La asesora de Migraciones y el encargado de Migraciones de Horizonte Ciudadano reflexionan en torno a la situación de las niñas, niños y adolescentes que migraron a Chile. "Si bien formalmente se les asegura protección, en la práctica se generan condiciones que podrían aumentar su desprotección y vulnerabilidad", plantearon.
De acuerdo con los datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela a mayo de 2022, se estima que en Chile habitan alrededor de 448.000 personas provenientes de Venezuela, siendo el cuarto país receptor en América Latina. El informe de Chile para la Plataforma señala proyecta un aumento hasta sobre las 560.000 personas hacia fines de 2022.
Cifras aportadas por la sexta ronda de la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento de OIM Chile, de enero de 2022, reflejan una situación preocupante de las familias venezolanas -y en especial de los niños y niñas- en su ingreso al país. Del total de 300 personas encuestadas, el 71% declara viajar con un niño, niña o adolescente y alrededor del 68% corresponde a niños y niñas menores de 9 años. Del total de niños y niñas, un 68% presentaría una interrupción de sus estudios formales, y se estima un promedio de rezago escolar de alrededor de un año, con una mayor pérdida de estudios en los menores de 15 años. En el caso de menores de 9 años, se estima en un 44% el porcentaje de niños y niñas que han perdido estudios. Asimismo, se da cuenta de diversos factores que afectan la seguridad y bienestar infantil y atentan seriamente contra su pleno desarrollo, tales como falta de recursos económicos, inseguridad alimentaria, ausencia de espacios donde dormir, la exposición a redes o bandas criminales y a situaciones de violencia, entre otras.
La actual Ley de Migraciones reconoce a niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. El interés superior del niño es uno de sus principios fundamentales. El Estado, de este modo, asume la obligación de asegurar la protección contra el tráfico y la explotación; la prioridad por la tramitación de reunificaciones familiares; o el acceso a la salud, la educación, la protección social y el otorgamiento de permisos de residencia temporal con independencia de su situación migratoria. Además, asegura que no serán objeto de sanciones como la privación de libertad o la expulsión, previstas para la población adulta por motivo de la migración.
La consideración del interés superior del niño como principio es destacable. Sin embargo, si asumimos la importancia de las condiciones de vida familiar como un piso básico para la protección, cuidado y crianza de niños, niñas y adolescentes el escenario de vuelve confuso o contradictorio.
Mientras se asegura a la niñez el ejercicio de derechos más allá de su situación migratoria, las familias que ingresan al país en forma irregular ven obstaculizadas las posibilidades de ejercer su rol. No poder postular a un trabajo formal, acceder a la protección social o a una vivienda, minan el ejercicio de sus responsabilidades de cuidado y crianza. Más aún, el temor a la expulsión puede actuar como un serio freno en el acceso de niños, niñas y adolescentes a prestaciones aseguradas por ley. Así, si bien formalmente se les asegura protección, en la práctica se generan condiciones que podrían aumentar su desprotección y vulnerabilidad.
Creemos que, en materia de migración e infancia, es necesario avanzar hacia un abordaje de la crisis migratoria desde la niñez y el cumplimiento de sus derechos: la articulación sistémica de acciones en que el bienestar y desarrollo infantil sea una base e indicador central para la provisión de medidas a nivel individual, familiar y socio-comunitario. Creemos que sólo así el interés superior del niño será debidamente encarnado.
En ningún caso el abordaje de la protección integral de derechos de la niñez migrante y refugiada implica desconocer las evidentes preocupaciones y demandas de las comunidades de acogida en materia de protección, seguridad o convivencia social. Sin duda, para avanzar hacia una migración ordenada, segura y regular requiere de procesos eficientes de control migratorio, así como la resolución oportuna de la situación migratoria en función de las particularidades de cada caso, o de condiciones que mitiguen los riesgos y vulnerabilidades que enfrentan las comunidades al encontrarse frente a flujos migratorios inéditos para los que nadie estaba preparado. Riesgos que no sólo podrían asociarse a la población migrante -alimentando discursos y prácticas discriminatorias y xenofóbicas- sino a la emergencia y desarrollo de diversas formas de abuso y de organización criminal que tienen a las familias migrantes como sus víctimas.
El enfoque de derechos de la niñez contribuye a abordar este fenómeno al reconocer a los niños y las niñas como sujetos de derecho, como grupo en condición de mayor vulnerabilidad y riesgo en tanto sujeto en desarrollo, y al Estado y la sociedad en su conjunto como responsables de la provisión de las condiciones requeridas para que puedan desarrollarse a su máximo nivel. Al mismo tiempo, situar a la niñez al centro de la preocupación tiene significativas implicancias sistémicas pues, dado que no podemos abordar el desarrollo infantil sin considerar a las familias y el entorno social en el que crecen, nos encontramos finalmente que una mejor sociedad para los niños y niñas es en definitiva una mejor sociedad para todos y todas.
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Sin duda, reconocer estas implicancias sistémicas obligan a fortalecer respuestas que involucren al conjunto de actores -públicos, privados, de la sociedad civil y de las propias comunidades- y desarrollar los instrumentos que contribuyan a su articulación efectiva, más allá de las buenas intenciones. Hay importantes avances en este sentido que es importante valorar y apoyar.
En su primera cuenta pública, el presidente Gabriel Boric, manifestó el compromiso del Estado de Chile en dar soluciones al fenómeno, invitando a actuar en conjunto a todos los países involucrados. Junto con afirmar que “la migración es parte de nuestra historia”, anunció la implementación de una política migratoria. Confiamos en que se avanzará en la incorporación de soluciones normativas y políticas que resguarden la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes y se avance en la resolución política de los conflictos y tensiones que emergen de la Ley de Migraciones. Y estaremos siempre dispuestos a contribuir para que ello sea así.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
