, Chile se volvió menos competitivo. Así, estuvieron más de un año preparando la gran estrategia que no tenía bajadas precisas y que tuvieron que salir a matizar y corregir, partiendo por el ministro Marcel, que casi contradijo el anuncio inicial.

Preocupa también el nivel de improvisación y descoordinación que muestran los miembros del gobierno, incluso en sus declaraciones mediáticas. José Miguel Benavente, por ejemplo, vicepresidente de la Corfo, admirador de Mazzucato y uno de los principales gestores de la nueva estrategia del litio, reconoció sin tapujos en una extraña entrevista para La Tercera que no hubo mucha planificación en el diseño de esta estrategia. El proyecto fue el resultado de un trabajo colaborativo sin un “líder”, donde “cada uno aportó lo suyo”. Benavente explicó también que Corfo es el organismo del Estado que más sabe de litio, admitiendo, acto seguido, que el Estado desconoce el área. De esa manera, uno de los articuladores de la futura explotación estatal del litio deja ver que, en realidad, no saben demasiado bien lo que hicieron.

Mediante dichos similares, el gobierno demuestra estar dispuesto a “meterle inestabilidad al país” con tal de avanzar en la aplicación de su programa. La Estrategia Nacional del Litio es importante para nuestro desarrollo a largo plazo, pero sus efectos se mostrarán de inmediato, especialmente si improvisamos en áreas tan sensibles. Los anuncios, señales y decisiones de los miembros del Ejecutivo tienen repercusiones que recaen de alguna u otra forma en la ciudadanía. Lo hemos visto en distintas dimensiones como en pensiones, salud, seguridad, orden público o en la condena a la violencia. Por lo mismo, ahora nos queda comprobar qué tanto daño podrá sufrir una industria cuya duración y beneficios desconocemos. Está por verse si las urgencias no terminan sometiendo al gobierno, una vez más, a renegar de sus nobles ideales.