Columna de Cristóbal Guerrero: ¿Desvestir a un santo para vestir a otro?

La propuesta del Gobierno sobre salario mínimo —que busca aumentarlo progresivamente hasta llegar a $500.000 en julio de 2024— se negoció exclusivamente con la CUT y sin haber alcanzado un acuerdo con las pymes. Si bien la CUT tiene una representación sindical histórica en compañías medianas y grandes, en la práctica las pymes son las que sufren más directamente decisiones de esta naturaleza cuando no van acompañadas de políticas de ayuda de parte del Estado que permitan paliar los importantes efectos económicos que provocan.

En Chile, las mipymes conforman más de 98% de las empresas del país y, según fuentes del INE y del ministerio de Economía, concentran sobre 65% de los empleos formales, de modo que no considerarlas en el debate por el salario mínimo, resulta miope y altamente pernicioso solo considerando sus eventuales efectos en el empleo. Esta, no siendo la única consecuencia de la iniciativa de gobierno, resulta muy relevante, puesto que se trata de una política cuyo objetivo es mejorar la situación económica de los trabajadores más postergados del país, quienes son los más sensibles al descenso en los índices de empleo.

Hay que recordar que las pymes han sido golpeadas fuertemente por el contexto del pasado reciente -estallido social y pandemia- y, a la vez, son víctimas en la actualidad de una inflación que aún no se logra controlar.  Así las cosas, la estabilidad y continuidad de giro de un porcentaje relevante de ellas se encuentra en duda. 

En un escenario en el que, además, se deberá implementar la recién publicada “ley de las 40 horas”, que evidentemente impactará sobre las empresas de menor tamaño, y en el que se prevé un eventual aumento de cotizaciones previsionales a raíz de la necesaria reforma pensiones, la discusión sobre el aumento del salario mínimo -si bien se trata de un objetivo deseable y necesario para muchos compatriotas que no tienen un estándar de vida digno-, resulta artificiosa de no implementarse medidas que eviten mayores costos para las pymes. Esto tornaría inviables financieramente a un grupo relevante de ellas, lo que impactaría, a su vez, en sus colaboradores. No solo sufrirían los pequeños empresarios, sino justamente los trabajadores a los que se pretende apoyar con la medida.

Esta alerta ha sido levantada por diversas organizaciones gremiales que agrupan a las empresas de menor tamaño, las que piden, entre otras posibles medidas, un subsidio permanente en esta materia o la mantención de la tasa del 10% del impuesto a la renta para tal categoría de empresas. Se trata de solicitudes que, por todo lo expuesto, deben ser escuchadas y abordadas adecuada y urgentemente por el Gobierno.

Recientemente, el ministro de Economía recibió a estas agrupaciones en una reunión que fue catalogada como positiva por aquellas, oportunidad en la que se dieron un plazo acotado para intentar llegar a un acuerdo. Hay que alegrarse por esta buena señal, y es de esperar que prime la racionalidad y la disposición hacia un entendimiento. Se trata de alcanzar un consenso que permita que esta política se traduzca en un beneficio para los trabajadores y no en desvestir a un santo para vestir a otro.