Columna de Carla Fica: Cuenta Pública 2023, el gobierno que registra mayores avances en la agenda de género

Por Carla Fica Chueca

05.06.2023 / 12:55

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La presidenta de la Corporación Mujeres Líderes para Chile valoró los avances que ha tenido el gobierno de Gabriel Boric en la agenda de género. Sin embargo, advirtió que “se tiende a desdibujar en las bajadas regionales, dejando fuera algo tan importante para el puerto de Valparaíso como lo es el ingreso de la nueva Ley de Pesca (…). Es la oportunidad de contar con una ley con enfoque de género. No olvidemos que nunca una ley de pesca ha abordado este tema”.


En la exposición, el presidente Gabriel Boric Font entrega un balance sobre sus 15 meses de Administración y fija metas para el resto de su periodo. Esta es su segunda Cuenta Pública, pero a diferencia de la anterior, donde solo habían pasado 3 meses de la instalación del gobierno, este año se enmarca con el peso de haber vivido ya dos elecciones en menos de 9 meses. En lenguaje político, las elecciones en estos contextos se suelen entender como un plebiscito al gobierno de turno, pero la política y en este caso los programas de gobierno no pueden volcarse a los resultados electorales, y esto el mandatario lo ha dicho fuerte y claro.

A 7 años de la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en el gobierno de Michelle Bachelet. Una de las reflexiones y desafíos más aplaudidos en esta Cuenta Pública, es cómo ha avanzado la agenda de género en materia de la promulgación de la Ley pago efectivo de pensiones de alimentos y la Ley de reparación integral de víctimas de femicidio. Del mismo modo, para este segundo año de gobierno se proyecta un aumento considerable en las medidas concretas y compromisos para las mujeres, como el impulsar proyectos de Ley sobre: Derecho a sala cuna, Red integrada de servicios e instituciones para que nadie más enfrente sola o solo la tarea de cuidar, Igualdad salarial, Rebaja en los precios de los anticonceptivos y, por último, velar por la transversalidad de las políticas de género en los organismos del estado.

Pero sin perjuicio de ello, existen tres grandes desafíos de cómo hacer la bajada de la agenda de género en regiones tan golpeadas como lo es la región de Valparaíso, la que no tan solo alberga más de 131 conflictos medio ambientales ligados al despojo hídrico, sino que existe una invisibilización sobre como esta problemática afecta directamente a las mujeres, niñas y personas menstruantes de esos territorios, tan solo porque existe una entrega desigual sin perspectiva de género del recurso hídrico.

En segundo lugar, la crisis habitacional que vive la región en donde más del 22% de esos hogares están liderados por mujeres, se contrapone paradójicamente con la falta de reconocimiento a las Cooperativas de Vivienda lideradas por mujeres, quienes conforman el primer proyecto habitacional feminista, con enfoque de género y cuidados en América Latina. Estas organizaciones buscan romper las estructuras institucionales, apoyan la liberación de las mujeres del patriarcado, potenciando la ocupación de espacios seguros en la ciudad y resolviendo la cotidianeidad en comunidad. La profundidad de esta demanda se traduce en el reconocimiento de las formas de habitar y modos de vida de las mujeres en la ciudad, algo que lejos esta de concretarse si las políticas habitacionales carecen de la perspectiva de género.

En tercer lugar, tras la pandemia y el retroceso de la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo, Valparaíso se convierte en la segunda región con más empleos informales del país. Llegando a una tasa de desocupación durante el trimestre móvil enero–marzo de 2023 de un 8,3%, de esta manera crece la informalidad laboral en donde son las mujeres las más afectadas, porque el mercado laboral en la región sigue estancado, ralentizándose en los últimos meses. Algunas de las razones a considerar de porque las mujeres prefieren la informalidad son: la flexibilidad horaria, cuidado de terceros y las labores domésticas.

Por eso nos llama poderosamente la atención que la secretaria regional ministerial del Trabajo y Previsión Social de la Región de Valparaíso engalane que la tasa de desocupación femenina en la región de Valparaíso alcanzó 9,0%, aumentando en 0,8 pp. en doce meses, debido al mayor ascenso registrado por la fuerza de trabajo femenina (5,1%), por sobre el aumento en las ocupadas (4,3%), lo que vería en las cifras entregadas por el INE como un avance positivo en la reactivación económica, y de la empleabilidad, en especial femenina; y que esto impulsaría a promover la apertura de más plazas de trabajo para las mujeres y que ellas puedan, no solo retornar a los espacios laborales que tenían previo a la pandemia, sino, encontrar nuevas fuentes laborales. Pero con eso sólo se agudiza la precarización del mercado laboral femenino, en donde se han creado 50 mil empleos donde casi 30 mil son empleos asalariados informales donde no se están pagando las cotizaciones de salud y vejez. La informalidad laboral es un síntoma preocupante de la economía.

La agenda de género desarrollada punto a punto por el mandatario en su segunda Cuenta Pública se tiende a desdibujar en las bajadas regionales, dejando fuera algo tan importante para el puerto de Valparaíso, como lo es el ingreso de la nueva Ley de Pesca, la que no tiene fecha segura de ingreso a la Cámara. Pero son las mujeres de la Corporación Nacional de la Pesca Artesanal las que piden poner agilidad en la tramitación de la ley con exhaustivo enfoque y perspectiva de género, esperando que esta se desarrolle de manera sostenible desde lo económico, social, cultural y ambiental. Pero, sobre todo, es la oportunidad de contar con una ley con enfoque de género. No olvidemos que nunca una ley de pesca ha abordado este tema.

Finalmente, el desafío está puesto en la región de Valparaíso. Esta no puede solo depender de las organizaciones sociales y feministas que levanten y trabajen iniciativas y proyectos con perspectiva de género, sino, que son las instituciones públicas y organismos del Estado quienes deben garantizar, velar y hacer cuerpo a las políticas que favorecen el avance hacia una vida digna y sin precarizaciones.