La investigadora asociada de Fundación Piensa destaca que, pese a las dificultades, marzo es un mes “particularmente valioso” que da para “reflexiones, publicaciones de estudios y recomendaciones de políticas públicas que nacen o se despiertan con la conmemoración del 8M, el Día Internacional de la Mujer”.
Se fue marzo, mes que marca el fin del verano y uno particularmente difícil en términos de gastos para la mayoría de las familias del país. Pero marzo deja algo que, a mí parecer, es particularmente valioso: las reflexiones, publicaciones de estudios y recomendaciones de políticas públicas que nacen o se despiertan con la conmemoración del 8M, el Día Internacional de la Mujer.
Este día nos recordó algunas cosas que son especialmente dolorosas, porque tanto las noticias como los periódicos, las radios y las redes sociales se llenaron de infografías y datos que evidencian las significativas brechas de género que persisten en nuestro país. Un ejemplo claro, y paradigmático, es la brecha salarial de ingresos, que por una serie de razones fluctúa en nuestro país entre un 20% y un 25%. Es decir, las mujeres ganan un salario que es entre un quinto y un cuarto menos que los hombres, en promedio.
En medios de prensa internacionales se hizo prácticamente viral el estudio de la premio Nobel de economía, Claudia Goldin, evidenciando cómo se amplía la brecha salarial y de trayectoria laboral entre hombres y mujeres tras el matrimonio y el nacimiento del primer hijo. Hombres y mujeres de las mismas capacidades, carreras y trayectorias.
A nivel empresarial, otras cifras que nos siguen decepcionando (a pesar de que mejoran de un año a otro) son la cantidad de empresas -dentro de las que reportan a la Comisión para el Mercado Financiero- que el año pasado no tenían mujeres en su directorio (39.1%) ni gerentas en la primera línea (34.5%). Las denominadas “Empresas cero”.
Otro dato preocupante es la tasa de natalidad, que sigue a la baja, ubicándonos al final de los países de la región, con una población de la tercera edad que crecerá en torno al 4% anual en la próxima década. Lo difícil que es para las mujeres participar del mercado laboral formal las obliga a elegir entre la maternidad y el trabajo tradicional.
Lo anterior se correlaciona de manera positiva con la alta participación de las mujeres en el emprendimiento. En este contexto, tenemos una de las mayores tasas de emprendimiento femenino, incluso a nivel global. Así, la cantidad de emprendedoras que también son madres lidera dentro de este rubro, aunque menos de un cuarto ha podido acceder a créditos bancarios.
Complementando, tristemente, los datos económicos, seguimos conociendo episodios de violencia de género, con femicidios consumados o frustrados y un sinnúmero de acontecimientos de otro tipo de violencia, de los que probablemente no nos enteramos.
Entonces, ¿por qué queremos que todos los meses sean como marzo?
Porque evidenciar este tipo de hechos que marcan injusticias diarias nos lleva a pensar cuáles son las causas y cuáles pueden ser las consecuencias de ir cerrando estas brechas. Es aquí donde comienzo a ver luces de esperanza, figuras políticas volviendo a poner temas de género al centro de la discusión, académicos aportando constructivamente, actores tanto de izquierdas como de derechas remando en la misma dirección.
En este sentido, avanzó -tímidamente- la tramitación del proyecto de ley de Sala Cuna Universal, que viene a corregir una ley que, si bien fue bien intencionada en sus orígenes, fomentó la informalidad laboral de las mujeres y limitó sus oportunidades. ¿Cuántas empresas en este país contratan probablemente hasta la mujer número 19 porque la 20 les significa eventualmente incurrir en un costo obligatorio que no pueden sostener?
La precariedad, vulnerabilidad y salarios más bajos que enfrentan las mujeres al intentar participar en igualdad de condiciones del mercado laboral son factores que las empujan hacia la informalidad. Cabe preguntarse, en este contexto, si las cifras de emprendimiento femenino son una razón para celebrar o son más bien un resultado ineficiente de las trabas que enfrentan las mujeres -y sobre todo las madres- a la hora de postular a un empleo.
En la instancia del 8M también salieron a relucir las estimaciones presentadas por la Comisión Marfán, que plasman una de las consecuencias más evidentes y beneficiosas para el país de fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Igualar la participación en la fuerza laboral a los niveles de la OCDE nos sumaría (por una vez) al PIB 1,8 puntos porcentuales. Esto, por ejemplo, implicaría cerrar la brecha entre hombres y mujeres en solo un cuarto de la participación laboral, es decir, un avance acotado. Y, además, aportaría a que el PIB per cápita crezca del orden de 1,2%, cifra que se compara con el crecimiento nulo de punta a punta de los últimos cinco años.
Los datos anteriores nos sugieren a gritos que el mercado laboral en Chile, y por ende las políticas públicas que lo regulan, no están hechos para las mujeres. Las chilenas están optando cada vez más por participar del trabajo formal, con sus rigideces, responsabilidades y dificultades que ello implica, postergando la maternidad. Así, la tasa de natalidad va a la baja y se ubica bajo 1,3 hijos por mujer, lo que conversa con una población que seguirá envejeciendo, nublando el futuro para el sistema de pensiones, entre otros efectos.
Gran parte de las brechas se generan por el rol de cuidados que la sociedad chilena le asigna casi en su totalidad a las mujeres, mientras que los hombres continúan siendo proveedores. Es así como la gran mayoría (95%) de las personas que no participan del mercado laboral por responsabilidades familiares permanentes son mujeres.
Para revertir parcialmente el sesgo con el que funciona la sociedad chilena, exministras y -posibles- candidatas presidenciales mencionaron la extensión del posnatal parental (exclusivo para los padres), disminuyendo la diferencia abismante que existe actualmente, que de todas maneras perpetúa la mayor responsabilidad que tienen las mujeres para con sus hijos. En la actualidad, el hombre tiene un permiso de posnatal de solo cinco días hábiles pagado por el empleador, lo que se compara con el de la mujer de aproximadamente seis meses pagado por la institución de salud que, en la mayoría de los casos (y de manera creciente), es el Estado. Si bien parte del postnatal de la madre se puede traspasar al padre, esto viene con un castigo y disminuye el tiempo total que pueden pasar los padres con el/la recién nacido/a.
Otra ley que claramente hace que las mujeres participen en desventaja del mercado laboral es el permiso que se otorga por enfermedad de un hijo menor de un año, exclusivo para las madres. ¿Por qué las madres debieran estar más capacitadas para acompañar a un hijo durante una enfermedad que los padres? ¿Por qué las mujeres, tras ausentarse siete meses por permisos de pre y posnatal de sus trabajos, tienen que seguir cargando con la responsabilidad exclusiva de la integridad y salud de sus hijos?
Más allá de si es justo o no, si son el salario principal del hogar o si viven con los padres de sus hijos, la decisión o capacidad de las mujeres de trabajar o no debe ser decisión de ellas. El panorama actual detracta a las mujeres de ocupar posiciones de poder y deja estos temas en una categoría de segunda importancia. En Chile, las mujeres son -casi- completamente responsables de los cuidados, lo que, junto con políticas públicas obsoletas, frena su desarrollo profesional, aporte a la economía y participación en la sociedad en igualdad de condiciones. Es así como vale la pena impulsar y apoyar políticas económicas que fomenten la participación del mercado laboral de las mujeres y la corresponsabilidad familiar, sin detractar o postergar la maternidad. Avances en esta materia traen beneficios significativos en materia de crecimiento económico, recaudación fiscal, educación y pobreza.